El Tribunal de Contratación anula la renuncia al proyecto de la Ciudad de la Justicia

El Tribunal Administrativo de Contratación Pública ha declarado nula la orden de la Consejería de Presidencia y Justicia por la que se desistía del procedimiento de adjudicación del contrato para la redacción, ejecución y explotación del proyecto Ciudad de la Justicia. Así lo detalla este organismo en una resolución, tras estimar un recurso interpuesto por Acciona y OHL por la citada orden emitida en noviembre por el Gobierno regional, que dejaba en suspenso el proyecto Ciudad de la Justicia.

Los recurrentes indicaban que la utilización de la fórmula de desestimiento supone en este caso la "violación en fraude de ley" de los principios de "igualdad y transparencia" de la contratación pública y de la "necesidad de adjudicar los contratos cuando existen ofertas admisibles". Añaden en el recurso que se "violan" los principios de "seguridad jurídica, buena fe, de interdicción de la arbitrariedad, la doctrina que veda la posibilidad de ir contra actos propios y de confianza legítima".

Por su parte, el Tribunal Administrativo de Contratación apela al principio de confianza legítima y de vinculación de actos propios para estimar el recurso de ambas compañías contra el desistimiento de la licitación.

La Comunidad de Madrid anunció el 17 de noviembre que desistía definitivamente del actual proyecto de Ciudad de la Justicia, ideado por el anterior Gobierno de Ignacio González, ante "la incertidumbre temporal sobre la resolución de los contratos adjudicados con anterioridad" y que han sido recurridos en sede judicial, tal y como indicaron la presidenta regional, Cristina Cifuentes, y el consejero de Justicia, Ángel Garrido.

Según explicó Garrido, el carpetazo al proyecto actual no suponía la renuncia a concentrar las sedes judiciales de la región de Madrid por parte del Gobierno de la Comunidad, pero "haciéndolo con el mayor consenso posible con jueces y magistrados, colegios de abogados y procuradores y el resto de colectivos implicados, una iniciativa que, en su día, fue defendida tanto por los profesionales de la Justicia como por los grupos parlamentarios de la Asamblea de Madrid".

El acuerdo se notificó a los licitadores, a los que se compensaría por los gastos efectivos en que hubieran incurrido, previa solicitud y con la debida justificación de su valoración económica, tal y como consta en la cláusula 32 del pliego de contratación. No obstante, ahora esa orden queda anulada por el Tribunal Administrativo de Contratación.

El Tribunal de Contratación expone que en este caso se aludía a la preexistencia de dos contratos de redacción de proyectos referidos al Campus de la Justicia, la anterior iniciativa para reagrupar sedes judiciales. El organismo entiende que el objeto de contratos como el de Corsan-Corviam es sólo "coincidente" con el que ocupa el recurso y que al ser de "estudio", "en modo alguno obligan a ejecutar el objeto sobre el que recaen". Respecto al proyecto de ejecución y estudio de seguridad de las obras del nuevo edificio para los juzgados de lo Social y Mercantil, el órgano expone que aunque son "parcialmente coincidentes", se debía haber resuelto con anterioridad a la convocatoria del segundo contrato.

Por otra parte, fuentes de la Consejería de Presidencia y Justicia han detallado que los servicios jurídicos van a proceder a analizar la resolución del Tribunal Administrativo de Contratación Pública para estudiar un posible recurso. Las mismas fuentes subrayan que con esta situación se vuelve a la situación preexistente a la decisión de la Comunidad de desestimar el proyecto, cuando no se podía adjudicar el contrato de Ciudad de la Justicia porque todavía está pendiente una decisión sobre el contrato de Campus de la Justicia con Corsan-Corviam.