En el plano social, 2024 ha estado marcado, sin duda, por el complejo acceso a la vivienda, problema que afecta a miles de españoles, concretamente a los más jóvenes, que ven cada vez más difícil poder emanciparse.
El racismo ha estado muy presente también este año, sobre todo en el fútbol, y en el plano de Igualdad se ha destapado uno de los casos de abuso sexual más importantes: el ‘Caso Errejón’.
La vivienda, un quebradero de cabeza
El problema de la vivienda ha supuesto este año un quebradero de cabeza para inquilinos y administraciones, las cuales han tratado de paliar como pueden esta dificultad de acceder a una vivienda digna con diferentes planes.
El Ayuntamiento de Madrid ha apostado por el alquiler asequible este año, con algunas promociones como la de La Rosilla o en El Cañaveral, que llegan de la mano de la EMVS, o la rehabilitación de pisos adheridos al Plan REVIVA.
Por su parte, la Comunidad ha impulsado viviendas del Plan Vive en algunas localidades, como, por ejemplo, Alcorcón o Tres Cantos. También se ha aprobado la ley que permitirá construir 20.000 viviendas en suelo para oficinas y la nueva convocatoria de ayudas para el alquiler, con un presupuesto de 200 millones de euros.
A lo que ambas administraciones se resisten es a declarar zonas tensionadas. José Luis Martínez-Almeida, alcalde de Madrid, admitía que la situación en la capital “es grave”, pero rechaza declararla como zona tensionada para topar los alquileres.
Asimismo, Jorge Rodrigo, consejero de Vivienda, Transportes e Infraestructuras, aseguraba en el mes de febrero que la Comunidad de Madrid no declarará "ninguna zona tensionada" en la región, a pesar de pedirlo en diversas ocasiones muchos alcaldes y de los incentivos del Ministerio de Vivienda y Agenda Urbana.
A lo que sí se ha puesto coto es a las viviendas de uso turístico (VUT), poniéndose Madrid firme con la congelación de nuevas licencias y endureciendo sanciones. Y es que afectados han denunciado este año que existen más de 10.000 pisos ilegales, contabilizando el Ayuntamiento de Madrid que solo 1.000 cuentan con permiso en la capital.
A pesar de estas medidas, los inquilinos reclaman un tope al precio de los alquileres. Madrid es la segunda región donde más han subido los precios y, aunque la tasa de emancipación juvenil ha subido, estas personas deben destinar el 100% de sus ingresos al alquiler. Hartos de esta precaria situación, más de 22.000 personas acudieron a la manifestación 'La vivienda es un derecho, no un negocio', que tuvo lugar el 13 de octubre.
Los realojos de la Cañada Real
La Cañada Real sigue siendo, un año más, tema candente, cuyo futuro se ha ido decidiendo en los despachos. El Ministerio de Vivienda y Agenda Urbana, la Consejería de Medio Ambiente, Agricultura e Interior de la Comunidad de Madrid, la Delegación de Gobierno en Madrid y los ayuntamientos de Madrid y Rivas Vaciamadrid consensuaron en el mes de marzo un protocolo de actuación para la puesta en marcha de un Plan Extraordinario de realojos en la Cañada Real Galiana.
Este protocolo se firmó en el mes de abril, incluyendo el realojo de más de 1.600 familias vulnerables con un presupuesto de 330 millones a repartir en los próximos diez años; la puesta en marcha de planes formativos y de empleo; el derribo de las infraviviendas y construcciones ilegales en todas las secciones en las que se divide el asentamiento, así como las actuaciones correspondientes en materia de rehabilitación edificatoria y regeneración urbana.
Mientras las administraciones trabajaban para ponerle fin a esta zona de infravivienda en Madrid, los vecinos de la Cañada sumaban este 2024 nada más y nada menos que cuatro años sin luz. Es por esta situación que España ha sido condenada por el Consejo Europeo al considerar la vulneración de derechos fundamentales de los habitantes de los sectores V y VI, los cuales denuncian también “desalojos forzosos” contra la voluntad de los propios residentes, y que vienen mediados por la amenaza de acometer “derribos ilegales”.
Para paliar esta situación, desde Rivas-Vaciamadrid propusieron un consorcio entre administraciones que, en palabras de la alcaldesa Aída Castillejo, haga “posible que la solución a Cañada se agilice para garantizar el derecho a una vivienda digna cuanto antes, al tiempo que también se garantiza el suministro eléctrico hasta que finalice el conjunto de realojos”.
Un nuevo año con el feminismo dividido
El 2024 ha evidenciado una vez más la división que existe en el feminismo con las dos manifestaciones que han tenido lugar tanto en el 8-M como en el 25-N.
También ha quedado en evidencia el apoyo desde las administraciones a la mujer, con actos como la eliminación de los puntos violeta en las fiestas de Valdemoro, su conversión en ‘puntos blancos’ en Galapagar, la resistencia de los municipios a adherirse al sistema VioGén o las palabras de la presidenta de la Comunidad, que afirmaba el 8 de marzo: “No sé cuándo se celebra el Día del Hombre”.
Todas estas noticias llegan en un contexto en el que Madrid es la región española con mayor brecha salarial, según UGT. Y es que las españolas tendrían que ganar un 18,6 por ciento más para igualar su salario medio al de los hombres, según CCOO.
En cuanto a violencia de género, la Policía Municipal de Madrid detuvo o imputó en 2023 a 427 personas por este hecho, tal y como difundieron tras el 8-M. Investigó además a 943 personas relacionadas con delitos de violencia de género y 48 por abusos y/o agresiones sexuales.
La izquierda, sacudida por el ‘Caso Errejón’
Uno de los casos de acoso sexual que más ha dejado en shock, sobre todo a la política, ha sido el conocimiento de una denuncia interpuesta por la actriz Elisa Mouliaá en la que acusa al ya ex político Íñigo Errejón de abusar de ella sexualmente en un encuentro que ambos tuvieron.
La noticia sentó como un jarro de agua fría en las filas de Sumar y Más Madrid, provocando una crisis que derivó en el cese de Loreto Arenillas y la rueda de prensa de Manuela Bergerot, Rita Maestre –que fue pareja de Errejón– y Mónica García para dar explicaciones sobre el suceso.
A la denuncia de Mouliaá se sumó días después la de la colaboradora televisiva, Aída Nízar. Sobre toda esta polémica habló Rita Maestre, portavoz de Más Madrid en el Ayuntamiento de la capital, en el programa Salvados de La Sexta.
A mediados de noviembre, la causa abierta contra Errejón se archivó temporalmente por el juez Adolfo Carretero, a la espera del regreso de la abogada de Mouliaá de su baja médica. Un día después, el expolítico pidió la reapertura para "exponer la realidad de los hechos".
Los cambios en la ‘Ley Trans’ madrileña
El colectivo trans ha estado un año más en el punto de mira. A finales de 2023, la Asamblea de Madrid daba luz verde a modificaciones en las leyes Trans y LGTBI de la región. Este polémico cambio llega en un contexto aterrador para las personas LGTBI: los incidentes de LGTBIfobia aumentaron un 20 por ciento en Madrid el año pasado y, durante su primer año de puesta en marcha, el 028, teléfono para víctimas de LGTBIfobia, recibió casi 10.000 llamadas.
A comienzos de abril, el Defensor del Pueblo recurrió la modificación de la Ley Trans al considerar que "patologiza a los menores y vulnera sus derechos a la intimidad y al libre desarrollo de la personalidad". Un mes después, el Tribunal Constitucional admitió a trámite este recurso y en el mes de julio, hizo lo mismo con el recurso de inconstitucionalidad presentado por el Gobierno de España.
Es por esto que el propio Grupo Parlamentario Popular decidió presentar modificaciones sobre su propio texto, eliminando la necesidad de acreditar un informe médico, incluyendo acompañamiento psicológico, para iniciar la autodeterminación de género en menores de edad.
Para continuar reivindicando derechos, el 6 de julio tuvo lugar un año más la manifestación del Orgullo bajo el lema ‘Educación en Diversidad’. Este Orgullo tampoco ha estado exento de polémica desde las administraciones. El cartel difundido por el Ayuntamiento de Madrid para anunciar los festejos del Orgullo fue objeto de críticas en redes sociales por estereotipar al colectivo.
Tira y afloja entre Fuenlabrada y CAM por La Cantueña
En materia de inmigración, el centro de menores de La Cantueña ha sido el protagonista de este 2024. La necesidad de acoger a menores migrantes ha hecho que la Comunidad de Madrid tenga que hacer un esfuerzo para poder adaptarse a ello, lo que ha llevado a una intensa lucha entre el Gobierno regional y el Ayuntamiento de Fuenlabrada.
El 22 de mayo se daba luz verde a las obras de acondicionamiento del centro, a pesar de la negativa del Ayuntamiento de Fuenlabrada, que ha hecho todo lo posible para evitar que estas se llevasen a cabo, sin éxito, puesto que el centro acogió a los primeros menores a finales de septiembre.
Javier Ayala, alcalde de Fuenlabrada, trasladó el tema tanto al Defensor del Pueblo como a la Comisión Europea contra el Racismo y la Intolerancia, reclamaciones a las que se sumó el Ministerio de Juventud e Infancia, denunciando el centro ante la Fiscalía.
Como parte de este tira y afloja, el Pleno del Ayuntamiento de la localidad aprobó solicitar a la Comunidad de Madrid que el macrocentro sea nombrado 'Isabel Díaz Ayuso'. Desde el Consistorio siguen esperando a que la Justicia se pronuncie sobre la reversión del suelo y las instalaciones aprobadas, algo que denunciaron al considerar que el objeto del convenio de cesión firmado hace 20 años se estaba incumpliendo.
Problemas en Alcalá y en Barajas
La polémica no solo se ha centrado en Fuenlabrada. El Centro de Emergencia de Alcalá de Henares, habilitado para acoger a migrantes, se vio envuelto a principios de año en un escándalo que enfrentó a la alcaldesa de la capital, Judith Piquet; la presidenta de la Comunidad, Isabel Díaz Ayuso; y el delegado del Gobierno en Madrid, Francisco Martín.
La presidenta regional denunció durante el Consejo de Gobierno celebrado en Alcalá reyertas, agresiones sexuales y un brote de sarna en el centro, algo que el delegado de Gobierno tachó de “racismo” y de “criminalización de la inmigración”.
Estas palabras de Martín llevaron a Ayuso a reafirmarse: “Sí, hay dos denuncias que se están investigando por parte de la Policía y el juzgado y sí, el delegado del Gobierno mintió”.
Un día después, Martín hizo un llamamiento a la "prudencia y a la responsabilidad" y pidió a Díaz Ayuso "que detenga esta espiral en la que se ha adentrado, porque ya no sé hasta dónde están dispuestos a llegar en esta operación salvar a la soldado Ayuso de sus mentiras que están practicando".
El asunto culminó en el mes de septiembre con la citación por parte el Juzgado de Instrucción número 2 de Alcalá de Henares de la alcaldesa Piquet por la presunta comisión de un delito de infidelidad en la custodia de documento en relación a la supuesta filtración de las dos denuncias de agresiones sexuales vinculadas a migrantes.
Los solicitantes de asilo varados en el Aeropuerto Adolfo Suárez Madrid-Barajas también han sido protagonistas en Madrid este 2024. Según calcularon sindicatos policiales, a inicios de año se encontraban en las tres salas de Barajas 370 migrantes solicitantes de asilo. Es por ello que desde Interior se promovió el traslado de algunos de ellos al CIE de Aluche, cuya autorización fue anulada a petición de la Fiscalía.
Debido al aumento de solicitantes, los cuales vivían en condiciones insalubres en estas salas de Barajas, Interior amplió la capacidad con una nueva sala en la que cabían 160 personas. Esta situación ha dado lugar a fugas, la última en el mes de octubre.
Racismo en el fútbol
La lacra del racismo se ha podido ver este año en diferentes ámbitos, como en el sorteo de la Lotería de Navidad de 2023, como denunció Afroféminas en enero, o en el ‘blackface’ que difundió el Ayuntamiento de Madrid para felicitar las navidades a los niños de Chamartín, pero sin duda ha sido en el deporte donde más se ha sufrido el racismo este 2024.
Mientras que los acusados por los insultos racistas a Vinicius han sido condenados a ocho meses de cárcel, los ataques al jugador no han cesado, algo que derivó en unas declaraciones del futbolista en las que denunciaba que el Mundial de Fútbol de 2030 debería cambiar de lugar si España no logra "evolucionar" en cuanto al tema del racismo.
Estadios como el Coliseum Alfonso Pérez han visto sus puertas cerradas al público por insultos racistas. El Metropolitano se libró, ya que el Comité de Apelación anuló su cierre parcial por los improperios al jugador del Athletic de Bilbao, Nico Williams.
El internacional con la Selección Española Lamine Yamal también fue víctima del racismo en el derbi contra el Real Madrid en el Santiago Bernabéu, otro acto racista en Madrid como el ocurrido con el portero del Rayo Majadahonda, Cheikh Kane Sarr, que fue expulsado de un partido al responder a los insultos que estaba recibiendo. Su equipo no recurrió la sanción, pero criticó la falta de "empatía" con el deportista.
Las personas con discapacidad dejan de ser “disminuidos”
El año comenzaba con un gran avance en materia de discapacidad: el 18 de enero el Congreso reformaba la Constitución para eliminar el término “disminuidos”, ahora sustituido por “personas con discapacidad”. Ello no se consiguió llevar a cabo en la Asamblea de Madrid con el Estatuto de Autonomía por el voto en contra del Grupo Parlamentario Popular.
Tras este hito, siguió otro meses después con la esperada aprobación por unanimidad de la Ley ELA. Gracias a esta nueva norma, la evaluación de dependencia se verá acelerada por la ley, que también asegurará asistencia continua para pacientes en etapas avanzadas y brindará protección a los cuidadores de quienes padecen esta y otras enfermedades complejas e irreversibles.
Las residencias de mayores siguen en el punto de mira
Las residencias de mayores de la región continúan siendo un tema recurrente en la agenda informativa. En el mes de febrero, el Partido Popular se valió de su mayoría absoluta en la Asamblea de Madrid para tumbar el Pleno monográfico sobre el funcionamiento de estos centros, que a lo largo del año han sido objeto de polémica por su gestión.
La Consejería de Familia, Juventud y Asuntos Sociales renovó en marzo el contrato con la empresa gestora de la residencia y centro de día de Peñuelas, en el distrito de Arganzuela de la capital, después de acumular esta empresa tres sanciones por falta de personal de enfermería, cuestiones relacionadas con la administración de medicación a los residentes y por no haber informado del fallecimiento de una mujer que murió ahogada con las sujeciones que tenía en su cama.
Ese mismo mes, tras salir a la luz numerosos servicios de comida “podrida”, el Consejo de Gobierno dio luz verde a una partida de 10,1 millones de euros destinada a “auditar” centros de gestión pública y privada, “reforzar” los controles y “garantizar” así la “seguridad alimentaria” de los usuarios.
El fantasma del horror vivido en la pandemia sigue cuatro años después atormentando a las familias de los fallecidos en residencias. Más Madrid publicó en febrero en su página web "por obligación moral" las 198 actas de inspecciones de la Policía Municipal de Madrid en residencias de mayores durante la pandemia.
Destacaron en un comunicado que esta acción era un paso para poner las actas "a disposición de toda la ciudadanía" frente a lo que había hecho el PP, "que las ha querido ocultar". Tras esto, el Gobierno regional se comprometió a mostrarlas a todos los diputados y ciudadanos que deseen consultarlas.
La Comisión Ciudadana por la Verdad en las residencias de la Comunidad de Madrid durante la primera ola de la pandemia de Covid-19, promovida por las plataformas Marea de Residencias y Verdad y Justicia, concluyó en un informe en marzo que la respuesta del Gobierno regional fue "inadecuada" y se "vulneraron derechos fundamentales" de los residentes y sus familias durante un periodo en el que afirman que se produjo "una sobremortalidad" en estos centros "que pudo y debió haberse evitado".
Meses después, el Tribunal Supremo inadmitía una denuncia presentada por un particular contra Isabel Díaz Ayuso por supuestos delitos de homicidio imprudente, omisión del deber de socorro, derecho a tratamiento médico y delito de prevaricación.
Sobre este drama, los Cines Verdi estrenaban el 13 de noviembre el documental 7291, dirigido por Juanjo Castro, que narra los acontecimientos vividos en las residencias de mayores de la Comunidad de Madrid durante los primeros meses de la pandemia.
Madrileños a la calle
Muchas han sido las causas que han hecho que los madrileños se manifiesten este año. Desde las talas de árboles por las obras del Metro o en la Plaza Santa Ana hasta la negativa a la construcción del proyecto de la ‘Ermita del Santo’, pasando por pedir la dimisión del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, a otra concentración en su apoyo.
Las huelgas de transporte, las movilizaciones agrícolas y sus tractoradas o la marea verde también han llenado las calles de manifestantes, pero uno de los temas recurrentes este año en el que se ha sentido el malestar de los vecinos es el fenómeno de la ‘eventificación’.
A raíz de la cancelación de los conciertos en el Santiago Bernabéu, muchas han sido las asociaciones que han charlado con Madridiario para dar a conocer su pesar por la creciente eventificación en los distritos, con grandes acontecimientos que afectan a vecinos del WiZink Center, Vista Alegre, Ifema, Caja Mágica, el Metropolitano o el Tierno Galván.
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