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Marta Higueras, primera teniente de alcalde y delegada de Asuntos Sociales, Equidad y Empleo.
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Marta Higueras, primera teniente de alcalde y delegada de Asuntos Sociales, Equidad y Empleo. (Foto: Kike Rincón)

El Ayuntamiento pagará hasta dos facturas de suministros a familias que no puedan afrontarlas

Por Enrique Villalba
jueves 15 de octubre de 2015, 14:12h
El Ayuntamiento de Madrid pretende hacerse cargo de hasta dos facturas impagadas de gas, agua y electricidad de familias vulnerables que no puedan hacer frente a los pagos y cuya situación haya sido comprobada por los servicios sociales municipales, para evitar cortes de suministro, según ha explicado la concejala de Equidad, Derechos Sociales y Empleo, Marta Higueras.
La edil ha concretado que representantes del Consistorio se van a reunir este jueves por la tarde con el ministro de Industria, José Manuel Soria, para proponer varias modificaciones en la regulación del bono social a las facturas de servicios energéticos y de agua. Así, plantean que se decrete esta ayuda a familias en situación de extrema vulnerabilidad y/o que estén recibiendo la Renta Mínima de Inserción. Plantean, asimismo, que la declaración de beneficiario conlleve una tarifa social de consumo progresiva que pueda llegar hasta el cien por ciento en casos de pobreza extrema, que se asesore a la población en la reducción de los consumos energéticos y de agua.

Además, ha avanzado que se están manteniendo entrevistas con responsables de las compañías de dichos sectores para proponer que el Ayuntamiento se haga cargo de, como máximo, dos facturas impagadas de familias que tengan acreditado por los servicios sociales su carencia de recursos para acometer dichos pagos. Además, les han solicitado la suscripción de convenios con los que amplíen los descuentos de bono social a familias con pocos recursos, con cargo al presupuesto de responsabilidad social corporativo de dichas empresas, del 25 al 50 por ciento. En caso de que no acepten, el Consistorio se hará cargo de ese 25 por ciento restante con cargo al fondo de contingencia de los presupuestos municipales. Esta aportación municipal es un añadido al fondo interadministrativo contra la pobreza energética anunciado por la presidenta regional Cristina Cifuentes este miércoles.

Según datos de los servicios sociales del Consistorio, al menos 1.141 familias se encuentran en situación de no poder pagar facturas. Para ese primer colectivo, antes de una cuantificación total de la situación, el Gobierno municipal ha destinado 277.000 euros.

El bono social para suministros, regulado por la Ley del Sector Energético, establece como requisitos que la potencia contratada sea inferior a 3 kilowatios, que se trate de un consumidor mayor de 60 años y que perciba la pensión mínima, que sean familias numerosas o que todos los miembros de la unidad familiar estén en paro.
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