La Comunidad de Madrid ha anunciado que analizará "todas las vías jurídicas y administrativas" para depurar posibles responsabilidades de un grupo de trabajadores del Plan de Protección Civil contra Incendios Forestales (Infoma) que se encuentra en huelga, al considerar que su actuación durante la actual emergencia puede haber comprometido el funcionamiento del operativo.
En un comunicado, el Gobierno regional sostiene que alrededor de 60 bomberos forestales, de un colectivo formado por unos 2.100 profesionales, mantienen una estrategia de "chantaje" en plena situación de emergencia de interés nacional. El Ejecutivo considera que este grupo intenta condicionar la organización del dispositivo y ofrecer una imagen que, a su juicio, no refleja el funcionamiento real de los servicios de emergencia.
La decisión llega después de que varios bomberos forestales difundieran un comunicado en el que denunciaban la falta de vehículos para desplazarse a los incendios desde la Dirección General de Emergencias. Además, anunciaron en redes sociales que acudirían "por su cuenta" a los siniestros para proteger a la población ante lo que calificaban como ausencia de órdenes y de medios.
Frente a estas afirmaciones, la Comunidad asegura que la movilización de recursos en un incendio de estas características debe realizarse exclusivamente a través de la cadena oficial de mando y desde los parques y retenes asignados, con el fin de garantizar la coordinación y la seguridad de las intervenciones.
El Ejecutivo autonómico sostiene que estos trabajadores conocen los destinos asignados para la campaña y que fueron aceptados al firmar sus contratos y la adjudicación de plazas. Según la versión del Gobierno regional, los huelguistas permanecen en la sede de la Dirección General de Emergencias, en Las Rozas, en lugar de incorporarse a sus bases operativas, desde donde se activan los medios del Infoma.
Asimismo, rechaza que exista una falta de recursos y considera que presentar la situación de ese modo contribuye a generar alarma social en un momento especialmente delicado.
La Comunidad afirma haber mantenido diversas negociaciones con este colectivo y asegura que ha planteado mejoras económicas dentro del marco legal vigente. No obstante, considera inaceptable que se utilice una emergencia de esta magnitud para aumentar la presión sobre la Administración.
Por ello, el Gobierno regional estudiará posibles actuaciones administrativas y legales si concluye que determinadas conductas han podido afectar al servicio público, dificultar el trabajo de los dispositivos de emergencia o poner en riesgo la seguridad de las personas y del patrimonio natural.
Finalmente, el Ejecutivo ha trasladado su reconocimiento al conjunto de profesionales y voluntarios que participan en las labores de extinción y protección de la población afectada por los incendios.
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