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BALANCE DEL PRIMER AÑO DE GOBIERNO

Septiembre marcará de nuevo y un año después la estabilidad Ayuso-Aguado
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(Foto: Chema Barroso)

Septiembre marcará de nuevo y un año después la estabilidad Ayuso-Aguado

Díaz Ayuso cumple un año al frente de la presidencia

viernes 14 de agosto de 2020, 07:22h

Hace exactamente un año, Isabel Díaz Ayuso era investida presidenta de la Comunidad de Madrid tras dos jornadas de Pleno de investidura en la Asamblea madrileña que acabaron por registrar 68 votos a favor de su candidatura -correspondientes a los diputados de los grupos parlamentarios Popular, Ciudadanos y Vox- y 64 en contra -procedentes en su totalidad de los grupos parlamentarios socialista, Más Madrid y Unidas Podemos-Izquierda-Unida Madrid en Pie-. Culminaba así un verano que, además de caluroso en lo climático, había dado más de un sofoco en lo político.

Tras largas semanas de negociaciones, finalmente la popular subía a la tribuna del Hemiciclo vallecano el 13 de agosto para inaugurar la primera sesión plenaria que la convertiría en regidora y, durante una hora y 20 minutos, presentar su hoja de ruta para los cuatro años de legislatura. Aquel día, la hoy mandataria enaltecía lo hecho por su partido en los últimos cinco lustros, al tiempo que desgranaba algunas medidas de su programa y dejaba hueco para que al día siguiente Ignacio Aguado, líder de Ciudadanos Madrid, y aquel martes futuro vicepresidente regional, tuviera margen de maniobra para sacar rédito al acuerdo alcanzado entre las dos formaciones para formar el primer Gobierno de coalición de la historia.

Aún con todo, Ayuso no olvidó en su discurso recordar a la formación naranja, que entonces contaba con un importante peso político en la esfera nacional, que no quería un gobierno partido en dos: “Será el esfuerzo común de todo el gobierno lo que nos provea el éxito, no serán las consejerías casillas estancas, ocupadas únicamente de lo que rece el título de su departamento”, dijo Ayuso desde el atril. Y en esas siguen.

Han pasado 12 meses desde aquel día y ese “esfuerzo común” por el que la mandataria regional abogaba sigue siendo el punto más débil del Gobierno que preside. Si bien la institución autonómica -como el resto de las que conforman España- se ha visto golpeada por la llegada de la pandemia de la Covid-19 en los últimos meses y ha tenido que enfrentarse a las diferentes problemáticas que esta ha provocado, la coalición PP-Ciudadanos ha hecho frente varios momentos de tensión que nada tienen que ver con una crisis externa a su propia relación.

De hecho, los recelos hacia la alianza pudieron verse desde el mismo día de la celebración de la toma de posesión del cargo presidencial, el 19 de agosto de 2019 en la Real Casa de Correos de la madrileña Puerta del Sol, cuando ya se apostaba en varios los corrillos sobre la duración de su mandato en vista de las diferencias entre los socios de Gobierno. Pocos días después de que comenzara el curso político, quedó claro que esta iba a ser una legislatura 'movidita'.

Aquel “le pese a quien le pese, y caiga quien caiga” que dijo Aguado un par de meses después respecto al apoyo de su grupo parlamentario a la puesta en marcha de la comisión de investigación de Avalmadrid, una trama que tenía en el punto de mira a Ayuso, fue vista e interpretada como una puñalada a la mandataria. La popular, que hizo su primera aparición pública tras las palabras de sus socio de Gobierno junto al alcalde madrileño, José Luis Martínez-Almeida, a los pocos días, se mostró molesta por las palabras de Aguado públicamente.

Con ese movimiento, Aguado reiteraba que Ciudadanos no iba a permitir "un atisbo de corrupción" en el nuevo Gobierno regional y marcaba posiciones frente al PP, aunque posteriormente -y pasadas las elecciones nacionales del 10N que llevaron a la dimisión de Albert Rivera- su partido se negó a llamar a declarar a Ayuso en la citada comisión. El asunto de Avalmadrid fue el primero que dio muestras tácitas de que la unión tiene mucho más de conveniencia que de amor, por mucho que unos y otros nieguen constantemente la existencia de un problema evidente.

Sin llegar nunca la sangre al río, medios de comunicación han sido testigos de varias zancadillas por parte de unos u otros, como a la hora de llevar a cabo los anuncios del Ejecutivo. Por el ejemplo, aquella cuando un patio de colegio madrileño fue testigo de la sorpresiva aparición de un vicepresidente trajeado y citado para otra convocatoria poco antes en otro municipio madrileño, mientras el consejero de Educación, Enrique Ossorio, y la presidenta de la Comunidad esperaban en chándal a que sonaran las campañas del recreo para presentar la Tercera hora de Educación Física. Aquella iniciativa, si bien dependía de la citada área de Gobierno, había sido previamente ideada por Ciudadanos, a quien no habían invitado al evento.

Varios traspiés después, y con Twitter como aliado, el patio interior de la Real Casa de Correos acogió el acto de celebración de los 100 días de Gobierno. Aquella mañana, los invitados y la prensa acreditada fueron testigos de un fingido equilibrio entre las dos formaciones, escenificado en dos intervenciones principales, la de Ayuso y la de Aguado, en las cuales cada uno se dedicó a alabar sus propias propuestas e iniciativas. Ni un solo guiño de unos hacia otros, ni siquiera entre los propios consejeros, quienes incluso se vieron incómodos unos junto a otros.

El Gobierno da por cumplidos o en trámite el 80% de sus compromisos

La Comunidad de Madrid cifra en alrededor de un 80 por ciento el grado de ejecución de su programa de Gobierno este primer año de legislatura. Tal y como informaba esta semana la consejera de Presidencia, Eugenia Carballedo, de las 155 medidas acordadas por el Partido Popular y Ciudadanos, a día de hoy 123 se dan por cumplidas o en trámite.

Durante sus primeros 12 meses de gestión el Gobierno bicolor ha realizado 1.549 actuaciones, la mitad de ellas correspondientes a las consejerías de Sanidad, Educación y Políticas Sociales. En conjunto, se han invertido 8.800 millones de euros, un 40 por ciento del presupuesto regional anual.

En cuanto a la actividad parlamentaria, el Gobierno de Ayuso ha respondido a más de 10.000 iniciativas entre orales y escritas y sus miembros han comparecido en 407 ocasiones tanto en el Pleno como en las comisiones. A pesar del volumen, "muy superior en la presente legislatura", alrededor del 95 por ciento de las contestaciones se han remitido dentro del plazo de vencimiento.

Al respecto puede decirse que, hasta la llegada de la crisis sanitaria del coronavirus, la relación entre unas y otras consejerías se había mantenido al margen. Sin embargo, las reticencias entre PP y Ciudadanos sobrepasaron los límites marcados entre la Puerta del Sol y la calle Pontejos cuando la presidenta regional decidió quitar las competencias a Alberto Reyero (Ciudadanos), consejero de Políticas Sociales, para crear un mando único de gestión de la pandemia con base en la Consejería de Sanidad, con el popular Enrique Ruiz Escudero a la cabeza.

A partir de ese momento salieron a la luz varios cruces de declaraciones públicas sobre la medicalización de las residencias y los motivos de las más de 6.000 muertes registradas en estos centros durante la pandemia, un encontronazo que llegó a plantear la posibilidad de un nuevo 'tamayazo' en la Asamblea de Madrid cuando la izquierda solicitó reprobar a Ruiz Escudero. Si bien no fue así, durante este periodo la consejería de Ciudadanos publicó "por error" un contrato que afectaba a Room Mate, la cadena hotelera en la que se alojó la presidenta durante la pandemia por un precio muy inferior a lo correspondiente a la condiciones de lujo en las que se encontraba.

Sin embargo, para entonces Isabel Díaz Ayuso ya contaba con una de sus principales armas: Miguel Ángel Rodríguez. El polémico asesor del Partido Popular llegaba con un redoble de tambores -de guerra- al puesto de jefe de gabinete de la presidenta en enero de 2020 para sorpresa del consejo de Gobierno de la Comunidad de Madrid, o por lo menos de la parte naranja. Mano derecha de José María Aznar, Rodríguez criticó abiertamente a Ciudadanos en varias ocasiones, incluso llegando a llamar al expresidente regional y actual consejero de Ciudadanos, Ángel Garrido, “tránsfuga de mierda”.

Con este escenario, el Gobierno regional se enfrentó a la pandemia asegurando “la unidad” -que no hubo, vista problemática entre Políticas Sociales y Sanidad- en un momento tan delicado para los madrileños, una actitud que mantuvieron cuando llegó la hora de hablar de la reconstrucción de la región tras el paso del Covid19. En primer lugar, en el debate sobre el paso de fase de la región -abordado en el Consejo de Gobierno del 5 de mayo- partidarios y detractores de este avance no llegaban a un acuerdo. Mientras Ayuso consideraba que todavía no se daban las condiciones para ese paso a partir del 11 de mayo, el vicepresidente regional aseguraba que Madrid estaba ya preparada, lo que finalmente desembocaba en la dimisión de la Directora de Salud Pública de la Comunidad de Madrid.

Con la mar revuelta en la Puerta del Sol, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y la líder de Ciudadanos, Inés Arrimadas, alcanzaban un acuerdo para prorrogar otros 15 días el estado de alarma en lo que se leyó como un apoyo más leal de lo esperado. Este movimiento daba paso a rumores de posibles “acuerdos secretos” entre Arrimadas y Sánchez sobre el Gobierno de la Comunidad de Madrid, como una moción de censura pactada entre Aguado y Gabilondo, o un adelanto de elecciones por parte de Ayuso para quedarse con el poder total.

Aguado mostró cercanía con el resto de agrupaciones políticas opositoras al instarles, contrariamente a lo indicado por la presidenta regional, a debatir conjuntamente la recuperación de la región. La reunión tuvo lugar en la sede de la Vicepresidencia, en la calle Pontejos, y en ella estuvieron todos los portavoces parlamentarios a excepción de Rocío Monasterio, líder de Vox, quien declinó la propuesta alegando que no respondían a llamados de Aguado sino a los del Gobierno en su conjunto. Y he aquí otra clave de esta historia: Vox.

Reducción de consejerías

Las diferencias a la hora de tratar con el partido de ultraderecha ha sido motivo de discrepancia entre los socios de Gobierno desde antes de que ambos firmaran el pacto de los 155 puntos. Tras la celebración de las elecciones regionales, los naranjas habían vetado en un hipotético equipo de Gobierno a los de Vox. Estos, por su parte, se negaron a negociar un posible pacto con nadie hasta que no viera cumplido el acuerdo alcanzado en el Ayuntamiento de la capital e impusieron como obligatoria la firma a tres bandas de un acuerdo de Gobierno y un programa único pactado entre los tres partidos para lograr la mayoría necesaria, con lo que obligaban a Ciudadanos a negociar con ellos. Sin embargo, y después de varias semanas, Monasterio hizo concesiones y renunció a gran parte de sus pretensiones iniciales para facilitar la formación de Gobierno.

Una de dichas pretensiones fue precisamente la de la reducción del número de Consejerías: la líder madrileña de Vox siempre ha criticado la presencia de “chiringuitos ideológicos” en las administraciones madrileñas, así como ha insistido en la necesidad de “reducir el gasto político ineficaz para tener recursos para lo que de verdad importa", como la Educación, la Sanidad y la Dependencia. Ya en octubre de 2019 la Asamblea de Madrid se negó a aprobar una Proposición No de Ley (PNL) de Vox por la que los de Monasterio instaban a eliminar altos cargos y consejerías en el Gobierno de la Comunidad de Madrid con medidas como "que no haya viceconsejerías, que no haya directores generales", como dijo Monasterio.

El PP indicó entonces que se trataba de una propuesta “extravagante” puesto que la “austeridad” solicitada por Vox se traduce en un incremento de los directores, que llegarían a 72, y de los subdirectores, cuyo número en el Gobierno de la Comunidad ascendería hasta 82. Asimismo, se indicó que la propuesta contaba con una “intención populista y demagógica” y “falta de conocimientos de la propia Adminsitración pública” por parte de los de Monasterio.

Sin embargo, un año después de que Ayuso asumiera la presidencia, con un grave distanciamiento entre los socios de Gobierno y con los Presupuestos de 2019 aún rigiendo las cuentas de la Comunidad, un acercamiento a Vox -que el PP nunca ha llegado a dejar de lado- parece la mejor idea para asegurar un futuro digno. Así, el consejero de Hacienda y Función Pública, Javier Fernández-Lasquetty, indicaba en una entrevista a la agencia EFE esta semana que "empezaremos a hablar con Vox a finales de septiembre, cuando ya vayamos teniendo armado un presupuesto" y, entonces, "veremos qué planteamientos se hacen por ambas partes", pero, ahora, es "pronto" para identificar "líneas rojas".

Conocedores de la fecha, y a pesar de las palabras de Fernández-Lasquetty sobre la prematura determinación de las líneas rojas, Isabel Díaz Ayuso ya indicó en la Asamblea de Madrid a Monasterio que le daba su “palabra de honor de que lo reduciré”, respondiendo así a una pregunta de la portavoz del grupo parlamentario de Vox sobre si iba a reducir su Consejo de Gobierno y gasto político. Por ese motivo, y vista la crisis de Gobierno que existe entre PP y Ciudadanos, Ayuso habría aceptado una remodelación de carteras en estos términos.

Tal y como indican los mentideros, las consejerías de Cultura (Ciudadanos), Universidad (Ciudadanos), Presidencia (Partido Popular) y Vivienda (Partido Popular) ya estarían en el punto de mira de esta reorganización cuyo calado desconoce Ciudadanos, tal y como reconoció a Onda Madrid el consejero de Políticas Sociales, Alberto Reyero. El de la formación naranja afirmaba que “no conoce más sobre una potencial remodelación de Gobierno regional que lo que lee en la prensa”, apuntando que en cualquier caso le “gustaría seguir en el Ejecutivo”. Reyero remarcaba que remodelar el gobierno es una competencia de la presidenta y que consideraba que sería ella quien tomaría las decisiones oportunas.

Sin presupuestos ni leyes en un año

En cualquier caso, no cabe duda que las tensiones entre los miembros de la coalición y la irremediable necesidad de contar con los votos de Vox ha frenado la producción legislativa del actual Gobierno de la Comunidad de Madrid. Un año después de la investidura, la unión Ayuso-Aguado no ha sacado adelante ninguna ley, de hecho solo ha remitido un proyecto legal a la Asamblea de Madrid, el cual permanece en suspenso ante la negativa de Vox. A cambio, en este último año se han dado más de una docena de ceses en el Ejecutivo regional.

Si bien se ha de tener en cuenta la interrupción de la actividad parlamentaria y gubernamental a causa de la pandemia del coronavirus, es innegable que algo pasa cuando se aprecia que en los periodos de agosto-marzo -haciendo la consideración de que el pasado marzo se dio el inicio de la pandemia de la Covid-19 en España y se dejó de lado la actividad parlamentaria-, en el primer año de legislatura del Gobierno de Cifuentes se tramitaron y aprobaron 13 leyes. Si se hace la comparación con el mismo periodo del último año de Esperanza Aguirre como mandataria regional, entre agosto de 2011 y marzo de 2012 se aprobaron tres leyes.

Por ello, la crisis interna de Gobierno, más allá de los chismes, cotilleos y movimientos políticos al más puro estilo Juego de Tronos, ha dado poco más por el momento. Ni complejidad ni unidad, ni tampoco leyes ni presupuestos.

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