Anticorrupción pide 6 años de cárcel para González por el campo de golf del Canal

La Fiscalía Anticorrupción pide seis años de cárcel y una multa de 550.000 euros para el ex presidente de la Comunidad de Madrid, Ignacio González, por una de las piezas del caso Lezo, relacionada con las irregularidades cometidas en adjudicaciones asociadas al campo de golf del Canal de Isabel II.

El objetivo era, supuestamente, obtener comisiones ilegales con la intermediación de sociedades próximas al exdirigente del Partido Popular.

En el escrito de acusación del Ministerio Público se imputan al ex presidente 'popular' dos delitos de cohecho, penados cada uno con tres años de cárcel. La misma condena se solicita para el exgerente del Canal de Isabel II, Ildefonso de Miguel, para el hermano de Ignacio González, Pablo Manuel, para su cuñado, José Juan Caballero, y para el socio de la empresa TCT, José Antonio Clemente.

Esta pieza 2 de 'Lezo' comprende los hechos relativos a las ilicitudes cometidas con ocasión del concurso para la ejecución de las obras del proyecto de consolidación, impermeabilización y ajardinamiento sobre la cubierta del tercer depósito del Canal de Isabel II. Fue licitado por el Canal y adjudicado en marzo de 2003 a 'ACS Proyectos, Obras y Construcciones' que, a partir de junio de 2004, pasó a denominarse 'Dragados'.

Según Anticorrupción, al año de realizarse esta adjudicación, desde la dirección del Canal, ostentada por los investigados Ildefonso de Miguel e Ignacio González, "con el fin de beneficiar a familiares de este último, "se impulsó y facilitó la tramitación de un modificado del anterior concurso, a pesar de que, atendiendo a las variaciones sustanciales que se iban a introducir, debería haberse convocado una nueva licitación".

Convinieron con Dragados que el Canal del Isabel II le adjudicaría directamente a esta sociedad dicho modificado imponiéndole para ello la condición de que subcontratara para determinados trabajos a la empresa Tecnoconcret Proyectos de Ingeniería --TCT--. Los socios de esa empresa eran Clemente, el hermano del presidente y Caballero, si bien estos dos últimos ostentaban su titularidad a través de personas interpuestas con el fin de ocultar sus vínculos familiares con el expresidente de la Comunidad de Madrid.

Además, en julio de 2006 se convocó otro concurso para la gestión y explotación de las instalaciones deportivas de CYII-Tercer Depósito y en diciembre se acordó por unanimidad su adjudicación a la UTE formada por TCT, SOTO ONCE SL e IRIDIUM CONCESIONES DE INFRAESTRUCTURAS SA. "De todos los asistentes a ese Consejo solo los acusados Jaime Ignacio González González e Ildefonso de Miguel Rodríguez conocían el vínculo familiar del primero de ellos con los socios de TCT, extremo que ocultaron a los demás para evitar cualquier veto obligado por razón de tal vínculo", añade.

"En definitiva, la actuación conjunta de los acusados (...), permitió que TCT, empresa sin capacidad técnica para efectuar ninguno de los trabajos encomendados, se interpusiera innecesariamente y se beneficiara indebidamente con ambas adjudicaciones, obteniendo un beneficio de, al menos, 504.780 euros financiado con los fondos públicos asignados a tales contrataciones", dice el escrito de acusación.