Vox solicita al Defensor del Pueblo su intervención para dilucidar lo ocurrido en las residencias

Rocío Monasterio, en calidad de líder y como representación del Grupo Parlamentario Vox en la Asamblea de Madrid, ha registrado este lunes un escrito dirigido al Defensor del Pueblo en el que solicita a dicha figura institucional “su intervención en relación con la actuación del Gobierno de la Comunidad de Madrid respecto a la gestión en las Residencias de la Tercera Edad durante la pandemia del coronavirus”.

Así se dicta en el documento remitido por Monasterio a Fernando Fernández Marugán, político socialista que desde el 20 de julio de 2017 es Defensor del Pueblo en funciones, y al que ha tenido acceso Madridiario. En este, la líder de Vox apela “como ciudadana madrileña y en calidad de portavoz” a la “diligencia y sensibilidad social ante la emergencia del problema” marcado por “las pérdidas de decenas de miles de familias que no han podido si quiera acompañar en los últimos momentos a los suyos y que viven hoy con la sospecha de que sus gobernantes los han abandonado sin asumir responsabilidad por ello”.

Con fecha del día 3 de junio de 2020, el la portavoz parlamentaria indica que “lo que ha sucedido en las residencias no puede ni debe volver a ocurrir”, y añade que “habiendo agotado las vías que tenemos a nuestro alcance y haciéndonos eco del dolor de miles de familias españolas”, ruegan la intervención de la Institución. El objetivo, explica Monasterio, es que Fernández Marugán inste al Gobierno de la Comunidad de Madrid a poner las medidas oportunas para “esclarecer lo que ha ocurrido y está ocurriendo en todas las modalidades de residencias para mayores” de la región madrileña; “depurar las responsabilidades correspondientes a la gestión desarrollada”; y, por último, “realizar un informe público con el resultado de las investigaciones y actuaciones oportunas”.

Tal y como se relata en la misiva, “la crisis sanitaria provocada por la pandemia Covid-19 ha puesto en evidencia la situación de desamparo de las personas mayores que viven en residencias de ancianos”, un hecho que se ha manifestado en las “importantes carencias en nuestro actual sistema de cuidados” y que ha evidenciado “riesgos futuros sobre el cuidado, la salud y la libertad de las personas mayores, especialmente las residentes en centros de la tercera edad de la Comunidad de Madrid”. Estos, indica Monasterio, “dependen más directamente de la tutela del Gobierno de la Comunidad”.

“La decisión de abandonar el propio domicilio en estado de edad avanzada solo se toma cuando realmente existe una situación de especial vulnerabilidad y dependencia que hace la vida en familia o la vida autónoma casi imposible”, señala Monasterio alegando que este hecho hace de los ancianos no autónomos “un grupo de personas en situación de vulnerabilidad cuya dependencia los vincula directamente con la autoridad pública competente, que es titular o, en otros casos, corresponsable de la gestión de estas residencias”.

En este marco, la diputada describe que “en los tres últimos meses más de 5.900 residentes han fallecido con Covid-19 confirmado o con sintomatología compatible con el virus”, unas cifras que suponen el “31 por ciento del total de muertes por la enfermedad en geriátricos de toda España (19.000 ancianos fallecidos en residencias para la tercera edad, a 24 de mayo 2020)”. Tal y como añade en el escrito, todo ello “a pesar de que en la región solo están el 13,5 por ciento de las plazas residenciales –51.582 de un total de 381.158 plazas repartidas en toda España–, según los últimos datos del Imserso”.

"Creemos estar ante una vulneración de los derechos y la dignidad de nuestros mayores"

“La desproporción entre ambos porcentajes es enorme: los geriátricos madrileños tienen el 13 por ciento de las plazas residenciales de toda España y acumulan el 31 por ciento de los fallecidos en este tipo de centros. No es ya una cuestión de mero control parlamentario al Gobierno de la Comunidad: creemos estar ante una vulneración de los derechos y la dignidad de nuestros mayores y de sus familias”, defiende la portavoz al Defensor del Pueblo.

En última instancia, la líder del Grupo Parlamentario Vox incide en que han “realizado durante estos tres últimos meses un ingente trabajo” en esta material en particular, como el registro de “91 iniciativas parlamentarias relativas a la condición y atención sanitaria proporcionada a los ancianos residentes en los centros para la tercera edad ubicados en la Comunidad de Madrid, a las condiciones sanitarias de los trabajadores de dichos centros durante la pandemia, a la situación de los familiares de esos ancianos, al tratamiento y a la información acerca de las defunciones en esas residencias”.

A pesar de que la parlamentaria asegura que “sabemos que solo el hecho de registrar estas iniciativas ha obligado al Gobierno a promover algunas medidas”, Monasterio afea que “el trabajo parlamentario sigue limitado”. Y es que afirma que todo el trabajo realizado durante estos últimos meses debería “haber sido control al Gobierno de la Comunidad en esta materia en particular”, pero el acuerdo al que llegó la Mesa de la Asamblea con fecha 11 de marzo “ha impedido a los diputados de esta Cámara ejercer totalmente la tarea de control al gobierno hasta el 21 de abril de 2020, y hasta el pasado 25 de mayo ha impedido que se remitan preguntas de respuesta escrita o peticiones de información al gobierno”.

Asimismo, Monasterio recuerda que “registramos la semana pasada una solicitud de constitución de una Comisión de investigación en la Asamblea de Madrid con el objetivo de esclarecer las responsabilidades políticas en la gestión sanitaria desarrollada en las residencias de la tercera edad”, pero para que “dicha solicitud prospere se necesita la voluntad política de al menos una quinta parte del parlamento autonómico y a día de hoy, no ha se ha reunido dicha voluntad en torno a la propuesta”. Y añade: “Sentimos el peso moral de no dejar sin respuesta y sin satisfacción (siquiera parcialmente, pero con efectividad), al llamado de la sociedad civil”.

“No nos los han contado todo”

“Hay que investigar qué es lo que ha fallado para poder mejorar, hay que poner recursos y humanizarlas. Lo que han vivido nuestros ancianos, y eso que no nos lo han contado del todo porque nos han tenido como a niños ocultándonos la verdad, ha sido la enfermedad en soledad. Ha habido residencias en las que la mitad de la plantilla ha estado enferma y donde a los que quedaban no les daba tiempo a recorrer todas las plantas para darles de comer o de beber. Ha habido personas que han muerto deshidratadas y no por el virus”, decía a este diario la portavoz hace escasos días.

Esa misma semana, tanto los de Monasterio como el Grupo Parlamentario Socialista y Más Madrid registraban en la Asamblea de Madrid una solicitud para la creación de una comisión de investigación que esclareciera lo ocurrido en las residencias y centros de mayores de Madrid, no sin que antes lo de Vox hubieran solicitado en reiteradas ocasiones el cese o la dimisión de Alberto Reyero como consejero de Políticas Sociales de la Comunidad de Madrid.

“El señor Reyero, en el momento en el que asume ser consejero de Políticas Sociales, entiendo que sabe la situación de los asuntos sociales y asume esa responsabilidad. Ha tenido meses para entrar en las residencias e intentar mejorar la situación, pero en vez de eso se ha dedicado a aprobar partidas de 23 millones para 'menas', para grupúsculos y colectivos que a lo mejor no era lo prioritario. Él ha elegido a qué dedicaba el dinero, y se ha equivocado. Por eso yo le pido que elegantemente se aparte y que asuma sus responsabilidades”, decía a Madridiario.

Sin embargo, en los últimos días la polémica en torno a la situación de las residencias durante la crisis se ha agudizado. La tormenta política, que comenzó a dar sus primeros truenos después de que Ayuso decidiera negar a Reyero sus competencias en las residencias para unificarlas bajo el mando del consejero de Sanidad, Enrique Ruíz Escudero, estallaba por completo cuando después de que varios medios de comunicación se hacía eco de la filtración de un protocolo en el que se desaconsejaba que los ancianos con problemas de movilidad o deterioro cognitivo fueran derivados a hospitales desde residencias para ser tratados.

Ruiz-Escudero durante una de sus intervenciones en el Pleno de la Asamblea de Madrid confirmó la existencia de este documento, indicó que este corresponde a un “borrador” que fue enviado «por error» a las residencias a mediados de marzo. Sin embargo, Reyero sembraba dudas al respecto de las derivaciones al señalar que recibió un protocolo "un protocolo y un borrador". Al mismo tiempo, se hacían públicos una serie de correos electrónicos en los que Reyero avisaba a Ruiz Escudero de que cumplirlo era "ilegal".

Consecuencia de ello, este lunes los grupos parlamentarios de Más Madrid y Unidas Podemos han registrado este lunes en la Asamblea de Madrid sus proposiciones no de ley (PNL) mediante las que han solicitado la reprobación del consejero de Sanidad, Enrique Ruiz Escudero, por "ocultar información acerca de la gestión de la pandemia en las residencias de mayores". Por su parte, el líder de la oposición, Ángel Gabilondo, ha solicitado a la presidenta Ayuso el cese inmediato del consejero por su gestión en las residencias.

Por otra parte, a finales del mes de mayo, un total de 25 familiares de usuarios de residencias de Alcorcón y Leganés presentaban una querella contra los directores de cinco geriátricos de dichas localidades y también contra la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, y sus consejeros de Sanidad y de Justicia, Interior y Víctimas, Enrique Ruiz-Escudero y Enrique López, respectivamente.

El pasado viernes, el Juzgado de Instrucción número 39 de Madrid remitía al Tribunal Supremo esta querella, por la que se expone que "los querellados ejecutan el núcleo de la acción delictiva, que radica en haber omitido acciones tendentes a evitar la propagación del virus en la residencias de ancianos, e incluso habiéndose producido más de 1.000 decesos (cuando se redactó la querella) no se adopta medida alguna omitiendo así los querellados cumplimiento del deber de socorrer a los residentes que es evidente que dada la propagación del contagio en las residencias se encontraban en peligro manifiesto y grave".

Por último, este mismo lunes el vicepresidente segundo del Gobierno, Pablo Iglesias, ha defendido que Isabel Díaz Ayuso debería dimitir por la gestión que ha realizado su Gobierno autonómico de las residencias de mayores durante la pandemia, y que su "propio consejero" de Políticas Sociales en la Comunidad de Madrid, Alberto Reyero, ha tachado de "inmoral e ilegal".