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Tribunal Superior de Justicia.
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Tribunal Superior de Justicia. (Foto: Carlos Maisanaba Romero)

El Gobierno recurre el aumento de sueldo en la Justicia

viernes 16 de febrero de 2018, 11:56h

El Gobierno central ha recurrido la subida salarial para trabajadores de Justicia acordada por la Comunidad de Madrid el pasado julio. Este acuerdo supone un aumento progresivo del salario en 120 euros y la reducción de la jornada laboral a las cinco horas y media durante los meses de julio a septiembre.

El Gobierno central ha interpuesto un recurso contencioso-administrativo contra el acuerdo de subida salarial para los funcionarios de la administración de Justicia en la Comunidad de Madrid, al entender que es contrario a la Ley de Presupuestos Generales del Estado.

El citado acuerdo contempla una subida retributiva de 120 euros mensuales que se aplicaría gradualmente entre los ejercicios 2017 (45 euros), 2018 (90 euros) y 2019, cuando se llegaría a esa cantidad de 120 euros. La medida se extiende a 6.784 trabajadores funcionarios de la administración de Justicia.

La Delegación de Gobierno en Madrid, a través de la Abogacía del Estado, ha procedido a interponer un recurso el pasado 29 de enero contra este acuerdo, tras el rechazo del Gobierno regional al requerimiento formulado para "anular" dicho acuerdo que contempla un incremento salarial que, a juicio de la administración central, excede las disposiciones que recoge los Presupuestos Generales del Estado de 2017.

Fuentes del departamento que dirige Concepción Dancausa han explicado que, a raíz del acuerdo entre la Comunidad y los sindicatos con representación en el sector de la administración de Justicia del pasado 1 de agosto, se requirió un informe sobre el mismo el 9 de agosto a Vicepresidencia del Gobierno, órgano del que depende Delegación.

Aumentos de un uno por ciento

Desde Vicepresidencia se remitió la cuestión al Ministerio de Hacienda y Función Pública. Así, la Dirección General de Costes de Personal y Pensiones Públicas elaboró un escrito donde concluía que los incrementos salariales contemplados en dicho acuerdo superaba lo establecido en la Ley de Presupuestos Generales, que fija un tope de aumento salarial del 1 por ciento.

En consecuencia y en base a ese informe, se formuló un requerimiento a la Comunidad de Madrid para anular ese acuerdo, planteamiento que fue rechazado por el Gobierno regional el 29 de noviembre de 2017.

Ante esta negativa, Delegación volvió a contactar con el Ministerio de Hacienda, que recalcó de nuevo que el acuerdo autonómico era contrario a dicha Ley de Presupuestos Generales. Tras ello, se encargó a Abogacía del Estado para que interpusiera un recurso contencioso-administrativo, que fue registrado a finales de enero.

Fuentes de Delegación exponen que frente a lo que manifiestan algunos sindicatos y portavoces políticos que les acusan de aplicar una "doble vara de medir" entre administraciones, esta actuación ilustra que la actuación del departamento que dirige Dancausa se sustenta únicamente en "velar por el incumplimiento de la ley en todos los casos", con "independencia del color político" de la administración.

Al respecto, las mismas fuentes recuerdan que Delegación de Gobierno ha interpuesto 50 requerimientos a diversas administraciones.

Cifuentes aseguró que defendería el acuerdo

Ayer en en el Pleno de la Asamblea de Madrid, la presidenta regional, Cristina Cifuentes, aseguró que van a defender "todos los acuerdos" que han firmado con los trabajadores "en todos los lugares, donde sea necesario", recurriendo incluso a "la vía contencioso-admninistrativo".

"En Madrid el número de empleados públicos desde 2010 ha crecido un 4,7 por ciento y ya tenemos 7.211 trabajadores más. Desde que yo gobierno el empleo público ha crecido casi un 7 por ciento", defendió durante una pregunta formulada por el portavoz del PSOE en la cámara regional, Ángel Gabilondo.

Cifuentes reconoció que en los últimos años se han pasado "momentos muy complicados" y ha habido que asumir "muchos sacrificios", en parte porque el Gobierno del PSOE "causó la mayor recesión de la historia". "Ustedes han protagonizado el mayor recorte de derechos sufridos por los trabajadores públicos en la historia de España", ha espetado.

Los sindicatos se movilizan

Por su parte la Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF) ha exigido a la Comunidad de Madrid que defienda "sin titubeos" el acuerdo sectorial de Justicia, que incluía "la devolución de muchos de los derechos arrebatados a los funcionarios", y se persone en el procedimiento judicial abierto por un recurso contencioso-administrativo del Gobierno central.

CSIF sostiene que la viceconsejera les trasladó su compromiso inequívoco de defender a "capa y espada" el acuerdo sectorial, que fue publicado en el Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid (BOCM) de 4 de agosto de 2017, anticipando la intención del Gobierno de la Comunidad de Madrid de llegar a la "instancia que haga falta para mantener la vigencia y legalidad del incremento económico pactado".

Díaz Ayuso, siempre según el sindicato, insistió en el compromiso adquirido por la presidenta, Cristina Cifuentes, que es "la primera interesada en el cumplimiento de un pacto que calificó de histórico, justo y necesario para el reconocimiento de la labor que desarrollan los funcionarios de la Administración de Justicia de la Comunidad de Madrid".

En esta línea, insisten en que es "ahora" cuando se tiene que demostrar "la voluntad de cumplimiento del acuerdo" que expresó la presidenta de la Comunidad de Madrid, Cristina Cifuentes, en la firma del acuerdo, garantizando que, "a diferencia del acuerdo de 2009, éste sí se va a cumplir".

También se habría mostrado "partidaria de alcanzar una estrategia conjunta con los sindicatos firmantes del acuerdo, a fin de evitar que la desunión haga perder fuerza en la defensa de la legalidad del acuerdo".

"Desde CSIF no vamos a permitir que se anulen acuerdos que mejoran nuestras condiciones laborales tras años de recortes y que vienen a reconocer el esfuerzo y dedicación del personal de justicia", han comunicado.

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