El PSOE aplicará su código ético en Móstoles de forma "milimétrica"

La secretaria de organización del PSOE-M, Marta Bernardo, ha avanzado que el partido ha dado un plazo de 24 horas a la Junta de Gobierno de Móstoles para que comunique su situación procesal después de que hayan sido citados como investigados a los miembros que componían la Junta de Gobierno Local de este municipio por la presunta comisión de un delito de malversación y otro continuado de prevaricación en relación a la condonación de una deuda de 2,4 millones de euros a una empresa de ITV.

"Ayer lo que hicimos de forma inminente fue ponernos en contacto con los afectados y solicitar que nos comunicaran en un plazo máximo de 24 horas la situación procesal que tienen en estos momentos. Una vez tengamos esa información haremos las valoraciones y aplicaremos nuestros recursos que son nuestro código ético milimétricamente y de forma contundente", ha trasladado Bernardo en declaraciones a los periodistas antes del Pleno de la Asamblea de este jueves.

La parlamentaria ha recordado que aún no han pasado 24 horas y que prefieren esperar a que reciban la contestación a lo largo del día para no adelantarse a los acontecimientos porque "no sería justo hacerlo antes de tiempo".

La portavoz de Más Madrid, Mónica García, se ha mostrado "preocupada" por las noticias "alarmantes" de Móstoles, y, aunque respeta "la labor de la Justicia" espera que se "diriman responsabilidades" ante las "irresponsabilidades que ha cometido un equipo de Gobierno".

Por su parte, la portavoz adjunta de Unidas Podemos, Alejandra Jacinto, ha reconocido que su concejala de Juventud y Educación forma parte del Gobierno y está llamada a declarar como investigada aunque ha abogado por "esperar" y "dejar trabajar a la Justicia".

El portavoz del PP, Alfonso Serrano, se ha preguntado "¿qué ocurriría hoy en este Pleno, de qué se estaría hablando hoy si un Ayuntamiento gobernado por el PP tuviera a todo el equipo de gobierno imputado por malversación y prevaricación?". "¿Qué estaría diciendo la izquierda? No hablamos de una especulación, hablamos de un hecho y es la imputación de todo el equipo de Gobierno socialista", ha zanjado.

Posse no dimite

La alcaldesa de Móstoles, Noelia Posse, ha defendido este jueves que la Junta de Gobierno Local no va a dimitir por la presunta comisión de un delito de malversación y otro continuado de prevaricación en relación a la condonación de una deuda de 2,4 millones de euros a una empresa de ITV, porque sus acciones "se ajustan a derecho y a la legalidad". Sobre su partido, ha señalado que "lógicamente el partido lo que tiene que hacer es mantenerse al margen", esperar "que los jueces sean los que decidan" y, en base a eso, posicionarse.

En una entrevista en la 'Cadena Ser', Posse ha afirmado que no ha hablado con el secretario general del PSOE-M, Juan Lobato, por su baja de paternidad pero está "en contacto permanente con el partido".

Así, ha detallado que ya comunicó a la formación su situación procesal hace dos meses, al igual que lo han hecho el resto de sus compañeros, y ha subrayado que todos están "sometidos a unos estatutos y al código ético, y es de obligado cumplimiento para todos".

"No tenemos ningún miedo porque nosotros lo que hemos hecho se ajusta a la legalidad", ha defendido la regidora. Así, ha detallado que toda la Junta de Gobierno está desde el principio investigada, tras la querella presentada por los concejales de Más Madrid que asegura que tiene "una clara finalidad política y va en la línea de desgastar a PSOE y Podemos de cara a las elecciones municipales de 2023".

"Los hechos no son ciertos, este Gobierno municipal no ha condonado dos millones casi dos millones y medio de euros a la empresa ITV Móstoles, eso es absolutamente falso", ha defendido la alcaldesa, quien ha asegurado que han propuesto una quita del 50% y aplazar el pago de la deuda "buscando el mal menor del Ayuntamiento y salvar puestos de trabajo". "Este acuerdo fue tomado con absoluto respeto a la legalidad y contaba con informes favorables", ha afirmado.

En concreto, ha detallado que cuando la empresa entró en preconcurso de acreedores se entró a negociar con la misma y el Gobierno Local acudió a un experto asesor experto en derecho concursal que dijo que esta acción "se ajustaba a derecho".

"Nosotros hemos estado durante toda la pandemia ayudando a muchas empresas y comercios que han vivido una situación dramática", ha continuado Posse. En esta línea, ha argumentado que tomaron esta medida para "defender el interés público con la finalidad de cobrar el máximo de la deuda y buscar una alternativa al cierre de las instalaciones".