Antes de él, pasaron a disposición judicial su hermano Pablo y su cuñado José Juan Caballero, que se negó a declarar.
La primera en pasar a disposición del instructor del caso ha sido la exsecretaria de Sobrino, Clarisa Guerra, quien ha quedado en libertad aunque con la obligación de comparecer mensualmente en el Juzgado.
El magistrado investiga, entre otras operaciones presuntamente fraudulentas, el desvío de fondos del Canal de Isabel II por importe de 25 millones de euros a través de sociedades y filiales en Latinoamérica.
Velasco decretó el jueves por la noche el ingreso en prisión provisional eludible bajo el pago de una fianza de 4 millones de euros para la exdirectora financiera del Canal de Isabel II María Fernanda Richmond y de 100.000 euros para el exgerente Adrián Martín --que ya ha prestado aval- y que fueron los primeros en pasar a disposición del juez en el marco de la investigación por presuntas irregularidades en la empresa pública de gestión del agua.
Les imputa presuntos delitos de pertenencia en organización criminal --un cargo del que de momento no acusa la Fiscalía Anticorrupción--, blanqueo, falsificación de documentos públicos, prevaricación, fraude y malversación de caudales públicos.
Estas dos personas están presuntamente relacionadas con la adquisición irregular de la empresa brasileña Emissao Engenharisa e Construçoes que hizo el Canal de Isabel II en 2013 por un importe de 23,3 millones de euros.
Además el juez también tomó declaración el jueves en calidad de investigado al empresario Adrián de la Joya por su implicación en la trama relacionada con el cobro de una comisión de la multinacional OHL, y le ha dejado en libertad sin medidas cautelares.
Igualmente han prestado declaración en esta causa el presidente y el director de 'La Razón', Mauricio Casals y Francisco Marhuenda, respectivamente, por presuntas coacciones a la presidenta de la Comunidad de Madrid, Cristina Cifuentes, para que no denunciara las irregularidades detectadas en el Canal de Isabel II.
La 'operación Lezo' estalló este miércoles y llevó inicialmente a la detención de 12 personas, de las que tres fueron puestas en libertad en las siguientes horas. Además del registro en las dependencias del Canal de Isabel II, la operación que desarrolla la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil ha llevado también a la intervención en las sedes de OHL, Indra, Saerco y Licuas, además de la Agencia de Informática y Comunicación (ICM) de la Comunidad de Madrid.
Además, los agentes solicitaron en la sede de la consultora PriceWaterhouseCooper (PWC) los contratos de esta compañía con Agencia de Informática y Comunicación del Gobierno autonómico.
Si (
No(
