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El alcalde Ángel Luis García Yuste está a la espera de un segundo juicio por falso testimonio.
El alcalde Ángel Luis García Yuste está a la espera de un segundo juicio por falso testimonio. (Foto: Ayuntamiento de Guadalix de la Sierra)

La Fiscalía acorrala al alcalde de Guadalix en el caso de las firmas falsas y cree que forzó a un trabajador

jueves 07 de junio de 2018, 07:55h
La Fiscalía cree que hay "indicios suficientes" para que el juez continúe con el caso que cerca al alcalde del PP de Guadalix de la Sierra, Ángel Luis García Yuste, acusado de un delito de falsedad documental. Según el escrito del Ministerio Fiscal, al que ha accedido Madridiario, el regidor trató de "inclinar el fallo" a favor de sus dos arquitectos municipales en el juicio que les condenó por usar su cargo de forma fraudulenta. Lo hizo defendiendo la autenticidad de unos expedientes que llevaban firmas falsificadas. Además, supuestamente, forzó al secretario a que validara estos documentos sin comprobar su veracidad.

La Fiscalía cree que existen "indicios suficientes de responsabilidad criminal" contra el alcalde de Guadalix de la Sierra, Ángel Luis García Yuste, en la causa que se sigue contra él en los juzgados de instrucción de Colmenar Viejo por un delito de falsedad documental.

El regidor, del PP, está a punto de sentarse en el banquillo de los acusados por estos hechos, que manan del conocido como 'caso de los arquitectos'. En 2013, la Audiencia Provincial de Madrid condenó a dos arquitectos honoríficos por un delito continuado de negociaciones prohibidas a funcionarios al entender que se habían estado beneficiando de su doble labor como trabajadores municipales y administradores de una empresa al aprobarse a sí mismos proyectos urbanísticos privados.

"Claro interés"

Para librarse de la condena, el juez sostiene en su auto publicado en exclusiva por Madridiario que existen "indicios racionales" de que en aquel juicio se falsificaran las firmas de los expedientes de esos proyectos para que no apareciesen las de los dos encausados, sino de un tercer técnico, y así librarles de la condena. Esta operación se hizo, según el magistrado, "con la aprobación del alcalde hoy investigado".

Ahora, en su escrito firmado a finales de mayo al que ha tenido acceso este medio, la fiscal respalda esta idea y cree que "resulta indiciariamente acreditada" la hipótesis del juez, ya que García Yuste "mostró un claro interés en inclinar el fallo de la sentencia a favor" de los acusados. "Tanto es así, que vertió unas espurias manifestaciones negando la intervención de ambos" trabajadores y "contradiciendo" lo dicho durante la instrucción en base a esos documentos alterados. Por este motivo, cabe recordar que el alcalde está ya a la espera de que se fije fecha de un segundo juicio por falso testimonio.

En este sentido, la Fiscalía apoya su argumento en el testimonio del secretario de la Corporación. Según declaró este trabajador, fue el propio alcalde quien le dio las copias del expediente que pedía la Audiencia para que las compulsara, "lo que obviamente excede sus atribuciones". Para la fiscal, el secretario se vio "forzado" a hacerlo sin poder comprobar su veracidad y "confiado en la bondad de la encomienda que se le realizaba por la más alta instancia de la Corporación". De este modo, le exonera de cualquier "connivencia" con el posible móvil "espurio" del alcalde y pide dejarle fuera del proceso, algo que ya ha recurrido la acusación.

Silencio del PP

Ahora, la causa sigue su curso y el juez ya ha desestimado los recursos de reforma que habían interpuesto tanto el alcalde, como los dos arquitectos, lo que despeja aún más el camino de los tres hacia el banquillo. Sin embargo, el PP de Madrid sigue siendo críptico ante el futuro del que se ha convertido en su cargo municipal más incómodo. Incluso, pese a su reciente lavado de cara tras la escabrosa salida de Cristina Cifuentes -imputada a día de hoy, paradójicamente, también por falsedad documental-.

La permanencia de García Yuste al frente de la localidad serrana depende en todo momento de lo que dictamine el Comité de Derechos y Garantías presidido por el consejero reprobado Carlos Izquierdo, y, en último extremo, del interino Pío García-Escudero.

En teoría, hasta que no hay sentencia condenatoria por un delito relacionado con la corrupción, los estatutos no obligan a la expulsión del partido, pero lo cierto es que casos como el del exregidor de Colmenar Viejo, Miguel Ángel Santamaría, demuestran que, cuando el PP quiere, deja caer a sus alcaldes con la mera apertura de juicio oral.

El Código Penal castiga la falsedad documental con penas de prisión de tres a seis años, multa de seis a veinticuatro meses e inhabilitación especial por tiempo de dos a seis años.

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