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El centro de salud del barrio perderá 2.000 pacientes, según sus empleados

Lavapiés se resiste a limitar la sanidad gratuita

Lavapiés se resiste a limitar la sanidad gratuita

Por Lucía de la Fuente
jueves 30 de agosto de 2012, 00:00h
A partir del sábado, los centros de salud y hospitales tendrán menos pacientes con derecho a cobertura sanitaria gratuita. En el de Lavapiés calculan que perderán unos 2.000. Algunos trabajadores y pacientes del centro se resisten, "por principios", a cumplir con el real decreto 16/2012 que dejará sin sanidad, salvo excepciones, a inmigrantes indocumentados.
"A mis pacientes 'sin papeles' les estoy diciendo que sigan viniendo después del 1 de septiembre, que yo les voy a atender". Esta declaración de intenciones, realizada por una médica de atención primaria objetora de conciencia ante la norma que dejará sin cobertura sanitaria completa a los inmigrantes en situación irregular, es compartida por "la mayoría" de facultativos del centro de salud de Lavapiés. Y es que el barrio es conocido, entre otras cosas, por su multiculturalidad y su elevada —aunque indeterminada— presencia de extranjeros que no disponen de la documentación que les autoriza formalmente a residir en España. Solo en el ambulatorio del barrio sus trabajadores han calculado que "se perderán unas 2.000 tarjetas".

Pero, ¿cómo se apañarán los médicos para atender a los pacientes indocumentados sin citas ni recetas? La doctora explica que, de momento, están barajando opciones: "Yo le estoy diciendo a mis pacientes que traigan a consulta los medicamentos que les sobren de casa para ver de qué manera los podemos utilizar". Esta acción es, a todas luces, contraria a la ley estatal y a las instrucciones de la Consejería de Sanidad madrileña que establece que los 'sin papeles' que quieran tener una cobertura sanitaria completa deberán pagar una cuota mensual —dejando a un lado las  excepciones como urgencias, embarazos, menores, solicitantes de asilo o víctimas de trata—. Aun así, buena parte del personal sanitario parece dispuesto, "por principios", a llevarla a cabo.

Algunos pacientes del centro, que  comparten este sentimiento, aseguraron a este digital que colaborarán "con lo que sea necesario". "Una de las mejores cosas que tenía este país era la solidaridad sanitaria con los inmigrantes, y ahora la van a quitar, me parece muy injusto; todos tenemos que hacer algo", afirma una paciente venezolana. No todos, sin embargo, opinan lo mismo. "Se ha abusado mucho de los recursos, yo siempre que he viajado me he hecho un seguro privado", indica un español, vecino de Lavapiés "de toda la vida", mientras espera a ser atendido.

Un joven 'sin papeles' que pasea por la zona dice haber "decidido" no volver al médico. Tiene miedo y que no quiere arriesgarse a que le detengan: "paso de las medicinas". De todas formas, considera que "habrá problemas" y comenta que tiene un amigo con piedras en el riñón que está "muy jodido". Uno de los vigilantes de seguridad del centro señala que, cuando algún extranjero le pregunta, suele recomendarle acudir a Cruz Roja.

Casi 120.000 afectados en Madrid
En enero de 2012 había empadronados en Madrid 1.009.926 extranjeros. De los cuales, 890.236 cuentan con certificado de registro o tarjeta de residencia en vigor —esta cifra incluye a los comunitarios (395.635) y a los extracomunitarios (494.601)—, según las estadísticas de la Secretaría general de inmigración y emigración de 2011 del Ministerio de Empleo y Seguridad Social. Esto significa que, aunque los datos estén en constante variación y no haya un registro específico, que en la región habría 119.690 inmigrantes empadronados que no tienen la documentación en regla.

Concentración el 1 de septiembre
Lo cierto es que las críticas a la normativa no cesan. La plataforma 'Derecho a tener derechos' ha convocado para el 1 de septiembre una concentración a las 12.00 horas frente al hospital Gregorio Marañón (entrada de Doctor Esquerdo). La organización, que aglutina a asociaciones de inmigrantes de toda España y ONG como Economistas sin Fronteras o Médicos del Mundo, ha hecho un llamamiento que pedirá la derogación del real decreto. El portavoz de la plataforma, Iván Forero, denuncia que "con esta medida, la modificación de la cartera de servicios y la liberalización progresiva de medicamentos, la ministra Ana Mato encubre un proceso profundo de privatización del sistema público de salud".
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