Se trata del aparcamiento público subterráneo de concesión municipal para residentes Cándido Mateo, adjudicado en 2005. La UTE Cándido Mateos, formada por Aglomerados Daimiel y DICO, fue la ganadora del concurso, adjudicado el 7 de octubre de 2005. DICO se encuentra, precisamente, entre las empresas relacionadas por la trama Púnica.
Una de las condiciones por las que la oferta de la UTE Cándido Mateos ganó el contrato fue que en ella se comprometió a no cortar el tráfico durante las obras para construir el aparcamiento. Logró seis puntos decisivos en el proces de adjudicación. El contrato de obras firmado en el marco de esa adjudicación ascendía a 3.904.083,21 euros. En él, el contratista se comprometía una vez más a asumir los costes de desplazamiento, desvío de tráfico consecuencia de las obras.
La revisión del expediente apunta ahora a que se adjudicó el contrato gracias a condiciones que la adjudicataria no podía cumplir, según informa el Ayuntamiento de Madrid en un comunicado, en el que se apunta que después se aprobó una convalidación de gasto con informes y argumentos técnicos en contra.
"En la Memoria de Convalidación del gasto que finalmente tuvo el proyecto, el motivo que alega el contratista para modificarlo es que 'los vehículos deben circular'. Dado que este contratista no había ofrecido esa alternativa y así se adjudicó el contrato, la obra no pudo hacerse en el plazo a que se había comprometido", detallan desde el área de Economía y Hacienda.
La rectificación del proceso constructivo alcanzó un importe de 3.382.408 euros, "es decir, casi el mismo importe por el que se había adjudicado el contrato de construcción de la obra". "El aparcamiento, que debía costar en un principio 3,9 millones, acabó costando, por esta modificación y otros gastos, más de 9 millones de euros", concretan desde el Consistorio.
El proceso de contratación fue objeto de revisión ya en 2007 cuando el Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) emitió sentencia por no concluir el trámite de información pública en el proceso. Los documentos revisados ahora, en el marco de las investigaciones sobre vínculos de la trama Púnica, apuntan a "probables irregularidades en el proceso de contratación del aparcamiento, cuya ejecución se saldó con una desmesurada convalidación de gasto". Será investigada por el Ayuntamiento de Madrid.
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