La adjudicación del servicio de teleasistencia comienza con mal pie

Empleados de Atenzia, una de las tres empresas que operan el servicio de teleasistencia domiciliaria del Ayuntamiento de Madrid, han denunciado la precarización del servicio en los últimos meses a costa de reducir gastos en detrimento del servicio. Hasta en tres ocasiones este diario se ha puesto en contacto con el Ayuntamiento para contrastar esta situación, sin obtener respuesta.

El último concurso público del Consistorio dividió el servicio para el período 2017-2020 en tres lotes -cada uno contiene seis distritos- que se adjudicaron a Atenzia, Ilunion y Asispa.

Los precios ofertados por estas empresas para gestionar el servicio de teleasistencia oscilaron entre los 18 y los 24,11 euros al mes por domicilio. Una franja que habría podido generar la "temeraria bajada de los precios" en las adjudicaciones, según ha denunciado Comisiones Obreras en una nota. De acuerdo con el pliego de cláusulas administrativas del Consistorio, la parte económica, que favorece siempre a la que más barato ofrezca el servicio, puede llegar a aportar un máximo de 27 puntos.

Atenzia ofrece servicio a los distritos de Moratalaz, Puente de Vallecas, Retiro, Salamanca, Usera, Vicálvaro, Villa de Vallecas y Villaverde. A este primer lote también aspiraban las empresas Eulen, Cruz Roja, Valoriza, Ferrovial-Sanivida, Caser Residencial, Clece y OHL Servicios Ingesan. “La primera propuesta de la empresa tenía un precio de 21 millones de euros, el segundo (con el que ganó el concurso) de 18” especifica una portavoz sindical a Madridiario.

Esta bajada del presupuesto se traduce en "despidos", según CCOO, que la empresa justifica como cuestiones organizativas y económicas, para lo que se amparan en los artículos 41 y 52 de su estatuto.

Hasta 40 llamadas en espera

La reducción de personal de atención directa a los domicilios produce a su vez un aumento en el tiempo de atención telefónica. "Hemos llegado a tener hasta 40 alarmas en espera en la centralita". "Se acumulan muchas llamadas, el trabajo sale adelante porque somos profesionales, pero ¿y si un día no llegamos?", agrega la portavoz, trabajadora en el servicio. Muchas de estas llamadas necesitan ser atendidas por tratarse de caídas o, incluso, situaciones de violencia que pueden convertirse en muy graves.

Los empleados de Atenzia acusan el recorte de personal en cuestiones tan básicas como la instalación de los ‘routers’ en las casas, responsabilidad del área de coordinación. Este área es la encargada de dar de alta a las personas en el servicio, normalmente acudían a los domicilios un técnico y los trabajadores sociales para llevar a cabo una valoración social y la instalación del terminal. "Llevamos un tiempo en el que por cuestiones organizativas de la empresa somos los trabajadores sociales los que tenemos que llevar a cabo la instalación de los terminales".

Empleados del área de unidad de atención domiciliaria (UAD) también han denunciado a Madridiario algunas de las situaciones con las que conviven día a día. La principal exigencia de las empresas para esta área es que las unidades lleguen a tiempo a los domicilios, algo que, según los empleados, es cada vez más complicado. "Se supone que tenemos 30 minutos para llegar a los domicilios, pero muchas veces entre los atascos y aparcar se te va el tiempo, además está la falta de personal, se está llegando tarde a muchos avisos porque no hay gente", aseguran en declaraciones a este medio. En este último pliego el Ayuntamiento de Madrid no concreta cuánto personal de atención directa que es necesario para llevar a cabo el servicio, esto produce que las empresas aprovechen esta situación para "reducir el número de personas en el área de UAD por equipo instalado", añaden.

Denunciar al 010

Los empleados de la teleasistencia animan a los usuarios a que si encuentran deficiencias en el servicio se quejen directamente al 010, para hacer consciente al Ayuntamiento de las que ellos aseguran que existen.

Recientemente, el diario Público relataba cómo oficiales de las unidades domiciliarias eran forzados por Asispa, la empresa adjudicataria del lote 2, a dar atención sanitaria pese a que no tenían formación. En esta misma empresa existen definidas categorías profesionales que no están reconocidas en el convenio, lo que produce una inseguridad para el trabajador en cuanto a sus funciones. También, sobre su salario, que termina asimilando la empresa a categorías ajenas a la realidad de su día a día.

El Ayuntamiento de Madrid es conocedor de esta situación, aseguran desde el sindicato. Lo que preocupa a CCOO, es que pese al conocimiento del Consistorio de la situación, estos desconozcan de las cifras mínimas de cumplimiento. "No sé hasta qué punto el Ayuntamiento sabe si se están cumpliendo los servicios mínimos exigidos en los contratos", indica la portavoz sindical.

Convenio colectivo, paralizado

Paralelamente, la plantilla también se ve afectada por la paralización de la negociación del convenio de aplicación desde el 2012, un convenio "absolutamente amplio y ambiguo", asegura el sindicato.

Comisiones Obreras, de cara a una nueva negociación, demanda un convenio colectivo autonómico, ya que la situación de la teleasistencia es distinta en cada comunidad autónoma, también piden una mejora del salario y las condiciones, así como una definición más detallada de las tareas y cargos.