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    11 de diciembre de 2019

SUAP

La Comunidad de Madrid ha abierto una investigación interna a varios trabajadores que cerraron las Urgencias de Atención Primaria de Alcobendas debido a que la persona que tenía que abrir el centro se encuentra de permiso y Sanidad no ha cubierto la plaza. El SUMMA 112 asegura que se trata de "un hecho sin precedentes", mientras los representantes de los afectados creen que esta actuación se debe a una represalia por su protesta del jueves: "están intentando culpabilizar a los trabajadores de su mala gestión", argumentan.

Los trabajadores sanitarios del Servicio de Urgencias de Atención Primaria de Alcobendas protestan este jueves por la escasez de plantilla que, a menudo, les obliga a cerrar el centro para atender emergencias en otro municipio. IU impulsó una moción en el Ayuntamiento para pedir al Gobierno autonómico la mejora de este servicio que salió adelante en el Pleno con el apoyo de todos los grupos, excepto el PP. El sindicato SUMMAT denuncia que esto ocurre en toda la Comunidad de Madrid y que sus reclamaciones a la Consejería de Sanidad no son atendidas. Desde el departamento que dirige Enrique Ruiz Escudero aseguran que lo habitual es que el SUMMA 112 esté en un 90-100% de cobertura de los profesionales y prometen la contratación de más efectivos.

Los madrileños hacemos un uso abusivo de las Urgencias hospitalarias, según el presidente del Colegio de Médicos de Madrid. ¿Cómo saber si acudir a Urgencias o no?

En el barrio de Barajas, una grave problemática continúa: el Servicio de Urgencias de Atención Primaria sigue cerrado. Si sufre una urgencia de lunes a jueves, sea del tipo que sea, se verá obligado a recorrer 15 minutos en coche –en el privilegiado caso de tenerlo-, desplazarse cerca de una hora y cuarto en transporte público o llamar a una ambulancia. El motivo que argumentó en su día la Consejería de Sanidad de la Comunidad de Madrid y mantiene seis años después es la falta de rentabilidad del centro. Los vecinos creen que sigue peligrando la salud de más de 45.000 habitantes debido, denuncian, a una "manipulación política de libro”.

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