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    2 de diciembre de 2020

turno de oficio

Yolanda Ibarrola ocupa desde febrero la nueva Dirección General de Justicia. El Ejecutivo de Cristina Cifuentes decidió segregar este departamento del de Seguridad para impulsar la modernización de los 335.000 metros cuadrados de sedes judiciales de la Comunidad, aquejadas de un abandono crónico durante la crisis. Tras un primer plan de choque, Ibarrola administra ahora 7 millones de euros en inversiones como parte de una actuación, asegura, que se repetirá en los próximos años. Con los sindicatos está a punto de firmar un Acuerdo Sectorial sobre los empleados públicos y aboga por acabar con la dispersión de dependencias. Entre sus planes como directora general está mejorar las condiciones de los fiscales.

La Comunidad de Madrid junto a los Colegios de Abogados de Madrid y Alcalá de Henares han acordado este miércoles un calendario para la mejora de los baremos del Turno de Oficio, según han informado las partes.

El consejero de Presidencia y Justicia, Ángel Garrido, ha anunciado este miércoles que la Comunidad subirá el baremo de pago a la asistencia jurídica gratuita del turno de oficio un 5 por ciento anual hasta llegar al final de la legislatura a los niveles de los que disfrutaban abogados y procuradores en 2012. El Colegio Oficial de Abogados considera que este aumento es "claramente insuficiente".

Los abogados del Turno de Oficio se han encerrado este jueves en la sede del Colegio de Abogados de Madrid en defensa de la dignidad de la Justicia Gratuita.

El Colegio de Abogados de Madrid ha anunciado este jueves que durante un
periodo de seis semanas van a limitar a prestar los servicios de
justicia gratuita y turno de oficio que exige la ley, sin añadir
prestaciones adicionales como vienen haciendo, al considerar que este
servicio cuenta con una "infradotación presupuestaria endémica" por
parte de la Comunidad de Madrid, que está obligado a sufragar el gasto.

Más de 700 abogados representantes de colegios de toda España se han concentrado el centro de Madrid ataviados con togas negras para defender el servicio público de la justicia gratuita. Advierten que la reforma propuesta por el ministro de Justicia, Alberto Ruiz-Gallardón, solo provocará "dolor" a los más desfavorecidos y "pondrá en riesgo" la labor que prestan 42.500 letrados de oficio.
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