La Comunidad de Madrid prevé presentar en el último trimestre de este año la nueva estrategia de residuos de la región que sustituirá al plan anterior, caducado desde hace dos años. Este retraso, además, ha provocado un toque de la Unión Europea.
El pasado mes de junio, la Comisión Europea decidió llevar a España ante el Tribunal de Justicia de la UE por no revisar sus planes de gestión de residuos conforme al marco europeo en cuatro comunidades autónomas, Madrid entre ellas. Antes de eso, la Comisión instó a España a cumplir sus obligaciones con una carta de emplazamiento en noviembre de 2016 y un dictamen en julio del año siguiente. Pero poco efecto tuvieron ambas cosas.
A día de hoy, la Comunidad sigue sin tener un Plan Estratégico de residuos adaptado al marco normativo europeo, puesto que el vigente es el 2010-2016 que, como bien indica esa fecha, caducaba hace dos años. Eso sí, parece que el escenario va a cambiar, aunque quizás sea demasiado tarde para evitar la multa.
Según ha podido saber Madridiario, el Gobierno de Ángel Garrido está ultimando el nuevo plan, que servirá hasta 2024, y prevé presentarlo antes de fin de año, una fecha que ha pillado por sorpresa a la oposición.
El diputado socialista Rafael Gómez Montoya ha criticado en una conversación con este diario, no tener "noción" de cuándo se presentará y ha señalado que el Ejecutivo ha ido, durante estos casi dos años, "a remolque".
Más impuestos... del Gobierno e información a mansalva
El texto, al que ha tenido acceso este digital y que cuenta con un presupuesto de 365.900.610 euros, busca una nueva política circular de gestión de los residuos -donde estos se conviertan en un recurso en vez de un problema- que, además, sea accesible para los ciudadanos. Para facilitar este camino, el Gobierno prevé eliminar criterios y medidas "obsoletas", minimizar los costes regulatorios para administraciones y empresas e incorporar nuevas herramientas para promover la gestión sostenible.
En este sentido, se crean varias líneas básicas. En primer lugar, la fiscalidad. Según reconoce el documento, el control de los impuestos es un arma poderosa para aplicar el principio de 'quien contamina, paga', y con ese filón, la Comunidad quiere proponer al Gobierno de España que haga obligatoria una tasa de residuos para las entidades locales que garantice la cobertura total de los servicios de recogida, tratamiento y eliminación de residuos, coste que deberá ser público y transparente.
También en materia fiscal, el documento pide garantizar un régimen homogéneo en el conjunto del territorio que logre eliminar los traslados innecesarios de residuos y establecer, además, unos tipos "realmente desincentivadores del vertido, progresivos en el tiempo y de carácter finalista". De igual forma, el texto ve necesario "valorar" el fin de la exención del pago del impuesto sobre el depósito de residuos no peligrosos a los ayuntamientos una vez tengan instalaciones de tratamiento, que podrán cofinanciarse con ayudas regionales.
Para cumplir con los objetivos antes detallados, la Estrategia también contempla la creación de un fondo de gestión de residuos que contribuya a la financiación de las operaciones de gestión de éstos. El mismo se integrará de forma diferenciada en el presupuesto de la Consejería de Medio Ambiente.
Además, otro de los brazos de la propuesta es la comunicación. La Comunidad sabe del importante papel que juega y quiere construir a través de ella un sentido de pertenencia, "un lazo emocional entre el objetivo a alcanzar y las actitudes de cada uno de los individuos convocados a cambiar sus hábitos". Para ello, Madrid desarrollará diferentes acciones como campañas para el público general, jornadas de difusión y concienciación o la recopilación y la difusión de información sobre infraestructuras y servicios de la economía circular.
Asimismo, la Administración regional prevé participar en la financiación de las infraestructuras de gestión necesarias. En este punto, el Gobierno señala que para elaborar esta estrategia se ha reunido en varias ocasiones con representantes de las tres Mancomunidades y con el Ayuntamiento de Madrid, al igual que con las entidades locales para realizar la Evaluación Ambiental de la Estrategia.
Más de 60 páginas de alegaciones
Por su parte, la otra fuente de críticas al Plan es Equo, a través del diputado Alejandro Sánchez, perteneciente al Grupo Parlamentario de Podemos. La formación verde ha presentado un documento con 65 páginas de alegaciones, entre las que destaca aquella que señala que los instrumentos fiscales propuestos no se clarifican las consecuencias de los mismos y que la voluntad sigue recayendo en las entidades municipales. Además, también argumentan que la Comunidad incumple su propia Normativa al no hacer la evaluación y revisión de la estrategia anterior de Residuos.
Además, Sánchez ha criticado a través de artículos de opinión el documento contado antes por ser "continuista e ineficaz". "Llevamos al vertedero el 73 por ciento de los residuos cuando dentro de dos años no se puede superar el 50. El PP apuesta por un modelo basado en la instalación de unas pocas macroplantas de tratamiento, de las que anuncian que podrán sufragar solo el 50%, abocando a las mancomunidades a buscar una gran empresa constructora que ponga el resto que ellas no tienen a cambio de la gestión", afirma.
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