Nueve activistas de Greenpeace han quedado en libertad con cargos después de permanecer detenidos durante más de 24 horas por desplegar este viernes una pancarta en el Arco de Moncloa, en Madrid, para reclamar el cumplimiento del calendario de cierre de la central nuclear de Almaraz, en Cáceres.
La protesta se produjo después de que el Consejo de Seguridad Nuclear emitiera un informe favorable, sujeto a determinadas condiciones, para prolongar hasta 2030 la autorización de explotación de la planta. La decisión definitiva corresponde ahora al Gobierno.
Ante esta situación, los activistas accedieron al Arco de Moncloa y mostraron una pancarta dirigida al presidente del Ejecutivo, Pedro Sánchez, en la que exigían mantener el calendario previsto para el cierre de las centrales nucleares.
La acción terminó con la detención de los nueve participantes, que permanecieron bajo custodia policial durante más de un día antes de ser puestos a disposición judicial y quedar en libertad con cargos, según ha informado Greenpeace.
La directora ejecutiva de Greenpeace España y Portugal, Eva Saldaña, ha calificado la actuación policial y judicial de «desproporcionada» y ha denunciado que supone una "represión injustificada contra el activismo climático".
Saldaña ha criticado tanto la duración de las detenciones como la imputación de cargos contra los participantes en una protesta que la organización define como pacífica.
Greenpeace ha defendido que este tipo de acciones "no son un delito, sino un derecho fundamental y una herramienta democrática" y ha asegurado que las actuaciones judiciales no frenarán sus reivindicaciones.
La organización ecologista ha reiterado que continuará reclamando una transición energética "urgente, justa y sin las hipotecas económicas y ambientales de la energía nuclear".
Asimismo, ha recordado que los tribunales han absuelto a activistas en otros procedimientos similares, como el relacionado con una protesta en el edificio del Cercle de Barcelona, donde se reconoció la legitimidad de las movilizaciones para exigir una recuperación verde y justa.
No obstante, Greenpeace ha denunciado que continúa existiendo una "persecución sistémica" contra quienes protestan de manera pacífica ante la falta de acción política y las presiones del sector energético.
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