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Cañada Real
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Cañada Real (Foto: Gustavo Sánchez)

La Comunidad y los vecinos llegarán a un acuerdo sobre los derribos en la Cañada Real

Por Patricia Velasco
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pvelascomadridiarioes/8/8/20
viernes 13 de enero de 2017, 14:59h
Una mesa con técnicos procedentes tanto de la Comunidad de Madrid como de las asociaciones vecinales de la Cañada Real decidirá a través de un "plano definitivo de las afecciones tanto urbanísticas como acústicas " qué viviendas permanecen y cuáles son derribadas en este asentamiento ilegal, ha informado el comisionado de la Comunidad, José Antonio Martínez Páramo.

En una reunión mantenida este viernes entre los grupos políticos de la Asamblea de Madrid, representantes de los tres ayuntamientos afectados, Madrid, Rivas Vaciamadrid y Coslada, portavoces de las asociaciones de vecinos del Ayuntamiento y ambos comisionados tanto de la Comunidad como del Ayuntamiento de Madrid han acordado crear una mesa de trabajo entre técnicos que representen a la Comunidad como a los vecinos para crear un plano definitivo de las afecciones urbanísticas y acústicas para trabajar sobre qué zonas de este asentamiento ilegal deben ser desmanteladas.

La Comunidad de Madrid dio a conocer en diciembre un mapa en el que se consideraba que un 80 por ciento de las viviendas deberían ser derribadas al contravenir limitaciones por ruido, acuíferos, zonas protegidas, o cableados de alta tensión, entre otras. Los vecinos están en desacuerdo con este mapa. Por esta razón, en los próximas semanas se decidirá un nuevo plano en el que exista consenso en torno a las afecciones acústicas- ya que con las urbanísticas hay consenso- que suponen el 20 por ciento del total, según ha indicado a los medios el comisionado de la Comunidad de Madrid para la Cañada, Juan Antonio Martínez Páramo, que espera acordar un pacto regional en el próximo trimestre.

La portavoz de la asociación de vecinos del sector IV, Lidia Resani, ha criticado el borrador del plan regional que a su juicio supondría derribar el cien por cien de las viviendas para realojar a los vecinos afectados en "edificios en altura" y ha manifestado que los vecinos llevarán a los Tribunales cualquier acuerdo autonómico que no les convenza.

El espacio edificable en disputa asciende a cien mil metros cuadrados, según el comisionado, pues el proyecto del Gobierno regional plantea más de 200.000 metros cuadrados edificables y el de los vecinos prevé más de 300.000 metros.

El comisionado ha destacado el consenso de todos los grupos parlamentarios y ayuntamientos para garantizar el derecho a la vivienda, mientras que la portavoz de los vecinos ve "muchas palabras pero pocos compromisos" y considera que los partidos contradicen la ley aprobada en 2011 que prevía la permanencia del máximo de viviendas posibles ya construidas. Martínez Páramo ha señalado que existe compatibilidad para construir viviendas en altura y mantener los chalés existentes. "Puede ser compatible, incluso hay sectores como el primero, situado en Coslada, donde se quedarán los chalés existentes".

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