"La Sala, sin verter consideración alguna acerca del nuevo modelo de gestión sanitaria elegido, ni sobre cuestiones que excedan del objeto del recurso o sobre la bondad de un sistema de gestión sobre otro, ya que ello excede de su competencia, considera que la modificación del sistema de gestión de la atención sanitaria especializada de seis hospitales es de unas dimensiones tan extraordinarias (...) que harían muy difícil, sino imposible, (...) volver a la situación anterior, por lo que la no adopción de la medida solicitada haría que el recurso pudiera perder su finalidad legítima, creándose situaciones jurídicas irreversibles", reza el auto, de 24 páginas, correspondiente al recurso interpuesto por la Asociación de Facultativos Especialistas de Madrid (Afem).
La convocatoria suspendida corresponde a la resolución de 30 de abril de 2013, por la que se publicaba el concurso de licitación del contrato correspondiente a la privatización de los servicios sanitarios de los hospitales universitarios Infanta Sofía (San Sebastián de los Reyes), Infanta Leonor (Vallecas), Infanta Cristina (Parla), del Henares (Coslada), del Sureste (Arganda del Rey) y del Tajo (Aranjuez).
La Comunidad de Madrid alegaba "la imposibilidad de suspender un acto administrativo ya ejecutado", puesto que la adjudicación de los seis hospitales ya se había realizado. Los contratos que se tienen que firmar tras la adjudicación, sin embargo, aún no se han firmado. Sanidad además justificaba el plan amparándose en la necesidad de ahorro: "Se pretende mantener la estructura sanitaria de la Comunidad y los principios que la informan al tiempo que se hace frente a los efectos que sobre la Hacienda Autonómica comporta la situación de crisis vivida que se traduce en una disminución de los ingresos públicos disponibles". El departamento dirigido por el consejero Javier Fernández-Lasquetty cifraba el perjuicio económico que conllevaría la suspensión del proceso en 65.207.185 euros y solicitaba a Afem hacerse cargo del mismo. El TSJM ha desestimado esta solicitud.
En cuanto al aspecto formal de la resolución, la Sala entiende que la modificación que la Administración realizó al introducir el término "anual" en los pliegos (y que conlleva que los adjudicatarios tendrían mayores ventajas económicas) varía "sustancialmente" las condiciones de los contratos. En la modificación se explicaba que esta fianza pasaba de ser del 5 por ciento del importe de adjudicación del contrato al 5 por ciento del importe anual de adjudicación del contrato: "Varía sustancialmente según sea del 5 por ciento del importe total de adjudicación del contrato (diez años de ejecución) o del importe anual (deduciblemente con referencia al primer año)", reza el escrito, que también tiene en cuenta el hecho de que este cambio se produjo cuatro días antes de la finalización del plazo de presentación de ofertas, lo que podría haber afectado a la "libre concurrencia competitiva".
Por otro lado, Afem pedía al TSJM la suspensión del proceso no solo hasta que hubiera sentencia firme por dicho Tribunal, sino también hasta que finalizaran las actuaciones jurisdiccionales penales incoadas por Auto del Juzgado de Instrucción nº 4 de Madrid, que decretó la suspensión cautelar del proceso la semana pasada, y el recurso que se está tramitando en el Tribunal Constitucional. Esta solicitud ha sido desestimada.
Este mismo tribunal paralizó el proceso el pasado 10 de julio por un recurso del Partido Socialista de Madrid (PSM), suspensión que duró solo dos semanas, al entender los jueces que los seis diputados socialistas no ostentaban un "interés legítimo" como demandantes.
Tras conocer el auto, la Consejería de Sanidad ha criticado el "carrusel de medidas contradictorias" que genera "confusión" e "inseguridad jurídica". En este sentido, ha indicado que también afecta al "esfuerzo que está haciendo" la Consejería por "mantener y mejorar la sanidad pública de la máxima calidad" y ser "capaz de seguir avanzando en un tiempo de profunda crisis económica".Por su parte, Afem celebra que los jueces hayan puesto "el foco en las personas y no en el dinero". Este sindicato, el más activo de la 'marea blanca', acaba de cambiar de bufete de abogados para, según dicen, mejorar su defensa jurídica.
LEA LA RESOLUCIÓN DEL TSJM
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