La presidenta autonómica, Isabel Díaz Ayuso, ha aprovechado su participación en el recién reactivado foro de colaboración público-privada 'Pacto Regional por la Vivienda' para avanzar las líneas maestras de un “plan de choque” que, en los próximos 24 meses, aspira a atajar el problema de la “falta de oferta” en la región, agudizado, a su parecer, a raíz de la aprobación de la Ley de Vivienda estatal. Para ello, la mandataria apuesta por dotar a las empresas de “mayor seguridad jurídica” mediante la modificación de diversas leyes urbanísticas, incrementar el “suelo edificable” disponible en la región y “modernizar” un sector “excesivamente rígido” para la creación de “vivienda de calidad a un precio asequible”.
El primer ingrediente en la receta urbanística bajo la firma de Díaz Ayuso pasa por la ampliación de los principales planes de vivienda que el Gobierno ha puesto en marcha en los últimos años. En lo que respecta al 'Plan Alquila', se proponen nuevos incentivos, como ampliar a tres anualidades -hasta la fecha eran dos para los menores de 35 años y uno para el resto- el seguro de impago gratuito. Para movilizar pisos que requieran de algún tipo de reforma antes de incorporarse al mercado, la Comunidad se ha propuesto asimismo favorecer el contacto entre futuros arrendatarios y empresas rehabilitadoras. A todo ello habría que que sumar además el 'Plan Alquila Comparte', para dotar de mayor seguridad jurídica al arrendamiento de pisos por habitaciones.
Por su parte, el 'Plan Mi Primera Vivienda', destinado hasta la fecha a facilitar el acceso a una hipoteca con una financiación de hasta el 95 por ciento a menores de 35 años, se verá ampliado hasta el 100 por ciento y con límite de edad en los 40 años. De tales ventajas también podrán disfrutar a partir de ahora las familias numerosas y monoparentales.
En cuanto a la ampliación de la oferta disponible, se prevé el cambio de uso de edificios y parcelas destinadas a oficinas para que pasen a ser hogares. Esta reforma, vía licencia -lo que elimina de facto la necesidad de planeamiento- será aprobada de manera temporal por un periodo de hasta dos años. En la misma línea, la Comunidad se compromete a avalar a las cooperativas con fondos públicos para que estas puedan dar a luz a nuevas promociones de viviendas en alquiler asequible. En el ámbito rural, se creará una línea de ayudas -finanaciada a través del Programa de Inversión Regional (PIR)- para “impulsar la obtención municipal de suelo y que se puedan levantar inmuebles de obra nueva o destinados a su renovación en localidades de menos de 20.000 habitantes”.
Entre las acciones legislativas previstas, la Comunidad pone de relieve la aprobación de un nuevo Reglamento de Vivienda con Protección Pública que “redunde en un mayor volumen de actividad y permita recuperar la figura del arrendamiento con opción a compra, para dar solución a los madrileños que desean ser propietarios pero no cuentan con la liquidez suficiente para hacerlo”.
Todo ello, ha señalado la propia Díaz Ayuso durante su comparecencia en el recién reformado Pabellón Antonio Palacio, sede de la Consejería de Vivienda, Transportes e Infraestructuras, acompañado de la “necesaria” actualización de los precios máximos en la vivienda protegida” -una propuesta ya en marcha y que ha sido duramente criticada por el la formación que encabeza la oposición en la Asamblea de Entrevías, Más Madrid-, así como la “eliminación de laberintos burocráticos” a través, entre otros ejemplos, de la aprobación de la conocida como 'Ley Ómnibus 2' o la futura modificación de la Ley de Suelo.
Deducciones fiscales
Entre las medidas anunciadas este miércoles por la líder del Ejecutivo madrileño destaca además la aprobación de un nuevo paquete de rebajas fiscales que traerán consigo “un ahorro de 90 millones de euros para facilitar la compra y alquiler de viviendas y luchar contra la despoblación en las zonas rurales”. Se trata de una deducción en el Impuesto de la Renta de las Personas Físicas (IRPF) para “contrarrestar la subida de los tipos de interés de los préstamos hipotecarios por residencia habitual”.
A tal fin, se pondrá en marcha una bonificación del 25 por ciento sobre la diferencia entre los intereses pagados y los que se habrían satisfecho tomando como referencia el euríbor de diciembre de 2022, con un límite de 300 euros anuales y con la condición de que el tipo de interés de la hipoteca sea variable. De acuerdo con las estimaciones del Gobierno madrileño, esta actuación beneficiará a cerca de 450.000 contribuyentes.
En paralelo, aquellos propietarios que formalicen nuevos contratos de arrendamiento de inmuebles en desuso podrán optar a una deducción de hasta 1.000 euros en el IRPF. El único requisito, matizan desde la Real Casa de Correos de la Puerta del Sol, pasa por la incorporación al mercado del alquiler “con contratos de duración efectiva superior a los tres años”.
Otro cuento mas de la " alumna ilustre " , cada vez que abre la boca deja alguna tontería, mas vale que haga mas plazas de toros para acabar con la sequia.