Yolanda Ibarrola ocupa desde febrero la nueva Dirección General de Justicia. El Ejecutivo de Cristina Cifuentes decidió segregar este departamento del de Seguridad para impulsar la modernización de los 335.000 metros cuadrados de sedes judiciales de la Comunidad, aquejadas de un abandono crónico durante la crisis. Tras un primer plan de choque, Ibarrola administra ahora 7 millones de euros en inversiones como parte de una actuación, asegura, que se repetirá en los próximos años. Con los sindicatos está a punto de firmar un Acuerdo Sectorial sobre los empleados públicos y aboga por acabar con la dispersión de dependencias. Entre sus planes como directora general está mejorar las condiciones de los fiscales.
La Comunidad de Madrid anunció un plan de choque para las sedes judiciales. ¿Ha cumplido sus objetivos?
El Gobierno ha detectado que hay muchas infraestructuras judiciales que necesitaban una intervención. Ha habido años muy difíciles económicamente y había que priorizar el gasto en Sanidad o Servicios Sociales. Esta legislatura se pensó primero en el contenido y luego en el continente, por eso se aumentó en una cantidad importante el turno de oficio y se han apoyado las nuevas tecnologías. Ahora, tocaba modernizar las sedes. El año pasado contamos con 1,8 millones de euros y he justificado hasta el último céntimo. Se ha hecho lo más urgente, con la opinión de los técnicos, en los 21 partidos judiciales. Por ejemplo, se han revisado los ascensores. La seguridad también ha tenido un peso específico porque estamos en unos niveles de alarma importantes. Ha habido que cambiar arcos o circuitos de cámaras que no estaban funcionando. También, la climatización. En muchos sitios había aparatos antiguos.
¿Y se han quedado contentos?
Sabemos que para cada juez decano lo suyo es lo más importante, pero había una limitación económica, que era repartir los 1,8 millones entre más de 335.000 metros cuadrados. También, administrativa, la Ley de contrato del sector público. Quien tiene urgencia en arreglar algo no entiende estos plazos. Un contrato menor es el más rápido, pero las compras no pueden superar los 18.000 euros y las obras, los 50.000. Si no, hay que sacar una licitación, pliegos, una adjudicación...
Ahora acaba de comenzar una segunda fase.
Los presupuestos, aprobados en mayo, incluyen 7 millones para esta segunda fase, que ya está empezada. Nosotros hemos trabajado con antelación para que aquellos concursos que preveíamos se publicaran justo después de aprobarse las cuentas. Es el caso de los planes de emergencia y autoprotección, publicados el 24 de mayo, con los que había una preocupación. Una empresa especializada hará un estudio de seguridad y nos dirá lo que está bien y lo que está mal y lo acataremos. Otra demanda era el material del Instituto Anatómico Forense, que tenía necesidades por 100.000 euros.
"Ha habido que cambiar arcos de seguridad o circuitos de cámaras que no estaban funcionando"
¿Será suficiente?
No todo lo que hay que hacer en la Comunidad cabe en 7 millones. Sigue habiendo cosas más urgentes que otras. Por ejemplo, nos ha parecido importante colocar desfibriladores y formar a los empleados públicos. A nadie se le escapa que, cuando alguien es llamado a un juicio, hay mucha tensión. Nos hemos adelantado a una futura exigencia de la Comunidad de Madrid. También, tenemos una obra de mayor envergadura en el Patio de los Caballeros de los juzgados de Aranjuez, por un valor de 200.000 euros. Ahora se pone el foco y las reformas continuarán en los próximos años porque esta es una decisión clara de Gobierno. Hay bastante trabajo por hacer, pero ya se están viendo los resultados.
¿No hubiera sido mejor prevenir?
Ha habido que priorizar el gasto público. Es más importante no recortar en una operación, en un asistencia social, que la pintura de las paredes de Getafe que voy a llevar ahora en julio. La administración de Justicia es un servicio fundamental, pero que muchas veces no se percibe como tal porque no está en riesgo una vida o una necesidad. Se ve siempre con una perspectiva un poco lejana. Además, la administración podrá estar en un edificio con las paredes desconchadas, pero la sentencia no se deja de dictar por este motivo. Pero la voluntad clara de revertir esta situación existe.
Cuáles son los tres principales problemas de la Justicia madrileña
El primero es la dispersión de sedes. El Plan integral de infraestructuras judiciales que entregamos a la Mesa del Pacto para la mejora de la Justicia de Madrid ya hablamos de la intención de unificar la Audiencia Provincial, que ya es un hecho, y agrupar la jurisdicción civil, los juzgados de primera instancia, en el entorno de Capitán Haya. Igualmente, hacer un núcleo penal. Hay que tener en cuenta que en Plaza de Castilla están los juzgados de instrucción, de ejecutoria o de vigilancia penitenciaria, que en Manuel Tovar están los de violencia y que en Julián Camarillo y García Noblejas, los de menores y de lo penal. Nuestra idea es adquirir en este último una infraestructura que pudiera agrupar estos órganos judiciales, a excepción de instrucción, que se quedaría en Plaza de Castilla.
(Rebeca Liétor)
Entonces, seguiría sin haber concentración.
No es lo mismo tener muchas sedes repartidas que tener exclusivamente instrucción en Plaza de Castilla. Primero, por los profesionales del Derecho, y, segundo, por el traslado de actuaciones. Es un gasto.
¿Cuáles son los otros dos problemas?
Segundo, la falta de espacio. Tenemos más de 335.000 metros cuadrados. Hay que 'esponjar', que es un término que viene de la arquitectura. Y, en tercer lugar, no sé si llamarlo problema, pero sí un foco de atención: la Fiscalía.
"Es más importante no recortar en una operación que pintar las paredes de una sede"
¿Qué pasa en la Fiscalía?
Los fiscales son unos servidores públicos impresionantes y posiblemente son los que más les afecte estos problemas. Tengo un horizonte que es 'un fiscal, un despacho'. En estos momentos, en un despacho hay varios trabajando a la vez y esto no lo podemos aceptar. Un fiscal exige una confidencialidad: se reúne con víctimas, con imputados, con sus familias, hablan por teléfono con policías... Es muy importante que en esta etapa en la que yo soy responsable se ponga el foco en esto.
Los sindicatos la recibieron con críticas porque no fueron invitados a su toma de posesión.
Las puertas de estos actos están abiertas y puede entrar todo el mundo. Mi hija, por ejemplo, no estaba invitada y se presentó allí. Creo que esta no es tanto una protesta sino parte de la labor de los sindicatos, que subrayan anécdotas que no van más allá. Mi relación con ellos es buena, personal y profesionalmente. Llevamos varios meses trabajando en un nuevo Acuerdo Sectorial. Nos hemos reunido 14 veces y cada encuentro ha sido de 4 o 5 horas.
¿Cómo está de avanzado?
La administración y las organizaciones sindicales hemos hecho un esfuerzo para llegar a un punto de acuerdo. Las organizaciones sindicales nos han pedido un tiempo para poder trasladar el borrador a los empleados. Creo que los empleados públicos van a mejorar sensiblemente sus condiciones.
Si (
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