El plan de Pedro Sánchez para cumplir con las directrices de la Unión Europea y evitar una mayor dependencia del gas ruso acaba de comenzar. A pesar de la oposición de las cinco Comunidades gobernadas por el Partido Popular y de las críticas de otras tres regiones, las medidas de ahorro energético han entrado en vigor sin que el Gobierno central haya mostrado voluntad alguna de modificación.
El objetivo del Gobierno de España es reducir un siete por ciento el consumo energético de todo el país, la mitad de lo marcado por la Comisión Europea para el resto de países de la eurozona gracias a la “excepción ibérica” que acordó el Ejecutivo hace unos meses. La aplicación del paquete de medidas ha generado una enorme polémica política y económica ya que desde algunos sectores se critica su falta de “consenso” e “improvisación”. La ley es de obligado cumplimiento, sin embargo, entre la ciudadanía y el pequeño empresariado crecen las dudas sobre cómo adaptarse a las normas y sobre las posibles sanciones.
¿A quién afectan las medidas?
En primer lugar, el Real Decreto estipula que los cambios atañen a las instituciones públicas y a las empresas. De esta forma, la norma general obliga a que todos los edificios públicos y todos los locales comerciales apaguen las luces de sus fachadas y de sus escaparates a partir de las 22.00 horas, siempre y cuando no haya actividad laboral en ellos y estén desocupados. Además, obliga a la limitación de la temperatura, que no podrá bajar de los 27 grados en verano ni subir de los 19 en invierno.
La luz tendrá que apagarse en todos los edificios de la administración pública, como aquellos que alberguen oficinas, sedes o espacios de uso público. Lo mismo deberá ocurrir con los locales comerciales que no estén abiertos al público como las tiendas, los supermercados o los grandes almacenes; también los espacios culturales como auditorios, teatros o cines; así como los edificios relativos al transporte como las estaciones de trenes, de autobuses o los aeropuertos.
Ajenos al interruptor quedan el alumbrado público de las calles y la iluminación de los monumentos, como es el caso de la Puerta de Alcalá o de la fuente de Cibeles, entre otros muchos ejemplos. Sobre la limitación de la temperatura, todos los espacios mencionados están obligados a velar para que no se baje de los 27 grados. Aunque hay excepciones.
¿Hay excepciones?
En primer lugar, el Real Decreto no obliga a los hogares su cumplimiento. Aparte del ámbito privado, existe una lista de negocios y de lugares en los que no será necesario limitar la temperatura ni aplicar el resto de imposiciones. Dentro de este grupo están los centros educativos (colegios, institutos o universidades), los centros sanitarios (centros de salud, centros de día u hospitales), las peluquerías, los gimnasios, las lavanderías, las habitaciones de hoteles (las zonas comunes no están exentas) y los medios de transporte (las estaciones y aeropuertos tampoco están exentos); además, tampoco están obligados a cumplir las nuevas normas aquellos comercios donde las condiciones laborales lo impidan, como en las cocinas de bares y restaurantes, donde la temperatura puede llegar a superar los 30 grados por el tipo de actividad en sí mismo.
¿Cuáles son las sanciones?
Pese a que el decreto no menciona las sanciones directamente sí apunta que se aplicará lo establecido en el Reglamento de Instalaciones Térmicas en los Edificios (RITE), dispuestas a su vez los artículos 30 a 38 de la Ley 21/1992, de 16 de julio, de Industria, sobre infracciones administrativas. Con esto, se establecen multas de hasta 60.000 euros para las infracciones leves, un máximo de seis millones para las graves y de 100 millones para las muy graves. 
A pesar de la magnitud de estas cifras, desde el Ministerio de Transición Ecológica que dirige la ministra Teresa Ribera el régimen sancionador seguirá criterios de proporcionalidad, ya que, no existe una voluntad recaudatoria. Es decir, la mayoría de los incumplimientos serán catalogados como sanciones leves porque la graves y muy graves implican que se produzcan daños hacia las personas, medio ambiente o haya conductas que pongan en riesgo la seguridad. Así, resulta muy improbable que lleguen a aplicarse este tipo de sanciones.
Los cinco gobiernos autonómicos del PP, en contra
Las cinco Comunidades Autónomas gobernadas por el Partido Popular han mostrado su rechazo absoluto al paquete de medidas. Sobresale en esta oposición la postura de la Comunidad de Madrid, que ha anunciado un recurso al Tribunal Constitucional por invasión de competencias. En líneas generales, los argumentos que sostienen los populares discurren por la falta de consenso entre el empresariado y por la posible inefectividad de las medidas, ya que consideran que será muy difícil controlar a los incumplidores. Aparte, se encuentra el argumento que emana desde el Gobierno de la Comunidad de Madrid y de su presidenta, Isabel Díaz Ayuso, quién equipara el apagado de luces con una pérdida de libertad que impactará de forma negativa al turismo de la región.
En cuanto a Andalucía, el presidente de la Junta, Juanma Moreno, ha pedido al Ejecutivo central que deje sin efecto el paquete de medidas y pide un mayor diálogo para alcanzar un consenso sobre el margen de maniobra de las autonomías. En Galicia, el discurso es parecido e insiste su Gobierno en la desconfianza sobre la efectividad de las medidas. "No parece razonable que en estos momentos estemos abriendo un debate sobre uso o no de corbatas y encendido o no de escaparates", dijo el vicepresidente gallego, Francisco Conde.
En Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco se ha limitado a posicionarse junto al resto de su partido, sin aportar argumentos o críticas diferentes. De manera dispar se está comportando su socio de Gobierno, Vox, que ya planea una Proposición de Ley para derogar el Real Decreto, una acción que recuerda al recurso de Isabel Díaz Ayuso al Tribunal Constitucional.
Por su parte, el Gobierno de Murcia tampoco ha expresado ideas o críticas diferentes a la del resto de la formación popular. De hecho, el presidente Fernando López Miras ha insistido en el mismo punto que Alberto Núñez Feijóo, en la necesidad de convocar una nueva Conferencia de Presidentes autonómicos para llegar a un acuerdo y modificar el paquete de medidas.
Cataluña, Cantabria y Aragón, críticas con el plan
En el Gobierno catalán coinciden en esta ocasión con los populares y han criticado las “lagunas” del Real Decreto. De hecho, alegan que las reuniones celebradas hasta ahora no han servido para resolver las “dudas generadas” y que no hubo voluntad alguna de escucha por parte del Gobierno central. Además, afearon la “falta de consenso y las formas precipitadas”.
En un sentido también crítico, aunque no tan marcado, se ha expresado Cantabria. Según el consejero de Industria, Javier López, es necesario modificar el código sancionador del Reglamento de Instalaciones Térmicas en Edificios (RITE), al que el real decreto se remite a la hora de penalizar a las empresas, ya que “sería lesivo para las pymes”. Al igual que estas comunidades, el Gobierno aragonés, aunque está a favor de poner en marcha el decreto y aplicarlo en su región, incide en la necesidad de ayudas especiales con fondos europeos para la adaptación de los establecimientos.
Nueve regiones, a favor
Algunas otras comunidades sí han mostrado su apoyo al decreto de Pedro Sánchez. El consejero de Desarrollo Económico y Empresarial de Navarra, Mikel Irujo, dio su visto bueno a las medidas. Además, propuso la creación de un Foro Industrial de Eficiencia Energética con el que el sector pueda compartir información y contribuya a una "mayor agilización en la transposición de normativa europea, que está creando algunas lagunas legales".
La Junta de Extremadura, de su lado, cree que debe cumplirse el plan de ahorro y hacerlo, además, “evitando un enfoque territorial fragmentado", al tiempo que solicita que se aceleren los concurso de nuevos puntos de conexión para aprovechar el potencial en energías renovables”.
En la Comunidad Valenciana consideran que estas medidas supondrán “un ahorro energético del siete por ciento, algo que"no es una norma coercitiva” sino que es “flexible y ayudará aconcienciar a la ciudadanía sobre la importancia de la eficiencia energética en un contexto como el actual marcado por la guerra de Ucrania”.
El vicepresidente de Baleares, Juan Pedro Yllanes, se ha mostrado a favor y, además, en el caso de su isla considera que no les perjudicará en el turismo porque sobre todo proviene de países europeos que ya están concienciados con la emergencia climática. Por ello, no entiende la negativa de Madrid a apagar los escaparates de los establecimientos y considera que tendrán un “serio problema de alumbrado público” si cuando se apaguen los escaparates de la Gran Vía “no se puede otorgar seguridad.
En Canarias también amparan este decreto que entienden que ayuda “para tratar de superar el problema energético derivado de la invasión de Ucrania” y censuran las actitudes “demagógas” ante los que son críticos al decreto, como en el caso del Gobierno autonómico. Lo mismo piensa el consejero de Desarrollo Sostenible de Castilla y La Mancha, José Luis Escudero, con el objetivo de apoyar a “los socios europeos”. Para esta Comunidad se tratan de unas medidas "sensatas" que "no ponen en jaque ni a la empresa ni a la seguridad ciudadana".
En Asturias, su Gobierno defiende que se aplique este decreto que vaticinan que supondrá un "pequeño esfuerzo" para evitar "restricciones draconianas más adelante" y niegan que se vaya a "criminalizar o perseguir" a los incumplidores, porque lo realmente importante es "que toda la ciudadanía se convenza de que hay que empezar a ahorrar energía”.
Finalmente, el Ejecutivo de La Rioja considera el plan de ahorro energético como "una medida necesaria cuyo cumplimiento es beneficioso" y “un ejercicio de responsabilidad en un contexto internacional marcado por la guerra de Putin".
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