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Comparecencia de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Cristina Cifuentes, en la comisión de investigación de la corrupción en la Asamblea de Madrid.
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Comparecencia de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Cristina Cifuentes, en la comisión de investigación de la corrupción en la Asamblea de Madrid. (Foto: Kike Rincón)

El PP pide límites para que la comisión sobre corrupción no sea una "causa general"

La comisión de investigación de la corrupción política de la Asamblea de Madrid funciona y seguirá funcionando porque no hay nada ilegal en ella. Hasta ahí, todos de acuerdo. Los grupos tienen este mes para decidir lo que se da por hecho: la prórroga un año más de sus trabajos, el tercero. El único punto de roce es el cómo. El PP está cansado de su vía crucis de cada viernes y quiere que se pongan límites a las tentaciones mitineras de sus señorías. Por eso, pide a los grupos que a partir de ahora se ajuste el plan de trabajo, se abstengan de hacer preguntas fuera de lugar y se respete el derecho de quien se sienta en el banquillo con los labios cerrados. Para eso, se apoya en un informe de los servicios jurídicos de la Cámara cuyas conclusiones, paradójicamente, la oposición celebra como un triunfo propio que avala que todo siga como está.

Lezo, Púnica, Arpegio. Francisco Granados, Jaime González Taboada y, sobre todo, Cristina Cifuentes. La comisión para la investigación de la corrupción política de la Asamblea de Madrid es un vía crucis para el PP que parece no tener estación final. La formación que gobierna la Comunidad desde hace tres décadas traga cada semana sapos propios (y alguno ajeno, todo sea dicho) en esta cita con sus peores demonios. Los populares quieren que, si este mes se vuelve a decidir la prórroga de los trabajos de esta comisión para un tercer año, estos sean más eficaces. O, en plata, que sean menos laxos para que la oposición tenga menos margen para sacarle rendimiento político a cada comparecencia.

Los populares se apoyan en un informe de los servicios jurídicos de la Asamblea enviado a los grupos este lunes para reclamar que, a partir de ahora, la comisión determine "qué asuntos pendientes pretenden abordarse, cuántas sesiones se dedicarán a cada uno", se justifiquen "plenamente" las comparecencias y se "adapte" el plan de trabajo de esta comisión. También, que la presidenta de este órgano, Dolores González (Ciudadanos), no permita que se avasalle a los comparecientes con cuestiones laterales y que se "proteja" a quienes ejercen su "derecho" a no declarar. Algo que ya ocurre.

Sin ilegalidades

Aunque el PP asegura que no está "en riesgo" el mantenimiento de la comisión, desde el Grupo parlamentario sostienen que si no se ponen estos límites, lo que se acabará corrompiendo es la propia imagen del órgano por haberse convertido, entienden, en una "causa general" contra el partido de Cifuentes. Pero poco más, porque ni el informe ni ellos mismos aprecian un uso legalmente indebido de este órgano. Solo, en todo caso, un eventual abuso político.

La comisión puede investigar casos "por conocer"

La comisión, de carácter no permanente, nació tras las elecciones gracias a un acuerdo entre PSOE, Podemos y Ciudadanos. Su objetivo es investigar los "casos de corrupción organizada conocidos" [que no sucedidos] durante las últimas dos legislaturas [es decir, de 2007 a 2015, con los gobiernos de Esperanza Aguirre y de Ignacio González]". También, los casos "por conocer en el tiempo que duren los trabajos", una cláusula que ha permitido incorporar al orden del día la Lezo o la polémica adjudicación de la cafetería de la Asamblea que ha llevado a Cifuentes a sentarse en el banquillo de los comparecientes obligada por el Código Penal bajo pena de multa, como todo hijo de vecino.

En realidad, las conclusiones de este informe dado a conocer este martes se centran fundamentalmente en examinar si la sentencia que sirvió para anular el funcionamiento de una comisión sobre la deuda en el Ayuntamiento de Madrid como había pedido el PP en el Consistorio cabe también en la Asamblea, una posibilidad descartada. Más aun, el letrado insinúa que, si los diputados populares hubieran acudido a su jurisdicción correspondiente -el Tribunal Constitucional, con un recurso de amparo en la mano-, habrían tenido poco futuro.

Todo en orden para Podemos

Por eso, la oposición rebaja el tono a las exigencias de los populares y considera que, si a alguien le da la razón el abogado de la Asamblea, es a ellos.

Fuentes de Podemos aseguran que "no se ha observado ninguna violación de los derechos fundamentales, por lo que cualquier evaluación sobre la legalidad de la comisión es especulativa e hipotética". Es más, a la luz del texto creen que "no existe ninguna razón" para variar su rumbo.

La oposición está dispuesta a mantenerla hasta 2019

Desde Ciudadanos, el portavoz en la Asamblea, Ignacio Aguado, ha señalado en rueda de prensa que el PP "ha intentado confundir a la opinión pública" comparando la comisión del Parlamento autonómico con la del Ayuntamiento. "Políticamente ellos quieren cerrar a cal y canto la comisión, bajo siete llaves", ha criticado en declaraciones recogidas por Europa Press. "No hay ninguna causa general", ha sentenciado.

Hasta 2019

Ahora bien, el informe, solicitado por el PP, recuerda que la comisión deberá "extinguirse" cuando cumpla los objetivos o cuando finalice la Legislatura.

Desde las filas populares existe la sospecha de que los grupos del "tripartito de la oposición", como les bautizó Cifuentes en el Debate del Estado de la Región, quieran prolongar este órgano que airea sus más onerosas vergüenzas hasta las elecciones, "retorciéndolo" para que los titulares de la prensa dicten su contenido. La oposición, por su parte, está dispuesta a mantenerla abierta hasta el límite de 2019.

En este sentido, el informe también sostiene que no cabe "una situación de control general ni permanente del Gobierno a través de un órgano especial, ad hoc, como es una Comisión de Investigación". Ante esto, el documento se limita a recomendar a los diputados el ejercicio de la "autocontención".

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