David Pérez: “La vivienda puede convertirse en motor económico para la reconstrucción de Madrid”

La crisis sanitaria del coronavirus lleva aparejada otra crisis tan grave y mucho más profunda, la económica, de la que nos va a costar recuperarnos y que está golpeando de manera directa a sectores muy concretos. El consejero de Vivienda y Administración Local de la Comunidad de Madrid, David Pérez, asume que el evidente daño social, económico y laboral que está dejando la pandemia va a afectar irremediablemente también al sector de la construcción y, por extensión, al derecho constitucional de acceso a la vivienda. “La vivienda no se puede analizar independientemente del resto de la economía. Ahora es el momento de tomar medidas, no queremos que nadie se quede fuera. Hay que adelantarse”, señala.

El consejero reclama que todas las administraciones vayan ya dando pasos, como está haciendo la Comunidad de Madrid, con medidas de estímulo a un sector que puede significar un revulsivo para recuperar los buenos datos de contabilidad de los que siempre ha presumido la región. “La vivienda puede convertirse en un motor económico para la reconstrucción de nuestra Comunidad. Al final este sector va a necesitar mano de obra y puede absorber a muchos de los desempleados expulsados de otros sectores de la economía”.

A pesar de la situación, David Pérez confía en que esta inesperada crisis no altere el Plan Vive Madrid, que prevé la construcción en esta legislatura de 15.000 viviendas en régimen de alquiler a precios asequibles, destinadas principalmente a jóvenes y familias con rentas bajas. “Estamos trabajando para que no se vea alterado. Va a ser más necesario que nunca. Muchos jóvenes se van a quedar sin empleo o van a ver reducidos sus ingresos y tenemos la obligación de ofrecerles esas viviendas en alquiler a mitad de precio”, subraya Pérez.

Durante toda esta pandemia en su departamento no se ha dejado de trabajar en el calendario de ejecución del Plan. “Lo que queremos es que no se alargue en el tiempo ni se comprometa su viabilidad”, aclara y confiesa su optimismo. “Estoy convencido de que va a salir a adelante. Y va a ser necesario por dos razones, porque la gente va a necesitar acceder a la vivienda a unos precios asequibles y porque el propio Plan tiene una capacidad de generación de empleo de más de 100.000 personas, y eso también va a ser muy necesario”.

También ha estado muy activa durante estas semanas la Agencia de la Vivienda Social. Muchos de sus inquilinos se encuentran en situación de vulnerabilidad por el COVID-19, tanto residentes como emprendedores que tienen negocios en locales comerciales en inmuebles de la AVS. “En el ámbito de nuestras competencias, hemos actuado en estos casos. Muchos vecinos han perdido sus ingresos, como los que se dedican a la venta ambulante y ahora no pueden vender. Les hemos dejado la renta al mínimo legal, 45 euros al mes”.

En otros ámbitos las ayudas proceden del Gobierno central, a quien el consejero madrileño le reprocha que no las “dote de los recursos financieros necesarios. Se supone que para pagar esas ayudas nos van a dar 15 millones de euros. Nosotros hemos calculado que nos van a costar 150 millones, nos dan diez veces menos”. Y sentencia: “Es importante que cuando se anuncien ayudas, vengan acompañadas de financiación, si no, no son ayudas, es propaganda”.

En este contexto de incertidumbre, la Comunidad de Madrid prepara un Pacto por la Vivienda en el que ha involucrado a todos los agentes del sector inmobiliario, desde los promotores a los arquitectos, pasando por los cooperativistas, las gestorías o las agencias, todos ellos primeros interesados en que se reactive la construcción. “Lo que hemos hecho ha sido repartir papeles y les hemos encargado que cada uno desarrolle unas medidas que van a conformar después un decálogo para un Pacto por la Vivienda que asegure la viabilidad de ese sector”, explica David Pérez e invita a todos a ser más ambiciosos. “Que lo veamos como una oportunidad para revisar este sector, mejorar lo que no estuviera bien, hacerlo más social y convertirlo en una palanca de cambio y desarrollo de nuestra economía”.

Entre las bases de este Pacto figuran revisar la fiscalidad, bajar impuestos, reducir burocracia, fomentar la colaboración público-privada, impulsar la rehabilitación y revitalizar los barrios más deprimidos.

Precisamente avanzando en el aspecto de la reducción burocrática, la presidenta regional, Isabel Díaz Ayuso, anunciaba ayer como medida destinada a reactivar la economía la supresión de las licencias urbanísticas y su sustitución por declaraciones responsables, lo que reduciría el tiempo de espera en trámites. “Era un compromiso de nuestra presidenta y ahora se ha hecho más necesario, por eso se ha acelerado su aprobación. Así queda resuelto uno de los grandes problemas a los que se enfrentan quienes tratan de construir vivienda. Los trámites se ralentizan y alargan en el tiempo, y eso al final acaba repercutiendo en el precio de la vivienda”, aclara el consejero.

En la colaboración público-privada juegan un papel destacado los ayuntamientos de la región, con cuyos alcaldes mantiene un contacto estrecho como consejero de Administración Local, mucho más en estas últimas semanas en las que cada Consistorio ha tenido que improvisar soluciones para afrontar la pandemia. “Merecen un gran reconocimiento. Precisamente por eso hemos tomado dos grandes medidas: aumentar a 134 millones de euros la dotación para sus gastos corrientes y aprobar ayudas por valor de 5 millones de euros. Hoy mismo el Consejo de Gobierno estudiará la aprobación de una nueva ayuda, en este caso destinada a los pueblos de la Sierra Norte, de 1,5 millones de euros. Se suma a las otras dos que aprobamos en anteriores Consejos, de 2,4 millones y 2,7 millones, destinadas a los pueblos de menos de 5.000 habitantes”, detalla Pérez.

Pero si en algo coincide la mayoría de los alcaldes es en seguir reclamando que se les permita hacer uso del remanente de sus cuentas para invertirlo en paliar los efectos del coronavirus en sus municipios. El consejero reivindica a su presidenta como “la primera persona que exigió al Gobierno central que los ayuntamientos pudieran utilizar el cien por cien del superávit, en la Conferencia de presidentes. A partir de ahí se han ido sumando más instituciones”. Y aprovecha para pedir a los ayuntamientos socialistas de la región “que lo defiendan también para su gente y su pueblo. Yo lo estoy echando de menos. Cuando se trata de defender el gobierno local, hay que defenderlo en justicia, no desde el partidismo”. El consejero cree que este “es momento de colaboración institucional” y concluye con un deseo: “Ojalá el Gobierno no cumpla la amenaza de apropiarse de esa esa caja”.