Los Ayuntamientos de Madrid, Rivas-Vaciamadrid y Coslada, las asociaciones de vecinos de la Cañada y ambos comisionados tanto de la Comunidad de Madrid como del Ayuntamiento de Madrid han acordado ya, según ha podido saber Madridiario, lo que podría ser el preacuerdo del Pacto por la Cañada Real. Este preacuerdo será aprobado este martes o como muy tarde al siguiente según han apuntado fuentes de la Comunidad.
Este acuerdo, después de ser aprobado en Consejo de Gobierno, será remitido a la Asamblea de Madrid. Una vez aprobado en la Cámara regional, los Ayuntamientos de Madrid, Coslada y Rivas-Vaciamadrid lo tendrán que ratificar.
El borrador del Pacto contempla derribos en el 80% de la Cañada Real
La Comunidad de Madrid dio a conocer en diciembre un mapa en el que se consideraba que un 80 por ciento de las viviendas deberían ser derribadas al contravenir limitaciones por ruido, acuíferos, zonas protegidas, o cableados de alta tensión, entre otras. En el 20 por ciento del terreno restante, que no tiene afecciones urbanísticas, se construirían pisos en altura para realojar a los vecinos afectados.
El Pacto Regional por la Cañada Real incluirá un plano definitivo de las afecciones urbanísticas y acústicas para trabajar con las zonas de este asentamiento ilegal deben ser desmanteladas. La parte de la Cañada Real afectada por construcciones ilegales de todo tipo (viviendas, naves industriales, almacenes de chatarra y residuos, huertos, etc.), ocupa 16 kilómetros atravesando los términos municipales de Coslada, Rivas-Vaciamadrid y Madrid (distritos de Vicálvaro y Villa de Vallecas).
La Cañada se caracteriza, a día de hoy, por una gran heterogeneidad tanto en las edificaciones (construcciones de muy diversos materiales, tamaños, características, antigüedad, usos…), como socioeconómica y sociocultural. Se trata de un espacio urbano de grandes contrastes que en algunos tramos se ve afectado por graves problemas de vivienda (chabolismo, infravivienda), la carencia o precariedad de servicios básicos (agua, electricidad, transporte público, recogida de basuras), la deficiente o nula existencia de infraestructuras (alcantarillado, pavimentación, alumbrado público), la ausencia de equipamientos básicos (centros educativos, sanitarios, culturales, deportivos…), las dificultades de acceso de la población a los servicios públicos básicos, los problemas derivados del tráfico de drogas y problemas de insalubridad, entre otros.
Según el cálculo realizado por el Gobierno regional, en toda la franja hay 1.443 parcelas y 2.537 edificaciones, en las que viven 7.283 personas. De estas 7.283 personas, 2.548 son menores de edad y todos ellos componen las 2.149 familias que habitan en la Cañada Real, el mayor asentamiento ilegal de España. De todas estas personas, 529 perciben la Renta Mínima de Inserción (RMI).
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