Continúa la polémica ligada a las nuevas condiciones impulsadas por el Gobierno de la Comunidad de Madrid para la obtención de la Tarjeta de Transporte Púlico Personal (TTP-personal), popularmente conocida como abono transporte.
Mientras Más Madrid insiste, vía Proposición No de Ley, en la retirada del nuevo requisito, el empadronamiento en algún municipio de la región, para poder acceder al recurso, la presidenta Isabel Díaz Ayuso trata de atajar las críticas con algunos matices hasta la fecha desconocidos. En concreto, dando a conocer que, siguiendo el modelo de pactos alcanzados ya con algunas poblaciones limítrofes de Castilla-La Mancha y Catilla y León, el Ejecutivo promoverá acuerdos con comunidades vecinas para que los universitarios puedan disponer del abono joven -y los descuentos que este trae aparejado- pese a no estar empadronados formalmente.
"El servicio de uno de los mejores transportes públicos del mundo hay que pagarlo. Hay que seguir modernizándolo, ampliándolo y ampliando las nóminas de los trabajadores. No obstante, del mismo modo que tenemos convenio con otras regiones, como Castilla-La Mancha, vamos a promover otros acuerdos con el resto de regiones para que los jóvenes universitarios y los demás estudiantes en Madrid puedan acogerse al abono joven y la subvención que conlleva", ha explicado al hilo desde el desayuno informativo organizado este lunes por Nueva Economía Fórum y en el que la máxima mandataria actuó como telonera de su portavoz parlamentario, Carlos Díaz-Pache.
Y, a renglón seguido, la propia Ayuso justificaba la puesta en marcha de esta nueva exigencia en base a la legislación vigente: "A diferencia del Gobierno Central, en la Comunidad de Madrid aprobamos presupuestos, rendimos cuentas en cumplimiento del deber y somos respetuosos con la ley, el orden y el gasto público. Por este motivo, ahora que se han sorteado las limitaciones tecnológicas y hay ya un nuevo sistema tarifario plenamente consolidado, vamos a aplicar la Ley del Consorcio Regional de Transportes que desde 2011 nos dicta que las tarifas que recogen los distintos abonos sean destinadas a los contribuyentes madrileños".
Se trata, tal y como apostillaría minutos más tarde Díaz-Pache, de "dirigir las ayudas -en este caso las subvenciones al transporte público- a las personas para los que están pensadas -los madrileños-", siguiendo, por ejemplo, el sistema de descuentos en vuelos para residentes en las Islas Canarias.
En paralelo, la principal fuerza de la oposición, Más Madrid, ha decidido elevar la cuestión ante el parlamento regional al registrar una PNL encaminada a la retirada del requisito de empadronamiento para la obtención del abono transporte personal al considerar que el Gobierno regional estaría "usando la burocracia para excluir, hacer la vida más difícil y perjudicar a personas de todos los orígenes". Entre ellos, los mencionados estudiantes, pero también los trabajadores que cada día se desplazan a la región o los migrantes que "encuentran trabas de todo tipo para empadronarse en la Comunidad de Madrid".