Isabel Díaz Ayuso se enfrenta esta semana a su primer Debate sobre el Estado de la Región desde que fuera investida presidenta regional, hace poco más de un año. Con el discurso de este lunes hará balance de su primer año al frente del Ejecutivo madrileño, que comparte con sus socios de Ciudadanos, no sin polémica.
El Debate sobre la Orientación Política General del Consejo de Gobierno, como realmente se denomina a la celebración parlamentaria, tiene carácter anual y debe celebrarse la primera quincena del periodo de sesiones ordinarias comprendido entre septiembre y diciembre. Únicamente el año de las elecciones autonómicas no tiene lugar, por lo que este será el primero de Díaz Ayuso como mandataria a pesar de llevar más de un año en la Presidencia.
Tal y como se recoge en el Artículo 219 del Reglamento de la Asamblea de Madrid, el debate comenzará el lunes, a las 12 horas, con la intervención de la presidenta regional, quien no tendrá límite de tiempo en la tribuna. De la misma manera que sucediera en el pleno extraordinario celebrado el pasado mes de abril sobre la gestión del Ejecutivo regional de la crisis del Covid-19 en la Comunidad, Isabel Díaz Ayuso expondrá a los diputados las líneas políticas de su Gobierno durante este primer año de mandato, así como explicará las medidas que el Consejo de Gobierno considera para los próximos meses.
Tras su intervención, el presidente de la Cámara, Juan Trinidad, suspenderá la sesión por un tiempo no inferior a 12 horas ni superior a 24. En la misma línea que en los últimos plenos celebrados en la Cámara regional, y siguiendo las estrictas medidas de seguridad impuestas por la pandemia, el número de personas que contarán con autorización para estar en el interior de las instalaciones será reducido. El número de diputados presentes también será mermado, no se permitirá el acceso de ningún invitado y los medios de comunicación tendrán acceso al Parlamento vallecano bajo acreditación previa y con un número limitado de periodistas y fotógrafos por medio.
Además de defender el trabajo de los primeros 13 meses de Gobierno, se espera que Ayuso anuncie nuevas medidas encaminadas a conseguir un impulso en la aprobación de los Presupuestos de 2021. No cabe duda de que las tensiones entre los miembros de la coalición y la irremediable necesidad de contar con los votos de Vox ha frenado la producción legislativa del actual Gobierno de la Comunidad de Madrid. Más de un año después de la investidura, la unión Ayuso-Aguado no ha sacado adelante ninguna ley, de hecho solo ha remitido un proyecto legal a la Asamblea de Madrid, el cual permanece en suspenso ante la negativa de Vox. A cambio, en este último año se han producido más de una docena de ceses en el Ejecutivo regional.
Trabas en el camino
Teniendo en cuenta la interrupción de la actividad parlamentaria a causa de la pandemia del coronavirus, es innegable que algo pasa cuando se aprecia que en los periodos de agosto-marzo, el gobierno regional y su crisis interna ha puesto de manifiesto la poca cercanía y unidad para aprobar leyes o presupuestos. Si echamos la vista atrás, en la legislatura del Gobierno de Cifuentes, se tramitaron y aprobaron 13 leyes. Si se hace la comparación con el mismo periodo del último año de Esperanza Aguirre como mandataria regional, entre agosto de 2011 y marzo de 2012 se aprobaron tres.
De hecho, el 2020 va a cerrarse con los presupuestos diseñados para 2019 por el expresidente Ángel Garrido, hoy en las filas de Ciudadanos. Lo que sigue estando claro es que para sacar unas cuentas adelante, Ayuso y Aguado deberán contar con los 12 votos favorables del Grupo Parlamentario Vox, liderado por Rocío Monasterio. Estos dispusieron la llave para la conformación de Gobierno y, desde el inicio de la legislatura, los de Vox han dejado claro que no será a cambio de nada. Si en un principio golpearon fuerte con su propuesta de imponer un ‘pin parental’ en los centros educativos, desde la llegada de la pandemia sus esfuerzos se han centrado en solicitar la reducción de los ‘chiringuitos ideológicos’ y una redistribución del dinero en tres áreas principales: Sanidad, Educación y Políticas Sociales.
En estas líneas, durante meses se ha valorado -y comprobado, en algunas ocasiones- un acercamiento a Vox por parte del Gobierno. Los populares nunca han llegado a dejar de lado esta cercanía a pesar de sutiles reproches. El consejero de Hacienda y Función Pública, Javier Fernández-Lasquetty, indicaba en una entrevista a la Agencia EFE a finales del mes de agosto que empezarían "a hablar con Vox en septiembre, cuando ya vayamos teniendo armado un presupuesto" y, entonces, "veremos qué planteamientos se hacen por ambas partes", pero, ahora, es "pronto" para identificar "líneas rojas".
Conocedores de la fecha, y a pesar de las palabras de Fernández-Lasquetty sobre la prematura determinación de las líneas rojas, Isabel Díaz Ayuso ya indicó en la Asamblea de Madrid a Monasterio que le daba su “palabra de honor de que lo reduciré”, respondiendo así a una pregunta de la portavoz del grupo parlamentario de Vox sobre si iba a disminuir su Consejo de Gobierno y gasto político. Por ese motivo, y vista la crisis de Gobierno que existe entre PP y Ciudadanos, Ayuso podría haber aceptado una remodelación de carteras en estos términos.
Tal y como indican los mentideros, las consejerías de Cultura (Ciudadanos), Universidad (Ciudadanos), Presidencia (Partido Popular) y Vivienda (Partido Popular) ya estarían en el punto de mira de esta reorganización cuyo calado desconoce Ciudadanos, tal y como reconoció a Onda Madrid el consejero de Políticas Sociales, Alberto Reyero, sobre quien pesa la petición de destitución de Vox. El de la formación naranja afirmaba que “no conoce más sobre una potencial remodelación de Gobierno regional que lo que lee en la prensa”, apuntando que en cualquier caso le “gustaría seguir en el Ejecutivo”. Reyero remarcaba que remodelar el gobierno es una competencia de la presidenta y que consideraba que sería ella quien tomaría las decisiones oportunas.
A todo ello se suma, además, la incendiaria posibilidad de una moción de censura. Si bien durante el año se ha hablado en varias ocasiones sobre el tema en los medios de comunicación, el pasado 12 de agosto el líder de la oposición y portavoz del Grupo Parlamentario Socialista, Ángel Gabilondo, amenazó con una moción de censura contra Ayuso ante su “incapacidad” y la “improvisación” de su Gobierno en la gestión del coronavirus. En particular, Gabilondo se pronunció tras privatizar el servicio de rastreo en la Comunidad de Madrid ante la decisión del Ejecutivo regional de ocupar dichas las plazas durante meses, llegando incluso a pedir voluntarios a la Universidad Complutense.
Sin embargo, el pasado miércoles el vicepresidente de la Comunidad de Madrid y Portavoz del Ejecutivo regional, Ignacio Aguado, rechazó en todo momento durante su intervención en la rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno hacer declaraciones sobre las palabras que el día anterior realizó el secretario general del PSOE-M y Delegado del Gobierno en Madrid, José Manuel Franco, indicando que por “higiene democrática” estarían dispuestos a otorgar la Presidencia al de Ciudadanos en vez de a un socialista en una posible moción de censura.
Después de muchas preguntas de los medios de comunicación sobre el tema, y cuestionado directamente sobre si rechaza o no el ofrecimiento del PSOE de convertirle en presidente de la Comunidad de Madrid a cambio de modificar el Gobierno, una pregunta “que es contestada con un sí o un no”, el vicepresidente Aguado reiteró que “con todo el respeto, creo que ya he respondido claramente al respecto y no me gustaría dedicar ni un segundo más a un asunto que no considero prioritario para los madrileños”, cerrando la puerta al tema a menos de una semana del Debate del Estado de la región.
Segunda sesión del debate
Tras comparecencia de Ayuso y reanudada la sesión al día siguiente, a las 10 horas, se dará paso a la intervención de un representante de cada Grupo Parlamentario que lo solicite, por un tiempo máximo de treinta minutos. La intervención de los portavoces en este turno seguirá el siguiente orden: tomará la palabra en primer lugar el representante del Grupo Parlamentario mayoritario de la oposición; seguidamente intervendrán los Portavoces de los demás Grupos de la oposición, de mayor a menor, cerrándose el turno con la intervención del representante del Grupo Parlamentario que apoye al Gobierno.
En este caso, el orden marcado por el número de diputados correspondiente a cada grupo en el Hemiciclo será: Grupo Parlamentario Socialista de Madrid (37 escaños), Grupo Parlamentario Más Madrid (20 escaños), Grupo Parlamentario Vox (12 escaños), Grupo Parlamentario Unidas Podemos - IU (7 escaños) y, por último, los dos socios de Gobierno, Grupo Parlamentario Ciudadanos (26 escaños) y Partido Popular (30 escaños). A sus cuestiones, la mandataria regional podrá contestar individualmente, por un tiempo máximo de cuarenta y cinco minutos, o de forma global, por un tiempo máximo de noventa minutos.
Asimismo, los representantes de los Grupos Parlamentarios tendrán derecho a réplica por quince minutos cada uno. Una intervención final de Isabel Díaz Ayuso cerrará el debate, disponiendo de quince minutos si interviene en dúplicas individualizadas o de treinta minutos si toma la palabra de forma global.
A continuación, se abrirá un plazo máximo de sesenta minutos durante el cual los Grupos Parlamentarios podrán presentar ante la Mesa de la Asamblea propuestas de resolución escuetas, un máximo de cinco por cada grupo, formalizadas sin exposición de motivos o introducción, hasta un máximo de cinco propuestas de resolución por cada Grupo Parlamentario. La Mesa de la Cámara procederá a la calificación, resolución sobre la admisión o inadmisión a trámite y decisión de la tramitación de las propuestas, admitiendo a trámite únicamente aquellas que sean escuetas y congruentes con la materia objeto del debate.
Las propuestas de resolución admitidas a trámite podrán ser defendidas por los Grupos Parlamentarios durante un tiempo máximo de diez minutos. Y tras un breve receso, las propuestas de resolución serán sometidas a votación según el orden que resulte de la importancia numérica en la Asamblea de los Grupos Parlamentarios que las hubieran presentado, de mayor a menor.
Visión de los grupos
Desde el Grupo Parlamentario Unidas Podemos - IU, su portavoz adjunto, Jacinto Morano, indica a Madridiario que sienten que se llega a esta cita “con nuestra región en un estado alarmante”. Para el de Podemos: “Hemos vivido una pandemia con los servicios públicos más debilitados”, y asegura que “el hecho de ser la Comunidad que menos porcentaje de su PIB destina a la inversión pública se ha notado en nuestra sanidad, nuestra educación y nuestros servicios sociales”.
"El gobierno de Isabel Díaz Ayuso e Ignacio Aguado no ha estado a la altura de la situación, pero no tiene ningún descaro en, en momentos tan difíciles, profundizar en su modelo de ladrillazo y especulación con la ley del suelo o en mantener sus regalos fiscales a las grandes fortunas” mientras, sostiene, “el Gobierno del Estado, que no tiene competencias legales, es el que pone toda la inversión en servicios públicos”.
Así, el de la formación morada insiste a este diario en que “Madrid necesita un cambio urgente”, al tiempo que lamenta que “por desgracia Ciudadanos y el PP están muy a gusto con el apoyo de Vox. Son las tres caras del mismo tetraedro. La cuarta son las grandes fortunas y los especuladores, que siempre ganan con los gobiernos de la derecha madrileña", subraya.
En la misma línea, Pablo Gómez Perpinyà, portavoz del Grupo Parlamentario Más Madrid, indica a Madridiario que el debate del estado de la región se va a celebrar “en medio de una segunda ola en la que Madrid vuelve a ser el epicentro de la pandemia”, por lo que considera que “lo que se va a examinar es la responsabilidad y la aptitud de Ayuso como presidenta para gestionar esta grave situación”.
Desde el Grupo Más Madrid hacen hincapié en que “hay un claro contraste entre el esfuerzo titánico que está haciendo la sociedad madrileña para salir adelante y el charco de improvisaciones, ocurrencias y promesas fallidas de la presidenta Ayuso”, por lo que desde sus filas guardan intención en el debate de “denunciar lo que consideramos un gobierno desastroso e incompetente, que se ha demostrado un peligro para la salud de los madrileños y al que necesitamos sacar de la Puerta del Sol cuanto antes”.
Todo lo contrario, como era de prever, es la visión del portavoz del Grupo Parlamentario Popular, Alfonso Serrano. El diputado sostiene que desde su formación afrontan este debate “con muchísima responsabilidad”. Serrano recalca que hace un año “nadie pensaba que íbamos a tener que afrontar un debate del Estado de la Región, el primero de esta legislatura, con unas circunstancias como las actuales”, y asegura que “hay motivos para sentirnos satisfechos con el trabajo que ha llevado a cabo el Gobierno”.
“La Comunidad de Madrid, evidentemente, no está pasando por su mejor momento, como muchas otras regiones de España que también se han visto fuertemente afectadas por el impacto de la Covid, y todo esto deberá ser analizado en el debate. Esperemos que los grupos de la oposición, como siempre, no lo utilicen para aprovechar y tratar de derrocar a un Gobierno sino para proponer y hacer un diagnóstico claro y responsable de cuál es la situación actual de la Comunidad de Madrid”, comenta el popular. “Tenemos total confianza en el Gobierno del Partido Popular y Ciudadanos, y lo que lamentamos es que enfrente vamos a vivir una yincana para ver quién hace el insulto más soez contra la presidenta”, sentencia.
César Zafra, portavoz del Grupo Parlamentario Ciudadanos, indica a este diario que desde su formación afrontan el debate "conscientes de que la prioridad son los madrileños". Tal y como indica, "el Gobierno regional está poniendo todos sus recursos para luchar contra el Covid-19 y solucionar los problemas de las familias, los autónomos, las empresas y los ayuntamientos de la región", por lo que asegura que "nada debe distraernos del objetivo de que Madrid se reactive y que vuelva a liderar el bienestar y el crecimiento en España". Asimismo, cuenta que "esperamos que la oposición lo entienda así también y que tenga una postura responsable. De lo contrario, le estará haciendo un flaco favor a la recuperación y a los madrileños", dice.
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