Acuerdo para 'repartir' 150 familias de la Cañada por toda la Comunidad

La Comunidad de Madrid y el Ayuntamiento de la capital han logrado este lunes un acuerdo para realojar a 150 familias de la zona más vulnerable de la Cañada Real, el sector 6 de la Cañada Real. El coste del realojo, que tendrá un plazo máximo de dos años, es de 18 millones de euros y será sufragado a partes iguales por ambas administraciones.

El anuncio se ha llevado a cabo después de la reunión que han mantenido Ángel Garrido, consejero de Presidencia, Justicia y Portavocía del Gobierno, Rosalía Gonzalo, consejera de Transportes y Vivienda, Nacho Murgui, delegado de Coordinación Territorial y Cooperación Público-Social del Consistorio madrileño, y Marta Higueras, delegada de Equidad, Derechos Sociales y Empleo.

Tras el encuentro, tanto Garrido como Murgui han expresado su satisfacción por lograr este acuerdo que permitirá realojar a cerca de 500 personas del sector 6, el ubicado entre la incineradora de Valdemingómez y el final del término de Madrid con Getafe. “Queremos solucionar un problema importante para Madrid y hemos cerrado los temas pendientes”, ha señalado Garrido.

En este sentido, el consejero de Presidencia ha precisado que ahora sólo falta el informe jurídico que determine qué competencias tiene que asumir cada una de las administraciones en este proceso de realojo. “En unos días tendremos el informe y después se inicia el proceso administrativo, así que confiamos en poder firmar el convenio a primeros de año”, ha puntualizado.

“Queremos compartir al 50 por ciento los trabajos previos con las familias, después el seguimiento de las mismas, una vez que estén realojadas, y luego están los costes de desmantelamiento así como los de la compra de las viviendas, pero lo importante es que tenemos la voluntad de colaborar y luego la fórmula será la que establezcan los servicios jurídicos”, ha subrayado Garrido.

Además, el consejero de Presidencia ha señalado que, si bien el plazo máximo para el realojo es de dos años, se intentará hacer en “el plazo más breve posible”. Igualmente, ha indicado que los pisos en los que se reubicará a estas familias estarán en distintas zonas de la Comunidad de Madrid, “intentando que haya un reequilibrio en la llegada de las personas que hay que ir realojando”.

Solucionar situaciones de vulnerabilidad

Por su parte, Murgui ha insistido en la importancia de lograr un acuerdo y ha añadido que “ahora queda el informe jurídico que consolide este acuerdo político que nos permita proceder a la firma del convenio”. Ha destacado además “el compromiso de ambas administraciones por dar una solución a la Cañada Real y a las situaciones de vulnerabilidad que se están dando en este ámbito”.

El pasado 26 de abril, el Pleno del Ayuntamiento de Madrid aprobó por unanimidad la adhesión al Pacto Regional por la Cañada Real Galiana. En su elaboración participó el Consistorio madrileño, sus homólogos de Rivas-Vaciamadrid y Coslada, el Gobierno regional, asociaciones vecinales de todos los sectores y entidades sin ánimo de lucro que trabajan en la zona.

El último encuentro entre ambos responsables se produjo en septiembre, cuando se plantearon las bases para definir el contenido del convenio. Ahora las dos administraciones han llegado a un acuerdo para realojar a estas familias del sector 6 que se encuentra en situación de extrema vulnerabilidad, según datos del estudio de la Agencia de la Vivienda Social de 2016.

El asfaltado empezará en las próximas semanas

Al hilo del Pacto Regional para la Cañada Real, este lunes también se ha conocido que el asfaltado de la misma comenzará en las próximas semanas. Al menos así lo ha asegurado el Ayuntamiento de Coslada después de que los vecinos del municipio mostrasen "inquietud".

Así, según los datos facilitados este lunes, está previsto que entre diciembre y enero estén concluidos los trabajos, con lo que se daría por finalizada una de las tres medidas a adoptar en este Sector 1.

Las otras dos medidas se refieren al tema del abastecimiento de agua y electricidad. A este respecto, el representante del Comisionado, Ricardo Vicent, ha anunciado que "estos últimos días se ha producido una comunicación con la empresa suministradora para proceder a la regularización de las instalaciones en situación irregular". No obstante, ha reconocido que este asunto "llevará algo más de tiempo debido a cuestiones de normativa".