De este barómetro también se desprende que un 21,27 por ciento de los madrileños considera que el sistema sanitario funciona bastante bien mientras que un 48,46 por ciento señala que funciona bien pero requiere cambios. Por otro lado, un 24,55 por ciento de los encuestados considera que precisa de cambios fundamentales y un 4,6 por ciento señala que el sistema sanitario funciona mal y hay que rehacerlo.
El 61,26 por ciento de los madrileños se decantan por los centros sanitarios públicos a la hora de ser tratados mientras un 31,48 por ciento opta por los privados. Por otro lado, un 6,02 por ciento apunta a que puede ser tratado en ambos sistemas.
Asimismo, destacan de la sanidad pública las tecnologías y medios a su disposición (68,97 por ciento), la capacitación de médicos y enfermeras (62,04 por ciento) y la información que reciben sobre sus centros de salud. Mientras, de los centros privados destacan por la rapidez de la atención (65,60 por ciento) y por el confort de las instalaciones (50,32 por ciento de los consultados).
Datos a nivel nacional
A nivel nacional, el 70,6 por ciento de los ciudadanos españoles piensa que el Sistema Nacional de Salud (SNS) ha funcionado bien o bastante bien a lo largo del 2012, coincidiendo con la puesta en marcha de la reforma impulsada por la ministra del ramo, Ana Mato, y le dan una nota media del 6,57.
La calificación es similar a la de 2011, cuando se obtuvo la nota media más alta de los últimos años (6,59), mientras que la satisfacción desciende ligeramente, ya que en el año anterior el 73,3 por ciento aseguró estar satisfecho con el funcionamiento del sistema.
Además, de los que han usado sus servicios más de 8 de cada 10 manifiestan que la atención clínica recibida en los distintos niveles asistenciales de la sanidad pública fue muy buena o buena (El 87,6 por ciento en las consultas de Atención Primaria, el 83,4 por ciento en las consultas de los médicos especialistas y el 86,7 por ciento en los hospitales).
El barómetro ha incluido más de 7.800 encuestas realizadas entre febrero y octubre de 2012, cuando ya habían entrado en vigor gran parte de las medidas incluidas en la reforma sanitaria impulsada por el Gobierno, como la retirada de la tarjeta sanitaria a los inmigrantes irregulares, la desfinanciación de más de 400 fármacos o el nuevo sistema de copago farmacéutico.