El desplazamiento que una persona en silla de ruedas debe hacer en transporte público para ir de una punta a otra de la región es una carrera de obstáculos. Además de una cuestión de tiempo. Una persona con discapacidad, normalmente no podrá acceder a un autobús interurbano si la plataforma central está ocupada por un cochecito. Y precisamente eso, el poder compartir el espacio, es lo que reivindica el
Comité de Entidades Representantes de Personas con Discapacidad de la Comunidad de Madrid (CERMI).
Luis Miguel López, su secretario general, ha propuesto al Gobierno de la región la posibilidad de un cambio normativo,
-regulación que ya solicitó en 2016- que permita hacer compatible el uso del espacio correspondiente a la plataforma central.
López –cuyos convenios con el Ayuntamiento de Madrid
han ayudado a que la EMT sea cien por cien accesible- ha estudiado la problemática ampliamente. Y asegura “
que hay posibilidades más que de sobra para que ambos compartan espacio y en contra de la marcha”. Además añade que “
no se obstaculizaría el espacio de paso incluso en un autobús interurbano con plataforma simple”. Este periódico se ha puesto en contacto
con el Consorcio Regional de Transportes de la Comunidad de Madrid que “ha tomado nota” y está estudiando la propuesta. Desde CERMI esperan una respuesta positiva.
Desde CERMI se echa en falta una regulación de las acciones a seguir. Por eso han trasladado al Consorcio Regional de Transportes de la Comunidad de Madrid una propuesta para modificar la Orden de 18 de febrero de 2008, en la que la Consejería de Transportes e Infraestructuras permite el acceso a cochecitos de bebés ocupando la plataforma central de los autobuses. López deja claro que “no quiere que los cochecitos de bebés no puedan subir, o no tengan preferencia. Sólo queremos poder compartir el espacio”. Esta Orden permite el acceso de los cochecitos pero no regula de ningún modo cómo se deben distribuir los sitios.
Lo ideal sería una renovación completa de la flota de autobuses interurbanos –algo que a priori parece una utopía-, pero ante la complicación que eso supone, una modificación de la Orden no parece tan descabellado. CERMI ha trasladado a la Consejería de Transportes que encabeza Pedro Manuel Rollán, un estudio que acompaña la propuesta de modificación normativa. En él se han plasmado las mediciones y pruebas objetivas necesarias que prueban la viabilidad de este cambio reglamentario.
¿Y qué pasa con el resto del transporte público de la Comunidad de Madrid?
Los autobuses interurbanos no son el único obstáculo al que se enfrentan cada día las personas en silla de ruedas y los usuarios de cochecitos. Aunque Madrid avanza a pasos agigantados en cuanto a accesibilidad en el transporte, aún denota graves deficiencias en los accesos de la región.
La EMT (Empresa Municipal de Transportes) es en la actualidad la mejor forma de desplazarse para estos colectivos. Cien por cien accesible y con una constante renovación de flota que culminará en 2020 con la adquisición de 750 nuevos autobuses más -a propuesta del Plan A de Calidad del Aire-. Además, en caso de fallo en la rampa de acceso, la EMT facilitará al viajero en silla de ruedas un taxi adaptado.
Metro de Madrid vuela para algunos. Para los que deben subir `a brazo´ el cochecito el viaje suma varios minutos más. Impensable para alguien en silla de ruedas es desplazarse a día de hoy hasta el Santiago Bernabeu o hasta Bilbao. El Gobierno de Cristina Cifuentes ya ha puesto remedio a un problema que afecta a los colectivos más vulnerables mediante el Plan de Accesibilidad que concluirá en 2020 con un 73 por ciento más de estaciones accesibles. Precisamente CERMI ha sido una pieza clave en el consenso de este programa.
El desplazamiento en los trenes cercanías es, probablemente, el más difícil de todos.
Cercanías Madrid es el servicio ferroviario de Renfe que comunica la capital con su área metropolitana y las principales poblaciones de la Comunidad de Madrid.
Ya en 2016 Ignacio Aguado criticaba la falta de accesibilidad en las estaciones de cercanías. El problema reside en que la Ley Nacional de Igualdad de Oportunidades no obliga a hacer accesibles las estaciones hasta 2020.