La Comunidad “auditará” residencias de mayores para garantizar la “seguridad alimentaria”

Se extrema la vigilancia sobre los alimentos que se sirven en las residencias de mayores de la región. Tras saltar a la palestra numerosos servicios de comida “podrida”, con sus respectivas sanciones a cargo del Ejecutivo autonómico, el Consejo de Gobierno ha dado luz verde este miércoles a una partida por valor de 10,1 millones de euros destinada a “auditar” estos centros, tanto de gestión pública como privada, “reforzar” los controles y “garantizar” así la “seguridad alimentaria” de los usuarios. En concreto, cada año se llevarán a cabo 1.000 “auditorías específicas” que incluirán análisis higiénico-sanitarios, estudios sobre la calidad nutricional y encuestas de calidad a residentes y familiares. Las inspecciones comenzarán este verano y se mantendrán vigentes hasta 2027.

La Dirección General de Evaluación, Calidad e Innovación de la Consejería de Familia, Juventud y Asuntos Sociales realizará anualmente dos estudios en cada una de las casi 500 residencias inscritas en el Registro de Entidades, Centros y Servicios de Atención Social de la Comunidad de Madrid. Los trabajos incluirán un “análisis higiénico-sanitario”, tanto de las instalaciones como de las prácticas de preparación de la comida, una auditoría de “calidad nutricional” del producto y una revisión de la "adecuación" y el “equilibrio dietético” de la alimentación semanal acorde a las necesidades de los residentes. Asimismo, tendrán lugar encuestas anónimas sobre el nivel de satisfacción de los usuarios.

A continuación se analizarán los resultados de dichas auditorías, con los que se terminará por confeccionar los “planes y acciones de corrección”. La empresa adjudicataria de este nuevo programa será la encargada de facilitar a las entidades gestoras la información y la formación necesaria para elaborar tales documentos, así como de realizar el seguimiento de su cumplimiento. Asimismo, se definirá un procedimiento de comunicación de alertas en caso de detectar resultados de carácter “grave” y se impartirá formación adicional específica al personal técnico de la Consejería.

La iniciativa se activa en paralelo al nuevo contrato de alimentación que entrará en vigor próximamente en los centros de gestión pública dependientes de la Agencia Madrileña de Atención Social (AMAS) y que prevé una inversión de 26 millones para incrementar el precio del menú por comensal en un 25 por ciento. Todo ello con el objetivo de que los mayores estén "lo mejor atendidos, con alimentos ricos, sanos y equilibrados".