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Bomberos de Calle 30 en labores de extinción de incendios.
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Bomberos de Calle 30 en labores de extinción de incendios. (Foto: CCOO )

Madrid no evita que la empresa que conserva la M-30 regule bomberos como obreros

viernes 29 de octubre de 2021, 17:42h

José Luis Martínez-Almeida guardó en un cajón el proyecto de remunicipalización de Calle 30 iniciado por su predecesora, Manuela Carmena. En los últimos días, la posibilidad de desempolvar esta iniciativa ha ganado enteros y el propio Gobierno local lo reconoce como una opción "real". Los trabajadores de esta empresa mixta encargada del mantenimiento de la M-30, controlada en un 80 por ciento por el Consistorio y en un 20 por ciento por Emesa -Ferrovial y ACS-, reclaman volver a la titularidad municipal para poner fin a las irregularidades que la Administración local "consiente", a su juicio, a su socio privado: bomberos regulados como obreros desde hace 14 años y represalias contra las voces discordantes. "Realizan un servicio para el Ayuntamiento y este no puede mirar para otro lado", sostiene el concejal socialista Ignacio Benito. Para mayor crítica de la oposición, Cibeles no ha auditado la conservación de la autopista desde 2019.

Tanto él como la portavoz del PSOE, Mar Espinar, se reunieron la semana pasada con quienes han definido como "el servicio de emergencias encubierto" de Calle 30. Comprobaron 'in situ', aseguran, cómo salen con una menor dotación de la exigida, con tres bomberos por vehículo en lugar de los cuatro reglamentarios, comprometiendo así su propia seguridad y mermando la de los conductores que circulan por la M-30 a la hora de socorrerlos en caso de siniestro. "Llevamos solo dos conductores y un jefe de servicio aunque el Platercam estima que la dotación mínima es de cuatro personas en cada bomba", agregan desde la sección sindical de CCOO de Emesa.

El sindicato denuncia que la compañía se niega a reconocer la categoría profesional de estos bomberos, así como el hecho de que realizan labores de extinción, prevención de accidentes en los túneles e intervenciones múltiples. "Bomberos de Madrid, Policía, Samur e Inspección de Trabajo sí lo hacen, todos menos la empresa y el Ayuntamiento", censuran. En consecuencia, Emesa contrata a estos empleados como oficiales de primera de la construcción, pese a ser los primeros y, a veces, únicos respondentes ante fuegos, colisiones o rescates en la autopista. Un desempeño que probó la comisión de investigación impulsada durante la legislatura de Ahora Madrid para detectar posibles irregularidades en la creación de la sociedad que gestiona Calle-30 bajo mandato de Alberto Ruiz-Gallardón.

El representante de los trabajadores hace hincapié en que detrás de su petición no se esconden intereses económicos. "Nunca hemos querido dinero, solo una regularización de la categoría". Los bomberos de Calle 30 no cobran lo mismo que los del Ayuntamiento o la Comunidad, pero inciden en que les preocupan más otras cuestiones, como que los inconvenientes que estar catalogados les genera de cara a recibir prestaciones de la Seguridad Social o en la jubiliación. Tampoco lo tienen fácil si quieren contratar un seguro de vida o firmar una hipoteca. "Si mueren en un incendio en un túnel el seguro no lo cubre por estar reconocidos como obreros y no bomberos", advierte.

Asimismo, la sección sindical de CCOO en Emesa llama la atención sobre las dificultades que se encuentran en el ejercicio de sus funciones por la falta de identificación visual como cuerpo de emergencias. "La gente no sabe ni lo que somos, porque vamos con un camión azul solo rotulado como Calle 30, con sirenas y con luces amarillas en lugar de las azules", expone. "Esto es un riesgo para los usuarios porque al no reconocernos pueden no hacen caso", avisa. "Para Emesa debe de ser mucho más barato tenernos así a nivel de seguros, por eso ellos dicen que solo nos encargamos de la señalización y de poner conos", se queja. Madridiario se ha puesto en contacto con la empresa, pero no ha obtenido respuesta.

Carabante alega no tener competencias

Partido Socialista y Más Madrid llevaron a la Comisión de Medio Ambiente y Seguridad sendas proposiciones cuestionando al Consistorio qué acciones había adoptado para resolver este conflicto. Ignacio Benito puso sobre la mesa que debido a estas irregularidades los madrileños "reciben una atención recortada en escenarios de emergencia" y también cuestionó el supuesto despido del responsable de Seguridad de Calle 30 en verano. "¿Por qué se lo cargan en vez de tomarse en serio las carencias en los túneles que han denunciado?", reprobó.

En la réplica, el delegado del área, Borja Carabante, expuso que ese trabajador no había sido despedido, sino "recolocado porque se necesitaba un nuevo perfil ante los nuevos retos que tiene que afrontar Calle 30 con la incorporación de los nuevos sistemas de vigilancia, y cesó voluntariamente semanas después". Por otro lado, remarcó que "no existe ningún conflicto abierto del que tenga conocimiento" entre la empresa y los trabajadores, "pues existe un convenio colectivo suscrito por ambos vigente hasta 2025".

Al hilo de esta respuesta, la edil de Más Madrid Esther Gómez aclaró que en dicho convenio colectivo no se recoge la clasificación de las categorías ni el Plan de Igualdad. "Ahí es donde se tiene que terminar de solucionar el problema", indicó. Al mismo tiempo, le afeó al mandatario 'popular' su desconexión con el mismo. "No recibe a los representantes sindicales y por eso se declara desconocedor del conflicto", comentó.

Acto seguido, Carabante hizo corresponsable de esta situación a Ahora Madrid. "Si tan mal están esos trabajadores en su puesto de trabajo, tan inseguros en esa empresa, ¿por qué los mantuvieron así durante cuatro años?", lanzó a la compañera de Rita Maestre. Para concluir, argumentó que el Gobierno municipal no puede "influir ni incitar" a que se modifiquen las reglas laborales entre empresario y empleados. "No tenemos competencia", zanjó.

El PSOE denuncia "opacidad"

CCOO traslada que Emesa se niega "en rotundo" a sentarse a hablar de su situación laboral. Perdieron la esperanza hace tiempo, pues en el acuerdo del convenio colectivo de octubre firmado en 2019 se quedó fuera la cuestión relativa a las categorías profesionales, con el compromiso de retomar las negociaciones dos meses después. Dos años más tarde siguen esperando. PSOE, Ahora Madrid y Ciudadanos apoyaban recuperar el control total del servicio por parte de la Alcaldía y el partido que lidera Begoña Villacís les garantizó al entrar en el Gobierno "que el caso se resolvería enseguida", pero ahora "tampoco nos recibe".

La lectura que hace sobre todo este embrollo el PSOE es que "la empresa lleva haciendo muchos años lo que quiere y el Ayuntamiento nunca ha tenido interés en presionarla para que cumpla su deber". "Nos preocupa porque estamos hablando de la seguridad en el interior de los túneles", manifiesta Ignacio Benito. El concejal no concede demasiada credibilidad a a supuesta disposición del Ayuntamiento capitalino a remunicipalizar el mantenimiento de la M-30. "Cada año dicen lo mismo por estas fechas, coincidiendo con los Presupuestos, pero nunca se materializa", señala. En todo caso, anima al Consistorio a dar el paso. "No deben dar por hecho que la oposición va a estar en contra de todo, pero tienen que empezar a ser transparentes porque esta gestión de Calle 30 es mitad calamidad, mitad opacidad", los despacha.

El mantenimiento de la M-30, sin auditar desde 2019

La empresa semipública Madrid Calle 30 debe realizar por contrato un control semestral del estado de la iluminación, la seguridad, la ventilación y el asfaltado de los túneles y la vía. Esta auditoría detecta las deficiencias de mantenimiento y les pone precio. El Ayuntamiento de Madrid debe entonces descontar de la factura de Emesa este importe por incumplir con la correcta conservación de la infraestructura que se les exige.

La última revisión se acometió en el primer semestre de 2019, con Carmena en Cibeles. Se encontraron entonces desperfectos "que afectaban a la seguridad de los usuarios" y por los que se debía deducir a la empresa 2,2 millones de euros. Sin embargo, Emesa judicializó el proceso al estar en desacuerdo con la cantidad que se le restaría, recurriendo tanto esa auditoría como la anterior. Por tanto, la última auditoría reconocida es la del primer semestre de 2018.

Como detalló Borja Carabante en el Pleno del pasado martes, el Gobierno municipal abordó la regularización de esta situación en diciembre de 2020 y "por cuestiones de tiempo no fue posible concluir el expediente antes de que finalizara el año". Ante la imposibilidad de pagar a tiempo, el Consistorio se ha visto obligado ahora a devolver a Emesa 11,8 millones de euros a través de un reconocimiento extrajudicial de crédito.

"Traen un expediente sumamente preocupante", advirtió la edil de Vox Arancha Cabello ante la propuesta del área de Medio Ambiente y Movilidad para aprobar este crédito. Como concretó la edil, el Ayuntamiento paga a Emesa por sus servicios partiendo de un máximo al que se resta lo estimado en la auditoría. La compañía recurrió las últimas, como se ha mencionado, y "la Administración se calla, no responde y por su inactividad provoca que la empresa salga beneficiada", denunció la compañera de filas de Javier Ortega Smith.

El socialista Ignacio Benito hizo énfasis en que el Ejecutivo no debería abonar nada a Emesa "hasta que no se resuelva el recurso de resposición interpuesto" por esta. Por su parte, Esther Gómez apuntó que el Consistorio podría haber apostado por un suplemento de crédito "en tiempo y forma" que habría evitado este reconocimiento de crédito extrajudicial. La edil aludió a la comisión de investigación de Calle 30 de la pasada legislatura, en la que se determinó que se "anunciaban a la empresa las fechas y tramos de las auditorías", y expuso que, una vez "pillado", el Ayuntamiento optaba ahora "por no contestar al recurso para no deducir a la empresa lo que se le tenía que deducir". "Es muy grave porque los madrileños no saben si esas infraestructuras son seguras para circular por ellas y usted -a Carabante- es el responsable", alarmó.

Las auditorías de 2019 y 2020, hechas pero sin validar

El interpelado defendió su gestión criticando a Ahora Madrid por llevar a cabo auditorías desde el Ayuntamiento "contraviniendo los pliegos y el contrato, que dicen que las tiene que contratar Calle 30". Emesa lo recurrió y ganó la sentencia. El delegado aprovechó para informar de que las revisiones de 2019 y 2020 "ya están elaboradas y pendientes de valoración". Asimismo, el dirigente del PP manifestó que "para evitar los errores" de los años de gobierno de Carmena han objetivado los 420 indicadores del estudio a fin de que "la deducción que se haga a Calle 30 no esté al albur de las decisiones políticas sino de criterios técnicos".

Por otro lado, tildó de "irresponsable" a Esther Gómez por poner en tela de juicio la seguridad de la autopista. "No existe ni un solo problema de seguridad", aseveró Carabante. De hecho, añadió, "cumple los estándares por encima de cualquier otra infraestructura, superando el decreto que regula los túneles en materia de carreteras". Finalmente, el equipo de Gobierno logró aprobar este crédito con la abstención de Recupera Madrid, que alegó que así evitaría un mal mayor porque "el resultado de la mala gestión de Carabante generaría intereses y ampliaría el plazo de morosidad".

Solventado este inconveniente, el Ejecutivo que encabeza José Luis Martínez-Almeida sopesa retomar los planes de sus antecesores en el cargo y remunicipalizar Calle 30, tal como adelantó el lunes El Confidencial. Según este medio, ya se ha constituido una mesa técnica de trabajo para analizar si la operación es viable, considerando que debería indemnizar a ACS y Ferrovial por rescindir el contrato que mantiene con ellos y que no vence hasta el año 2040. Fuentes del área de Medio Ambiente y Movilidad admiten a Madridiario que es una opción "real", pero no confirman si se incluirá en los Presupuestos de 2022. Mientras tanto, los bomberos de Calle 30 no cesan en sus reivindicaciones, aunque no se plantean nuevas acciones protesta, por el momento. "Cada vez que nos movilizamos cae algún compañero, es una indefensión total", lamentan.

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