Era la primera vez que la Comunidad de Madrid tenía que gestionar el botín de la equis solidaria de la declaración de la renta y el reparto ha sido más bien polémico. El Ejecutivo se enfrenta a todo el Tercer Sector, que ha puesto el grito en el cielo después de que centenares de proyectos se hayan visto súbitamente interrumpidos por un cambio en la metodología seguida para repartir estas ayudas. Las asociaciones dicen que 200 personas se han quedado sin trabajo y que hay miles de usuarios afectados. El Gobierno madrileño aprueba este martes el primer paso para suministrar una inyección de efectivo extraordinaria que salve todo lo que se ha quedado en el limbo. Aunque el golpe político, con el consejero responsable reprobado, ya está lanzado.
Las alarmas atronaron en diciembre. Por primera vez, y fruto de una sentencia del Tribunal Constitucional, las comunidades autónomas se tenían que hacer cargo de repartir el 80 por ciento de la equis solidaria, el 0,7 por ciento del IRPF recaudado para actividades de interés social. A mediados de ese mes, en la Asamblea de Madrid, el consejero de Políticas Sociales y Familia, Carlos Izquierdo, reconocía que se estaban encontrando con "problemas": el Estado les acababa de hacer la transferencia y tenían que "ordenar" el sistema para repartir los fondos. En plata, que las asociaciones madrileñas que desarrollaban proyectos denominados de continuidad -pisos de acogida, por ejemplo- no tendrían ni un euro hasta enero y les tocaba romper la hucha.
Desde entonces hasta nuestros días, la situación ha avanzado poco. Dos meses después de aquellas explicaciones, hoy solo han recibido financiación 352 de los 1.271 proyectos presentados ante la ventanilla, ahora, regional. La Plataforma del Tercer Sector de la Comunidad de Madrid, asegura, sin embargo, que son más los que se han quedado fuera de la convocatoria: cuatro de cada cinco. Ahora, las organizaciones están pendientes de que la Comunidad apruebe por la vía de urgencia un presupuesto extra y evite crear un inaudito problema social. "A nosotras se nos debe dinero", afeó recientemente en el Parlamento madrileño a los diputados Encarnacion Pampanas, responsable de esta agrupación que aúna las voces de 722 entidades.
Este martes, el Consejo de Gobierno da luz verde previsiblemente a las normas que regularán este reparto extra de ayudas, el primer paso para inyectar el dinero que esperan entidades dedidcadas por ejemplo a asistir a niños con cáncer, a gestionar hogares para personas con VIH o a pagar la acusación particular en el juicio por el ataque de Hogar Social a la mezquita de la M-30. Esta segunda remesa no correrá, según fuentes regionales, a cargo de la casilla solidaria, porque ya se ha agotado, sino que deberá detraerse de algún cajón de los Presupuestos. Pero, más allá de eso, aún no se ha concretado ni cuándo -lo "antes posible"- ni cuánto -lo "suficiente"- será.
Reprobación y precampaña
La polémica ha dado gasolina a los partidos de la oposición, que calientan motores ante una precampaña que asoma ya su sombra. Hace unos días, Carlos Izquierdo se convirtió en el segundo consejero reprobado de la 'era Cifuentes' y el ariete fue, además de unas controvertidas declaraciones, el 0,7.
"Lo que ha pasado es que la Comunidad no ha sabido gestionar la mayor línea de subvenciones por el IRPF que ha tenido en su historia: 26 millones de euros. En vez de replicar lo que se venía haciendo en el Gobierno y lo que han hecho otras comunidades, ha optado por una forma de gestión que ha dejado fuera proyectos de más de 20 años", asegura a Madridiario Daniel Méndez, presidente de la Red Española de Inmigración y Ayuda al Refugiado. Según sus cifras, 170 personas que trabajaban en algunos de los planes que no han pasado la criba están ya en la calle y hay "miles" de usuarios afectados de entre los alrededor de 800.000 madrileños que beben de un modo u otro de algún capilar del Tercer Sector.
Para Muñoz, el cambio principal en la metodología ha estado en la "falta de reformulación", un trámite que da la oportunidad a las oenegés de presentar una propuesta alternativa al proyecto inicial ajustada al dinero que la administración está dispuesta a concederle y así evitar que una sola entidad se quede con todo el botín. "Pero, esta vez, si pedías 100.000 euros, te daban los 100.000 -continúa-. Por eso, hay áreas como las del Alzhéimer en las que dos asociaciones se han llevado lo que antes gestionaban 14". "Hay entidades que se han tenido que conformar con 1.000 euros, algo ridículo", agrega.
El expediente Tragsa: Izquierdo comparecerá en la Asamblea
La polémica por la asignación de los fondos del 0,7 por ciento del IRPF incluye una segunda vertiente, esta algo más política. La oposición ha mostrado sus dudas sobre el sujeto elegido para decidir los agraciados por el reparto: Tragsa, un 'holding' empresarial presidido por la exministra de José María Aznar, Elvira Rodríguez.
Este conglomerado se hizo cargo de analizar los proyectos candidatos a través de una vía rápida y privilegiada, una encomienda de gestión. Según explicó este lunes el consejero Carlos Izquierdo en una comparecencia ante la comisión del ramo de la Asamblea de Madrid, no había alternativa: los trabajadores de la Consejería no podían asumir el trabajo, no había 40 técnicos superiores y auxiliares disponibles en la bolsa de empleo que pudieran ser contratados como interinos y tampoco hubiera sido posible encargarle la tarea a una tercera empresa con tanta premura. "Tragsa es más grande que la mayoría de las administraciones públicas en España. De otra manera, no hubiera podido revisarse este gran volumen de expedientes", aseguró.
Sin embargo, ni PSOE, ni Podemos, ni Ciudadanos (Cs), que se coaligaron para reprobarle, le dan a Izquierdo un respiro. El diputado 'naranja', Alberto Reyero pidió en la comisión "explicaciones" por la falta de "transparencia" de la designación de Tragsa y ha denunciado que esta empresa podría haber "subcontratado" el servicio, lo que implicaría la transferencia de datos personales. Mientras el parlamentario 'morado' Emilio Delgado calificó el proceso de "desastre sin paliativos", la parlamentaria socialista Josefa Navarro le recriminó este lunes que no se haya valorado "la continuidad de los proyectos".
En su turno de réplica, Izquierdo, aseguró que no tienen "constancia" de subcontrataciones y, antes de anunciar que pedirá comparecer en la Asamblea para dar más detalles, volvió a defender que el procedimiento ha sido "garantista y fiable".
Por concurrencia competitiva
La Comunidad, sin embargo, defiende su modelo. Fuentes de la Consejería explican a este digital que para repartir esos 26 millones se ha optado por el proceso de concurrencia competitiva. La opción era la más "técnica y transparente" y ha permitido el acceso de otras entidades a esta bolsa. Sin embargo, en la Comunidad asumen el "compromiso" expresado en las reuniones con las asociaciones para no cerrar el grifo de las ayudas a ninguno de los proyectos que recibieron dinero de la casilla solidaria en la anterior convocatoria, la de 2016.
Ahora bien, pese al diálogo, el Tercer Sector sigue viendo con "gran desconfianza" las decisiones que salen del despacho de Izquierdo, afirma Javier Font, presidente de Famma, una de las más afectadas. "Ahora vamos a tener que ejecutar el gasto por adelantado para que luego se pueda cubrir toda la subvención", indica.
Precisamente, a la espera de lo que se apruebe, la letra pequeña de este rescate es toda una incertidumbre. Las asociaciones quieren que esta financiación extra tenga un año efectivo de ejecución y, lo que es casi más importante, que no sea un "parche", es decir, que este crédito compute para presentar proyectos de continuidad en la próxima remesa. Porque, si no, las organizaciones ya anuncian que el año que viene se volverán a quedar fuera cientos de usuarios y trabajadores. "Si no hay cambios, volverá a pasar lo mismo: o bien los de los proyectos que sobredimensionados ahora con el IRPF o de los que otra vez no se aprueben", advierte Méndez.
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