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    6 de julio de 2022

VTCs

El Juzgado de lo Mercantil 3 de Madrid ha admitido a trámite una demanda por parte de la PIT a un conjunto de empresas de VTC por presunta competencia desleal.

El presidente de la Comunidad de Madrid dejará su cargo el 11 de abril, pero este martes ha aprovechado para despedirse de Sol zanjando cuentas pendientes. En su último Consejo de Gobierno se han aprobado los decretos que regularán las salas de juego y casas de apuestas, la flexibilización del sector del taxi para hacerlo más competitivo y los pisos turísticos, entre otras cuestiones.

El pasado mes de febrero entró en vigor en Barcelona la normativa que obliga a contratar con antelación los coches de plataformas como Uber y Cabify. Esta situación ha llevado a que el número de licencias se dispare en la capital, donde no existe regulación.

A partir del 1 de marzo, empresas como Uber y Cabify deberán notificar y registrar online todos los trayectos que realicen para así garantizar que cumplen con los requisitos fijados por ley.

A las 18:00, los taxistas de Madrid volverán a concentrarse -desde Atocha hasta Cibeles- para manifestarse por la defensa de la prestación de servicios públicos. Será su primera protesta tras desconvocar la huelga indefinida esta semana.

El presidente de la Federación Profesional del Taxi, Julio Sanz, ha pedido "dejar la política" y que "a quien corresponda que solucione el problema" que ocurre actualmente con el sector del taxi y de las VTC.

Declaraciones del Portavoz Comité de Huelga, Saúl Crespo, que ha afirmado que la responsabilidad del conflicto es "solo de los políticos" ya que no han ofrecido ninguna solución. "Los taxistas estamos dispuestos a negociar pero desde la Comunidad de Madrid la solución propuesta no ayuda ya que se limita a liberalizar el sector".

"No queremos que nos den las cosas hechas", exige el presidente de la Federación de Municipios de Madrid. Guillermo Hita asegura que no puede opinar sobre el borrador que la Comunidad ofreció a los taxistas porque no se lo han presentado, pero considera que dejar en manos de los ayuntamientos la regulación de la precontratación de los VTCs excede sus competencias.