La Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) afirma que no es vinculante el alquiler de pisos turísticos en las ciudades con el aumento del precio del alquiler de la vivienda. Así lo ha asegurado en un informe publicado este lunes a petición de Ayuntamientos como el de Madrid, Barcelona o San Sebastián, con el fin de regular este tipo de servicio que se asienta cada vez con más fuerza en los núcleas urbanos.

El Ayuntamiento de Madrid ha pedido personarse en el proceso judicial abierto en el Tribunal Supremo para defender el equilibrio de un máximo de una licencia VTC por cada 30 taxis.

La nueva numeración telefónica geográfica asignada a Madrid para evitar el agotamiento de los números de telefonía fija entrará en vigor este viernes, 18 de noviembre. El indicativo provincial será el 919 y sólo podrá utilizarse para la prestación de servicio telefónico fijo disponible al público.

Según ha informado en un comunicado, la Federación Profesional del Taxi de Madrid (FPTM) propondrá al resto de asociaciones del sector la convocatoria de una nueva manifestación para el próximo 12 de mayo. Con ella pretenden pedirle a la Administración que concrete la regulación del servicio de vehículos de arrendamiento con conductor (VTCs).

La Federación Profesional del Taxi de Madrid (FPTM) ha asegurado este jueves que, con la desaparición de su gremio en la Comunidad de Madrid, las Administraciones dejarían de ingresar los 187 millones de euros anuales que los taxistas aportan a través de sus impuestos y cotizaciones sociales.

El delegado de Medio Ambiente y Movilidad del Ayuntamiento de Madrid, Diego Sanjuanbenito, ha avanzado este martes en la comisión del ramo que se ha puesto en marcha un estudio para valorar el perjuicio económico para las arcas municipales derivado de las prácticas anticompetencia de grandes empresas, sancionadas por la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC).

La Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) ha impuesto una multa total de 98,2 millones de euros a casi 40 empresas y a tres asociaciones por mantener durante al menos trece años un cártel en el sector de la prestación de servicios públicos urbanos que afectó a todo el país. La patronal lo niega y las empresas afectadas recurrirán la multa individualmente. Por su parte, el Ayuntamiento ha anunciado que estudia medidas "legales y administrativas".