Un juzgado madrileño ha declarado nulo el decreto con el que el Ayuntamiento de Madrid aplicó medidas de restricción al tráfico en Gran Vía durante las pasadas navidades. En concreto, cuestiona la prohibición de circulación de los repartidores al hilo de un recurso presentado por una organización empresarial de logística y transporte.
El Juzgado de lo Contencioso-Administrativo número 30 de Madrid ha anulado el decreto del Ayuntamiento de Madrid por el que se establecieron medidas de restricción de tráfico en la Gran Vía en las pasadas navidades, al tiempo que ha tildado la propuesta de "precipitada" y de no responder al interés general.
La sentencia establece, además, la condena al Ayuntamiento a asumir las costas del proceso, tras el recurso presentado por UNO Organización Empresarial de Logística y Transporte, en el que defienden que dicho decreto "vulnera la garantía de las comunicaciones postales y los derechos de los usuarios".
El Ayuntamiento respondió a este recurso defendiendo que tienen el "principio de autonomía local de refrendo constitucional" por su condición de capital del Estado y sede de instituciones generales, lo que les atribuye, a su juicio, un "tratamiento legal especial" en materia de competencias de infraestructuras, movilidad, seguridad ciudadana y régimen jurídico y procedimiento. El Consistorio defendió, además, que "en modo alguno" se prohibió la circulación por la ciudad, ni siquiera por la Gran Vía, como aseguran desde UNO, sino "la regulación de los horarios de circulación, en definitiva, la ordenación temporal y justificada de la circulación en la citada vía pública", algo que "no infringe la doctrina jurisprudencial".
En los fundamentos jurídicos de la sentencia, el magistrado reconoce que el Ayuntamiento "puede promover toda clase de actividades y prestar todos los servicios públicos que afecten al interés general de los ciudadanos y no estén expresamente atribuidos a otras administraciones públicas". Sin embargo, el juez estima que ha contradicho competencias atribuidas al Estado o las Comunidades Autónomas, "restringiendo el tráfico por medio de vehículos de motor de distribución de envíos postales y mercancías", lo que "no atiende a un interés general sino pretende ganar espacio para los peatones, solo una parte de la colectividad afectada".
Además, el magistrado asegura que el espacio peatonal en la zona es escaso por la ocupación de quioscos, terrazas y mobiliario urbano, que el Consistorio "tolera e incluso promueve", y que en ellos no se toma medida alguna para solventar la escasez de espacio, lo que "evidencia la ausencia de interés general en la actuación municipal".
La patronal, satisfecha
El secretario general de UNO, Francisco Aranda, ha celebrado de forma "muy positiva" la sentencia, al tiempo que ha acusado al Consistorio de tomar medidas "de manera arbitraria, sin planificación y sin consultar a los sectores afectados". Aranda, que también es portavoz de la patronal madrileña CEIM, ha destacado a través de un comunicado que el fallo supone "un precedente judicial importante de cara a la puesta en marcha de medidas de este tipo para la próxima campaña navideña", y ha explicado que "es importante aprender para que no se vuelva a repetir". "No se nos puede avisar de una medida así con sólo 72 horas de antelación, como ocurrió el año pasado", ha defendido.
También se ha mostrado satisfecho porque "si el Ayuntamiento decide implementar restricciones al tráfico este año, la sentencia confirma que estas no deberán afectar a los vehículos de paquetería y logística", que para el secretario general de UNO "son un servicio básico para todos los ciudadanos y para las empresas, independientemente de donde estén ubicados, por lo que no pueden verse restringidos arbitrariamente".
"En una época clave para el comercio electrónico y para el suministro a tiendas, a la hostelería y a los propios ciudadanos, la distribución logística de toda clase de mercancías debe estar garantizada", ha argumentado. Por último, ha anunciado la voluntad de UNO de mantener abierta una "línea de diálogo permanente y constructiva" con el Ayuntamiento de Madrid y el resto de administraciones, "colaborando para aportar soluciones operativas, a la vez que medioambientalmente sostenibles, en el reparto, recogida y distribución de mercancías en la ciudad".