Las pymes madrileñas, ante un año “casi perdido”: suspensión de impuestos o la quiebra

A la crisis sanitaria del coronavirus se suma una no menos preocupante, la económica. Sin despistarse del objetivo principal, salvar vidas y frenar la pandemia, los gobiernos deben dar respuesta a los otros damnificados: negocios que “quedarían fulminados si se paralizan un par de meses y no se flexibilizan los ERTES y se anulan impuestos”. Así lo entiende Dionisio Lara, presidente de la Asociación de Empresarios de Ocio Nocturno de la Comunidad de Madrid -Noche Madrid-, una de las 19 organizaciones de pymes madrileñas que se han unido para solicitar medidas contundentes que les salven de la ruina.

Antonio Villaverde regenta una empresa de transportes que abastece de equipos a gimnasios. Con el cierre de estos por el estado de alarma, su actividad se ha detenido. Sin ingresos en las últimas semanas, no puede eludir el pago de nóminas y el alquiler de una nave. Una situación que se replica en miles de pequeños empresarios y autónomos que afrontan el pago de tributos y salarios con unas cuentas mermadas por el cierre de establecimientos y servicios.

En su gremio, las compañías de mudanzas y de suministros a hoteles y espacios de restauración son las más afectadas. “En principio muchos siguieron trabajando con normalidad, con picos de trabajo enormes por el acaparamiento de productos en los supermercados, pero luego se estabilizó”, relata Villaverde, que también ejerce como presidente de la Asociación de Transportistas Autónomos (ATA).

El Estado los ha declarado servicio esencial, pero con las persianas de sus clientes bajadas se han visto forzados a parar. Por su consideración especial, “llegar a las ayudas del Gobierno es muy complicado”, se queja. De hecho, no pueden pedir el ERTE por anticipado, sino a mes vencido. Los transportistas vivían una etapa de recuperación y esta situación sobrevenida “nos ha partido por completo”, lamenta.

La ATA, que representa a más de 3.000 repartidores y mozos en la región, pide que se elimine el impuesto de circulación, entre otros, y el pago de seguros de los vehículos, así como ser incluidos en las líneas de crédito del Instituto de Crédito Oficial (ICO), que los ha dejado fuera del catálogo de beneficiarios. “No podemos llevar la mochila solo nosotros, la carga económica de la crisis debe repartirse entre todos”, afirma el presidente.

El sector del ocio no puede asegurar el empleo

En una línea similar se pronuncia Dionisio Lara, presidente de Noche Madrid, que aglutina a 120 socios. “Cuando una empresa cierra no hay posibilidad de que se recupere, por eso no se puede solo retrasar pagos sino quitarlos para que salgamos vivos de la crisis”, indica. Una subsistencia que liga a la flexibilización de los ERTES. “No podemos mantener al cien por cien del personal si cuando acabe el estado de alarma tenemos ventas del 20-30 por ciento”, plantea.

La cuarentena ha dejado al sector muy debilitado. Las previsiones de crecimiento para este ejercicio se situaban por debajo de las de 2019 y este escenario inesperado los arrastra a “un año casi perdido”. Al término del confinamiento esperan una recuperación muy paulatina de la clientela: “Hasta que no haya una vacuna habrá temor”. Además, se han mentalizado de que sufrirán reducciones de aforo para evitar grandes concentraciones. Poder “coger o devolver empleados al ERTE durante mínimo un año” les ayudaría a salir a flote, sostiene.

Congelar el alquiler de los locales también contribuiría a no perder tesorería. Lara entiende que los propietarios se resistan a rebajar el precio o cancelar el cobro “porque ellos también necesitan ese dinero para pagar hipotecas y otras cosas”, pero insta al Ejecutivo nacional a compensar a estos caseros para que se lo pongan más fácil y crear así “una cadena lógica de ayuda”.

La recuperación del consumo preocupa en la hostelería

Los hosteleros abordan un problema idéntico, con rentas de sus instalaciones que suponen “entre el 10 y el 15 por ciento de sus gastos generales”, señala Juan José Blardony, director general de Hostelería Madrid, la asociación de este colectivo más representativa de la Comunidad con 3.000 empresas asociadas. En su caso, se han encontrado disparidad de decisiones: unos arrendadores han facilitado reducciones de hasta el 50 por ciento, otros quitas y otros nada.

Como en los espacios de ocio, su capacidad se limitará tanto en el interior de bares, cafeterías y restaurantes como en las terrazas. Los más de 200.000 trabajadores del sector viven con “muchísima incertidumbre” la realidad actual y también el futuro. “Nos preocupa la recuperación del consumo porque somos pymes y autónomos sin músculo financiero”, expone Blardony.

La asociación estima que, “con suerte”, volverán a la normalidad en diciembre y reclama a las autoridades soluciones para “no salir de esta crisis muy endeudados”. Demandan al Ejecutivo una actitud “más activa, protección de los negocios y sensibilidad” no solo en la actualidad sino en los próximos meses una vez dan por perdido el turismo en la región hasta el próximo año.

Problemas de liquidez para los comerciantes

Por su parte, la Asociación de Comerciantes del Barrio de Las Letras considera fundamental la supresión de tributos como el Impuesto de Actividades Económicas (IAE). El Ayuntamiento de Madrid ha ofrecido una bonificación del 25 por ciento del mismo e igual porcentaje de rebaja para el Impuesto de Bienes e Inmuebles (IBI), un gesto que agradecen aunque califican de “simbólico”.

Pascual Medel, portavoz del colectivo, reconoce que “está siendo duro” hacer frente a este parón. El 90 por ciento de sus 300 asociados se han visto obligados a cerrar, con el problema de liquidez que eso conlleva y que “impedirá afrontar el día después”. Por su ubicación estratégica, en el centro de la capital, sus alquileres van desde los 1.500 a las 4.000 euros mensuales -alguno incluso más-. Un desembolso muy elevado para acometer con ingresos cero.

“Sufrimos bastante con el efecto disuasorio de Madrid Central y ahora estábamos repuntando, pero estamos perdiendo la esperanza”, apunta. Para no verse abocados al cierre definitivo, solicitan a la Administración central la supresión del Impuesto de Sociedades y el Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas (IRPF), así como el “absurdo” pago por unas terrazas que no se montan desde el 13 de marzo. “Nos piden solidaridad y que mantengamos las empresas vivas, pero el esfuerzo lo tenemos que hacer todos”, apostilla Medel.

Los campings pierden la temporada alta

También en un estado de paralización total se encuentran los campings madrileños. Una actividad vulnerable por su estacionalidad y que está cosechando importantes pérdidas en temporada alta. La pérdida de la recaudación de la Semana Santa y el Puente de Mayo, con ocupaciones que rondan el 100 por cien en alojamientos y el 90 por ciento en acampada, ya lo han asumido. En este punto, confían en que no les pongan demasiados impedimentos para salvar el verano.

“Esperamos un julio y agosto sin restricciones de apertura de las piscinas, los bares- restaurantes y las actividades multiaventura”, comenta Antonio Gonzalo, secretario de la Asociación Madrileña de Empresarios de Campings (AECM). Para esa fecha, intentarán “rescatar a los empleados de los ERTES”. De los 13 negocios de esta tipología en la Comunidad, la mitad ya se ha acogido a ellos y el resto lo sopesa.

En plena crisis del Covid-19, han depositado sus esperanzas “en las tremendas ganas de salir de la gente tras el confinamiento”. Las reticencias a la concentración de personas en los medios de transporte podrían empujar a los madrileños a quedarse cerca y apostar por este tipo de turismo al aire libre. Entornos naturales en la Sierra Norte y Oeste de la región “donde es más fácil mantener la distancia de seguridad”, recuerdan. Así, desde AECM juegan sus bazas y ya trabajan en medidas en esta línea como comidas take away para comer en caravanas y bungalows o check in y check out por ventanilla.

Medidas económicas ya implantadas y futuras

El Consejo de Ministros aprobó el pasado martes una batería de medidas económicas y sociales que se unen a otras como el pago de la prestación por desempleo a aquellos trabajadores que se vean afectados por ERTES y la prohibición por ley del despido por fuerza mayor y por causas económicas, organizativas, técnicas y de producción. Sin embargo, aún no se han implantado otras normativas tendentes a aliviar el pago de tributos.

Por su parte, la Comunidad de Madrid destinó una partida de 5 millones de euros en ayudas a los autónomos, pero estas se agotaron en una semana y solo dieron cobertura a un 0,003 por ciento de los potenciales solicitantes. No obstante, el Ejecutivo autonómico ya ha planteado asumir la cuota de los autónomos afectados por la crisis del coronavirus de los próximos dos meses. Mientras, el Consistorio de la capital ha avanzado que la próxima semana presentará 50 nuevas medidas económicas.