España ha sido recientemente condenada por el Consejo Europeo al considerar la vulneración de derechos fundamentales que suponen los reiterados cortes de luz en la Cañada Real Galiana y que se prolongan ya durante más de 1.500 días. De acuerdo con lo recogido en la última -y unánime- resolución del Comité Europeo de Derechos Sociales, ni el Estado ni las administraciones regionales -Gobierno autonómico y ayuntamientos- estarían garantizando el acceso a una vivienda adecuada ni a la protección de la salud de las cerca de 5.000 personas que viven en los sectores V y VI. Preocupa muy especialmente la situación a la que se enfrentan las familias con niños y mayores a su cargo, condenadas a otro invierno sin electricidad ni, por ende, calefacción. En suma, habrían sido violados hasta media docena de artículos de la Carta Social Europea.
A fin de resolver el entuerto, el Ayuntamiento de Rivas Vaciamadrid, uno de los consistorios que integran el Comisionado de la Comunidad de Madrid, ha propuesto la constitución de un "Consorcio" entre los distintas actores implicados para avanzar y agilizar una solución para la zona, garantizando así los derechos fundamentales de su población. Esta figura, regulada en la Ley 40/2015 del Régimen Jurídico del Sector Público, permite a varias administraciones actuar de manera coordinada para abordar competencias de interés común.
“El Consorcio hace posible que la solución a Cañada se agilice para garantizar el derecho a una vivienda digna cuanto antes, al tiempo que también se garantiza el suministro eléctrico hasta que finalice el conjunto de realojos”, ha asegurado la alcaldesa del municipio, Aída Castillejo, en un comunicado remitido a Madridiario. El objetivo último, ha defendido la regidora, no es otro que alcanzar una gestión "más eficiente" de los recursos que se destinan a la Cañada Real Galiana.
Este instrumento facilitaría además la "implicación directa" del Gobierno central en la cuestión, asegurando que los fondos transferidos a la Comunidad de Madrid se traduzcan en "soluciones concretas”. Por ello, ha reiterado la alcaldesa, "es el mejor instrumento para agilizar la solución y garantizar una vida digna para las personas que residen en esta zona”.
Desde el consistorio se valora asimismo como "procupante" la resolución del Consejo Europeo, poniendo el foco en la necesidad de reestablecer el suministro eléctrico. Un parche hasta que se completen los "imprescindibles" realojos. "Esta resolución es preocupante, ya que pone de manifiesto una vulneración de derechos que requiere soluciones inmediatas. En este sentido, Rivas reitera que el suministro eléctrico en la Cañada debe garantizarse mientras se completan los realojos previstos (...). No podemos permitir que estas situaciones sigan perjudicando a las familias. Necesitamos recursos y una gestión coordinada que el Consorcio puede ofrecer”, ha añadido Castillejo.
Tras su creación, el nuevo Consorcio tendría como prioridad "acelerar la ejecución del plan de realojos establecido en el Pacto Regional de la Cañada Real", que cuenta con una dotación de 330 millones de euros para los próximos diez años. Este plan, apuntan, es "clave" para garantizar el derecho a una vivienda "digna" de las familias que residen "en uno de los mayores focos de exclusión social de Europa".
Los vecinos de la Cañada coinciden con lo expuesto por el Ayuntamiento de Rivas en cuanto a la necesidad de reestablecer el suministro eléctrico de manera inmediata. Discrepan, sin embargo, en la imposición de los realojos a aquellos ciudadanos que, por distintos motivos, entre los que figura su arraigo a la zona o el miedo al traslado, prefieran permanecer en la Cañada. La política de realojos adoptada tendría, por tanto, una cara 'B'. Se trata, tal y como denuncian desde la Plataforma Cívica por el Derecho a la Luz en la Cañada Real, de “desalojos forzosos”, contra la voluntad de los propios residentes, a quienes “ni siquiere se les ha consultado”, y que vienen mediados por la amenaza de acometer “derribos ilegales”.
"Si me cortas el suministro eléctrico durante cuatro años y me ofreces un realojo, obviamente me veo obligada a aceptarlo. No estoy eligiendo libremente, sino que es la administración la que me obliga a aceptar ese realojo, que supuestamente es la única solución, bajo la amenaza de que si no lo acepto me quedo otros diez años viviendo en Cañada Real en las mismas condiciones: sin suministro eléctrico, sin agua caliente, sin calefacción, sin nevera... Para que fuera coherente y democrático, yo debería poder elegir teniendo en mi vivienda todas las condiciones normales de un hogar", argumenta la presidenta de la asociación cultural Tabadol y vecina del Sector VI, Houda Akrikez.
Prueba de las irregularidades cometidas, añaden desde la Fundación Secretariado Gitano (FSG), es la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) que el pasado 30 de septiembre determinó vulneración de "derechos fundamentales" -intimidad personal e inviolabilidad del domicilio- en el derribo de una vivienda en la Cañada en noviembre de 2022. Según recoge el texto, las actuaciones se habrían cometido "sin un procedimiento administrativo que las respaldase".
Se trata, de acuerdo con la FSG, de una decisión "arbitraria" del Comisionado pues "no le han dado oportunidad alguna para ejercer sus derechos". La víctima ha sido indemnizada con 15.000 euros por "destruir el que era su hogar desde hacía más de una década".
La resolución no ha sido recurrida por ninguno de los integrantes del Comisionado. Fuentes del Ejecutivo autonómico consultadas por este digital a raíz de la sentencia reafirman que “la Comunidad de Madrid siempre ha estado a disposición de las autoridades judiciales para clarificar la situación investigada y aportar toda la información que fuera requerida". Mismas fuentes inciden además en que Markel Gorbea, quien fuese comisionado del Gobierno regional para la Cañada en el momento de los hechos, "no trabaja en la Comunidad de Madrid desde abril de 2023".
En cualquier caso, matizan desde Secretariado Gitano, no es la primera vez que esto ocurre. Ya existía, de hecho, un precedente, pues en el año 2019 la Sala Segunda del TSJM reconoció otra vulneración del artículo 18 de la Constitución en un caso muy similar. En aquella ocasión se trataba de una familia gitana, con tres menores de seis, cuatro y un año, la que residía en la vivienda derribada.
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