Los grupos parlamentarios de Más Madrid y Unidas Podemos han registrado este lunes en la Asamblea de Madrid sus proposiciones no de ley (PNL) mediante las que han solicitado la reprobación del consejero de Sanidad, Enrique Ruiz Escudero, por "ocultar información acerca de la gestión de la pandemia en las residencias de mayores".
En declaraciones remitidas a los medios, el portavoz de Más Madrid, Pablo Gómez Perpinyà, ha recordado que ya ha finalizado el ultimátum que dio al Ejecutivo autonómico para que "moviera ficha ante el escándalo de las residencias", del que solo han recibido "mentiras y silencio".
"Deberían ser capaces de dar explicaciones coherentes, cooperar, colaborar con la Justicia y nada. Ojalá hubiera salido por iniciativa propia de Ayuso, por eso no nos queda más remedio que exigir a la presidenta el cese inmediato de su consejero", ha lanzado.
Por su parte, la diputada de Más Madrid, Mónica García, les ha afeado que hayan "fracasado" en el nivel de atender a los mayores y de no ser capaces de llevar a los hospitales a las residencias. "El Gobierno de Ayuso es solo capaz de mirar para otro lado. Han dejado a nuestros mayores abandonados, después de haber vendido sus cuidados al peor postor", ha sostenido.
Desde Unidas Podemos, tras conocerse que el Gobierno "mintió sobre la existencia de un protocolo que prohibía la derivación de los enfermos con sintomatología de COVID-19 de las residencias de mayores a los hospitales para su cuidado y tratamiento" propuso desde el pasado viernes solicitar la reprobación del consejero, también en forma de PNL.
Según argumenta el grupo en un comunicado, debido a este protocolo, "los hospitales denegaron la derivación desde las residencias de aquellos mayores con discapacidad, teniendo como consecuencia que el porcentaje de fallecidos en residencias aumentó en casi un 10 por ciento ante la imposibilidad de poder ser tratados adecuadamente en dichos centros hospitalarios".
"La existencia de unos protocolos que han supuesto la exclusión del derecho a la salud de personas mayores en residencias en función de discapacidad o su grado de dependencia es gravísimo, y es prohibir a un hospital que de auxilio a nuestros mayores por criterios establecidos previamente a la decisión clínica. Tienen que asumir responsabilidades", ha lamentado la portavoz de Unidas Podemos Isa Serra, en declaraciones remitidas a los medios.
Para la diputada de Unidas Podemos-IU, Vanessa Lillo "queda probado que el consejero no solo ocultó información, si no que ha mentido en todo lo relativo a la atención sanitaria de las personas mayores en todo este tiempo".
"Atención, que garantizó el propio consejero el pasado 12 de marzo anunciando la medicalización de las residencias. Hoy, la realidad nos demuestra que el consejero ni dotó de recursos a estos centros, ni garantizó la atención hospitalaria de sus residentes", ha concluido.
Pablo Iglesias asegura que los ciudadanos "no van a perdonar" lo que hizo Ayuso con las residencias de ancianos
El vicepresidente segundo del Gobierno y ministro de Derechos Sociales y para la Agenda 2030, Pablo Iglesias, ha responsabilizado de nuevo a la presidenta de la Comunidad de Madrid de la situación en la residencias durante la crisis sanitaria.
"Los ciudadanos no van a perdonar lo que hizo Ayuso con las residencias y lo que se hizo en otras comunidades autónomas" y "veremos si no hay consecuencias penales", ha asegurado Iglesias en una entrevista en Los Desayunos de TVE.
El vicepresidente ha insistido en calificar los hechos ocurridos en los centros residenciales de "gravísimos" y ha sacado a colación "la instrucción" en la que la Comunidad de Madrid "prohibía trasladar a los ancianos a centros hospitalarios" por ser "ilegal e inmoral".
Para Iglesias es "vergonzoso e indecente" que "alguien pueda hacer negocio con los mayores y después llevárselo a otros países". Y, en su opinión, el sistema de atención a las personas mayores es un servicio "enormemente precarizado y privatizado" que "ha demostrado ser ineficiente".
Por ello ha defendido un sistema similar al de países nórdicos con "atención domiciliaria que tenga la calidad suficiente y con los profesionales bien pagados y en condiciones óptimas".
El vicepresidente ha recordado que el Gobierno central declaró servicios esenciales la atención a las personas mayores en residencias y concedió 300 millones a las comunidades para contratar más personal y garantizar distribución de los equipos de protección individual. Pero ha insistido en que "el modelo no funciona y lo de Madrid y Castilla y León es un escándalo".
Echenique achaca lo ocurrido en las residencias a que su gestión esté "en manos de capitales privados"
El portavoz de Unidas Podemos en el Congreso de los Diputados, Pablo Echenique, ha achacado el alto impacto del coronavirus en las residencias de ancianos de la Comunidad de Madrid al hecho de que las mismas estén "en manos de capitales privados, extranjeros" y que pertenecen a "personas condenadas por corrupción".
En una entrevista en Las mañanas de RNE, Echenique ha asegurado que ese modelo privado de gestión de las residencias supone "debilitar algo tan importante como el cuidado" a las personas mayores. "Y cuando viene una epidemia las consecuencias de ese debilitamiento se ven", ha añadido.
En esta línea, el dirigente de la formación morada ha insistido en que esta es una de las "enseñanzas" que deja la COVID-19 y que, a su juicio, debería llevar a "replantear el esquema de propiedad de las residencias". "La Justicia deberá investigar, pero para el conjunto de la población lo que ha pasado es bastante obvio", ha apuntado.
Con todo, Echenique cree que no "hace falta una gran investigación" para saber que "lo que ha ocurrido en las residencias" es el resultado de que las mismas estén "en manos de los capitales privados".
Los sindicatos exigen a Ayuso el cese de Escudero por su "desprecio" hacia los profesionales
Los sindicatos de la Mesa Sectorial de Sanidad (SATSE, CCOO, Amyts, CSIT Unión Profesional y UGT) han reclamado a la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, que destituya a Enrique Ruiz Escudero, y la directora general de Recursos Humanos de este departamento, Raquel Sampedro, por su "desprecio" a los profesionales durante la crisis de la COVID-19.
"Entendemos que es el momento de plantear a la presidenta de la Comunidad, Isabel Díaz Ayuso, la necesidad de hacer un cambio al frente de esta Consejería y de su Dirección General de Recursos Humanos", han manifestado las organizaciones sindicales de la Mesa Sectorial en un comunicado conjunto.
En su escrito, los sindicatos creen que, una vez superado el peor momento de la crisis del coronavirus, ha llegado el momento de "retomar la actividad asistencial normal" en los centros sanitarios, haciendo "compatible" la alerta ante la evolución de la pandemia con la "vuelta a la actividad sanitaria que necesitan y demandan los profesionales y sobre todo los pacientes".
"En esta vuelta a la normalidad también es imprescindible volver al ejercicio de la representación legítima de los intereses de los trabajadores, retomar la actividad normal de la Mesa Sectorial como único ámbito de negociación posible, y seguir avanzando en los temas que han quedado en suspenso por causa de la epidemia", han agregado.
Por ello, han exigido con carácter urgente un foro negociador para plasmar la recuperación de la jornada de 35 horas semanales, la reactivación de oposiciones, la inclusión de los 10.100 profesionales de refuerzo como plantilla estructural de cara a paliar la "infradotación" de las plantillas actuales y avanzar en la carrera profesional con nuevas convocatorias y el abono al personal no fijo del Servicio Madrileño de Salud.
Además, han manifestado su "profundo malestar" con el desarrollo de las relaciones con la administración mantenidas en esta etapa, tanto con el consejero como con la directora general de Recursos Humanos.
"Se ha tenido un distanciamiento patente, que refleja el menosprecio de la administración sanitaria madrileña hacia sus profesionales en este momento de máxima crisis, dónde no se nos ha convocado nada más que cuando lo entendían imprescindible desde la administración, manejando a su antojo las reuniones en cuanto a periodicidad, orden del día, tiempo, temas a tratar... El estado de alarma no faculta para pasar por encima del derecho de representación, algo que de forma constante han hecho desde la Administración", han apostillado.
Los sindicatos han sostenido que la interlocución, que en estos momentos era "imprescindible", ha sido "nula y está derivando de forma precipitada en una situación cada vez más difícil de reconducir".
"Un nuevo menosprecio más en la falta de reconocimiento hacia los profesionales en esta difícil etapa ha sido la aplicación más estricta del derecho a la excedencia por cuidado de hijos o familiar a cargo, haciéndolo en el momento en el que más daño hace a los profesionales. Una falta absoluta de sensibilidad, que en ningún caso se merecen", han zanjado las organizaciones sindicales.