Móstoles no quiere apearse de la vieja idea de conectarse con Navalcarnero por tren. El alcalde y senador, David Lucas, dejará que los servicios jurídicos del Ayuntamiento valoren si se personan en la denuncia de la Comunidad de Madrid contra la constructora del proyecto para exigir el reinicio y la terminación de las obras del Cercanías.
Las alarmas han saltado esta semana, después de que varias informaciones apuntaran a que Cemonasa, del Grupo OHL, había empezado a desmontar la tuneladora de diez metros de diámetro que permanecía sobre el terreno desde que en 2010 se paralizaran las obras. El consejero de Transportes, Infraestructuras y Vivienda, Pedro Rollán, avanzó al conocer la noticia difundida por La Razón que irán a los tribunales si no se comienzan los trabajos.
Este viernes, con la maquinaria fuera de juego, es la segunda ciudad de la región la que ahora ha anunciado que sopesa sumarse a esta iniciativa contra la constructora. Sería, según fuentes del Consistorio, el primer golpe jurídico que intenta el municipio contra OHL. Lucas dirige ahora la presión hacia la multinacional tras reclamar a Rollán más proactividad, como adelantó Madridiario.
El alcalde, además, quiere mantener vivas las conversaciones con el Gobierno regional y el Ministerio de Fomento para buscar soluciones alternativas y “explorar todas los cauces posibles para que el proyecto se lleve a cabo”.
Solo la primera piedra
Ambas instituciones adjudicaron estos trabajos en octubre de 2007. Cinco meses más tarde, la entonces presidenta regional, Esperanza Aguirre, y el antecesor a Lucas, Esteban Parro, pusieron la primera piedra de cuantas debían venir detrás hasta la culminación del proyecto 28 meses después.
Sin embargo, en enero de 2010, OHL abandonó la iniciativa con menos de la mitad del dinero gastado, "alrededor de unos 150 millones de euros", según cifra el Consistorio. La compañía pidió la resolución del contrato al no contar con la financiación prometida por el Ejecutivo (50 millones) y tras la caída en desgracia de los megaplanes de expansión urbanística de Navalcarnero. El proyecto fue declarado en concurso de acreedores este verano.
Desde entonces, las desavenencias entre la multinacional y la Comunidad han sido públicas. Rollán ha recordado esta semana que sobre OHL pesa aún una sanción de 34 millones de euros. La constructora, por su parte, reclama una gran indemnización.
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