21 de octubre de 2019, 4:49:59
Medio Ambiente


Competencia multa con 98 millones a casi 40 empresas de limpieza y basuras

Por MDO/E.P.

La Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) ha impuesto una multa total de 98,2 millones de euros a casi 40 empresas y a tres asociaciones por mantener durante al menos trece años un cártel en el sector de la prestación de servicios públicos urbanos que afectó a todo el país. La patronal lo niega y las empresas afectadas recurrirán la multa individualmente. Por su parte, el Ayuntamiento ha anunciado que estudia medidas "legales y administrativas".


Se trata de una de las mayores multas del 'superregulador' y uno de los mayores y "más complejos" cárteles detectados en los últimos años. Su relevancia reside en el número de empresas implicadas, en el periodo de tiempo que se mantuvo, en el hecho de que se desarrolló en todo el territorio nacional y, sobre todo, en que afecta a un gran número de contratos públicos, lo que en última instancia repercute en los precios que los ciudadanos pagan como contribuyentes por los servicios, según explicaron en fuentes de la CNMC.

En su resolución, la Comisión considera acreditado que los cuatro grandes grupos de construcción y servicios, otras 35 compañías y tres patronales multadas llevaron a cabo entre los años 2000 y 2013 una "práctica concertada global de reparto de mercado que integraron en su política comercial". En concreto, estas empresas mantuvieron acuerdos por los que se repartían los contratos públicos de ayuntamientos o los boicoteaban, esto es, acordaban no presentarse si las condiciones "no se ajustaban a sus intereses". También se distribuían y se respetaban sus respectivos clientes, tanto públicos como privados, y se intercambiaban información "comercialmente sensible".

Las cuatro grandes compañías cotizadas y el grupo Saica copan casi el 75 por ciento del importe total de la sanción, dado que, en conjunto, sus multas suman 72 millones de euros. La CNMC ha impuesto a Urbaser, filial de servicios de ACS, una sanción de 23,28 millones de euros, a FCC de 16,88 millones, a Valoriza (Sacyr) de 15,29 millones, a Cespa (Ferrovial), de 13,61 millones, y a Saica, de 5,37 millones. La sanción se ha determinado, además de con los parámetros fijados en la ley y con un fin disuasorio, en función del supuesto beneficio ilícito obtenido con estas prácticas, según dichas fuentes, que no obstante reconocen que el "perjuicio económico causado seguramente ha sido superior".

Madrid estudia medidas legales

El Ayuntamiento de Madrid figura como uno de los más afectados, si bien también actuó en contratos con el Ayuntamiento de Sevilla y de administraciones del País Vasco, Cataluña, Málaga y Ceuta, entre otras. Asimismo, varios de los contratos superan los 500 millones de euros. En la ciudad de Madrid, están afectados contratos de recogida de basura, limpieza urbana y también de gestión del centro de residuos de Valdemingómez. Este martes, el delegado de Medio Ambiente y Movilidad del Ayuntamiento de Madrid, Diego Sanjuanbenito, ha avanzado en los pasillos del Pleno que el Gobierno municipal estudia medidas "legales y administrativas" tras el expediente abierto por la CNMC. Sanjuanbenito ha señalado que el perjuicio municipal no se contabiliza en términos económicos sino más bien en que los concursos quedaran desiertos por ese pacto de "no agresión entre empresas". "Podíamos hablar de demoras y tiempos para los que se han tenido que volver a sacar licitaciones. No estaríamos hablando de una cantidad de dinero sino de acuerdos de no agresión (entre empresas), lo que llevaba a concursos desiertos y que tuviéramos que prorrogar y volver a licitar", ha explicado. "Hemos sido perjudicados", ha asegurado después de destacar que el Ayuntamiento lleva colaborando con la CNMC "desde hace más de un año" en este asunto.

En saneamiento urbano, la CNMC ha acreditado acuerdos entre los cuatro grandes operadores (ACS, FCC, Ferrovial y Sacyr), articulados a través de la patronal Aselip, para concurrir a contratos públicos en determinados lugares y para "boicotear" los que no se ajustaban a sus intereses no concurriendo a los mismos. El sector del papel y el cartón, sobresale entre los hechos acreditados el del concurso de venta de papel recuperado del Ayuntamiento de Madrid de 2000, en el que varias empresas se presentaron conjuntamente a través de la patronal Arema, lo que repercutió en unos menores ingresos a este Consistorio.

El organismo que preside José María Marín Quemada detectó la posible existencia de estos acuerdos a raíz de una investigación sobre gestión de residuos sanitarios en 2012. En el marco de la instrucción, sus inspectores han recabado documentación y correos electrónicos en los que se prueba la existencia de contactos entre las empresas sobre la intención de presentarse o no a un contrato, o en la que se preguntan sobre si determinado cliente 'pertenece' a determinada empresa, según la CNMC. Durante la investigación, este organismo no encontró ningún supuesto de delito penal que tuviera que ser trasladado a la Fiscalía, y tampoco empresa alguna que decidiera al programa de clemencia, por el que el regulador exime de multa a las firmas que colaboran con la investigación, según dichas fuentes.

"No somos un cártel"

La patronal Aselip ha asegurado que las empresas recurrirán las multas impuestas individualmente porque "nada o casi nada tiene que ver con la realidad" según su presidente, Francisco Jordán. "No somos un cártel. Somos una modesta asociación que representa los legítimos intereses de sus asociados", ha insistido su presidente. Jordán ha reconocido que, como asociación, si veían que un contrato "tenía riesgo", por no tener margen de negocio, lo ponían en conocimiento de sus asociados. "El origen de la multa está en mecanismos de autodefensa contra los impagos de las administraciones, que hasta el Plan de Pago a Proveedores tenían deudas con nosotros", ha apuntado el responsable de Aselip, asociación que tenía en su código de conducta no presentarse a concursos si había deudas sin satisfacer con anteriores concesionarias. Sin embargo, ha negado que se repartieran los concursos a los que tenían que presentarse. "Eso es una leyenda. Tendrán que demostrarlo con pruebas", ha afirmado.

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