Ahora Madrid, PSOE y Ciudadanos han aprobado con sus votos el dictamen de la comisión de investigación sobre la situación económico-financiera de la empresa Madrid Calle 30 y su incidencia sobre las cuentas del Ayuntamiento de la capital, mientras que el PP ha votado en contra.

En este dictamen se recomienda su remunicipalización, se determina que las obras fueron "totalmente ilegales" y señalan al gobierno de Alberto Ruiz-Gallardón de ser el "responsable directo de un modelo de gestión ruinoso para la ciudad de Madrid" y de una tramitación plagada de "irregularidades".

Sin evaluación ambiental

La ilegalidad de las obras reside en que juzgados de todas las instancias han hecho patente la ausencia de la obligatoria evaluación de impacto ambiental, algo "totalmente intencionado para acelerar los plazos y poder inaugurar los distintos tramos de obra antes de la celebración de las elecciones del año 2007".

Además el estudio de impacto ambiental "podía suponer la alteración de los proyectos e incluso la negativa a ejecutar alguno de ellos", recogen las conclusiones, junto con la "falta de transparencia en todas las fases de creación de la sociedad, transformación en empresa mixta, tramitación de las obras, ejecución de las mismas y adjudicación y control del contrato de mantenimiento", algo "totalmente intencionado para evitar que la ciudadanía pudiera acceder a los documentos reales y pudiese así auditar y controlar la actuación que se estaba llevando a cabo".

Las conclusiones consensúan que "existen responsabilidades políticas directas por la toma de decisiones que han afectado social, medioambiental y económicamente a toda la ciudad de Madrid" siendo el equipo de Ruiz-Gallardón "responsable directo de un modelo de gestión ruinoso para la ciudad de Madrid, una tramitación de los proyectos y gestión administrativa de los mismos lleno de irregularidades y un contrato de mantenimiento sin mecanismos de control y en el que, las mejoras que llevaron a ser adjudicataria a la sociedad EMESA no eran controladas ni supervisadas".

"Intento de ocultar la deuda"

La elección del modelo de gestión de la sociedad "respondió únicamente al intento de ocultar la deuda producida por las obras y el posterior mantenimiento bajo una sociedad anónima", recogen las conclusiones. A lo que añaden que el modelo de gestión de la sociedad es "totalmente ruinoso para las arcas municipales al garantizar el beneficio de las empresas privadas adjudicatarias de un contrato blindado hasta el año 2025 y prorrogado hasta el año 2040".

Esto se suma que las certificaciones de obra "no siguieron una tramitación transparente ni rigurosa existiendo numerosas anomalías cuando no irregularidades en su emisión y abono". La tramitación de algunos proyectos complementarios fue irregular al concentrar en alguno de ellos las instalaciones de otros proyectos distintos al que complementa.

El texto consensuado apunta que "se buscaba una mayor financiación para la obra" y que "la celeridad en la finalización de las obras, la falta de tramitación de la evaluación de impacto ambiental y los constantes cambios en los proyectos por la falta de concreción y estudio de los proyectos originales supusieron un grave perjuicio para la situación económica del Ayuntamiento".

Accidente en octubre

"Primaba el plazo de finalización previo a las elecciones municipales al interés general por la correcta ejecución y correcto control económico de la obra", remachan. En la conclusiones se incluye que la configuración interna de la sociedad, en la que el director gerente es designado por el socio privado y en la que todas personas que han ocupado dicho cargo están íntimamente ligados laboralmente a Ferrovial, "evidencia un conflicto de intereses" ya que Madrid Calle 30 es la encargada de supervisar el cumplimiento del contrato de EMESA, el socio privado, participada por Ferrovial y el grupo ACS.

Otra indicación aborda la "falta de transparencia de EMESA en la gestión y explotación de la infraestructura", que queda acreditada por "ocultación de datos" previa al accidente mortal de octubre de 2012 ya que el sistema de extinción de incendios estaba desconectado y la sociedad Madrid Calle 30 y el responsable de seguridad de los túneles no fueron informados de ello.

El contrato de mantenimiento modificado en el año 2007 no responde además a "necesidades reales de la infraestructura, no contiene la documentación necesaria para su supervisión, el gasto establecido es superior al realmente justificado en los documentos e incluye una financiación encubierta adicional para la sociedad privada buscando la ampliación de su margen de beneficio de explotación".

Errores en los modelos

Las conclusiones destacan que los modelos económico-financieros del contrato tienen "numerosos errores", enlazado a que "numerosas decisiones tomadas para financiar la sociedad, partiendo del modelo de gestión elegido, han ido contra los intereses generales de la ciudad de Madrid y en favor de los intereses de las entidades privadas que conformaron EMESA y de las entidades financieras que otorgaron los créditos".

En cuanto a la auditoría se recoge que los tramos a auditar eran notificados a EMESA con suficiente antelación para garantizar que los tramos se adecuaran a los requisitos que recogía la evaluación, como se ha acreditado con los correos electrónicos y con el testimonio de trabajadores del socio privado, quienes aseguraron recibir indicaciones de trabajos a realizar.

Las conclusiones señalan que las obras fueron inauguradas con "importantes carencias y deficiencias, que quedaron acreditadas con las numerosas inundaciones sufridas en el túnel, el grado de deterioro acelerado del túnel y la falta de programas automáticos de control de la ventilación en caso de incendio".

Nueve recomendaciones

En total, son nueve las recomendaciones que hace, que deberán ser asumidas por el equipo de Gobierno responsabilizándose los grupos municipales del control de su cumplimiento. La primera es revertir el modelo de gestión de la sociedad volviendo al modelo original de empresa cien por cien municipal garantizando un minucioso control sobre el mantenimiento y la explotación de la infraestructura.

A tal efecto, la sociedad Madrid Calle 30 y sus socios privados deberían analizar con el Ayuntamiento las posibles alternativas que mejor se adecuen al interés general y minimicen los costes al erario público municipal y, consecuentemente, a los ciudadanos.

La segunda recomendación pasa por iniciar la tramitación de un nuevo pliego de prescripciones técnicas y administrativas para la licitación del nuevo contrato de conservación de la infraestructura que garantice los mecanismos de control y supervisión adecuada, así como una auditoría rigurosa centrada en el grado de cumplimiento del contrato.

Las recomendaciones señalan también la subrogación del personal de atención a incidencias y emergencias puesto que suponen una parte fundamental de la correcta explotación de la infraestructura, además de dotarles de la calificación como servicio de emergencias y asegurar que su formación es la adecuada para las tareas que realizan.

Factura de la luz

Mientras se producen estos cambios, el dictamen insta a elaborar una auditoría de las certificaciones de obra para que se esclarezca su "falta de linealidad y las irregularidades cometidas en su tramitación" y redactar una auditoría ambiental que esclarezca el nivel de contaminación en el interior del túnel, en sus bocas de salida y en los pozos de extracción en los que el aire es filtrado únicamente cuando la ventilación forzada se activa.

También se recomienda cambiar el sistema de auditoría de la sociedad por otro más riguroso y exhaustivo y dotar a Madrid Calle 30 de acceso completo a los sistemas de gestión, además de elaborar una auditoría sobre los sistemas de gestión buscando trazabilidad de las incidencias registradas y una posible alteración de los datos incluidos en ella.

Iniciar las tramitaciones necesarias para que el coste de la factura de la luz recaiga en la sociedad privada es otra de las recomendaciones a partir de los documentos contractuales, además de exigir el pago de las facturas abonadas hasta la fecha.

Deuda subrogada

Igualmente se incluye como recomendación regular las condiciones del acceso a la licitación de las empresas vinculadas con el socio privado mediante un órgano de contratación constituido para la colaboración público-privada, además de solicitar al socio privado, en la vía judicial que proceda, que facilite la oportuna información sobre los costes de cancelación de los contratos de cobertura firmados por la sociedad privada, a los que el Ayuntamiento de Madrid se subrogó en 2011 junto con la subrogación de la deuda de la sociedad Madrid Calle 30.

Las recomendaciones acaban con el análisis de la posibilidad de amortizar anticipadamente el préstamo subordinado que aportó EMESA a Madrid Calle 30, con la correspondiente reducción de costes financieros, dado que "resulta excesivo para las necesidades de la empresa en la situación económica y de actividad actual".