Dentro de una serie de medidas recogidas en un "código de buenas prácticas" y reformas de carácter legal, el ministro adelantó que el Gobierno propondrá que al menos durante dos años estas familias puedan habitar en la vivienda antes de su desalojo.
En concreto, este periodo "prudencial" podría ser también prorrogable si las familias acuerdan con la entidad financiera una cuota de pago que sea considerada "justo".
Para considerar a estas familias dentro de lo que De Guindos definió como "umbral de exclusión", la dación en pago se permitiría si se condiciona a que se trate de la primera vivienda y a que las familias no cuenten con rentas y patrimonio adicionales. El titular de Economía advirtió de que habrá que actuar con "cautela" para evitar un acogimiento a esta cláusula de forma "abusiva y fraudulenta".
De Guindos aseguró que estas medidas legislativas se estudiarán con el Ministerio de Justicia, para después promover el código de buenas prácticas entre el sector bancario. Eso sí, aclaró que las entidades se podrán acoger a este código de forma "voluntaria".
En este sentido, el ministro también propuso reestructurar las deudas hipotecarias fijando el pago del capital que se adeuda de forma "proporcional" en el número de cuotas pagadas.
Intereses "abusivos"
Para el colectivo considerado por el Gobierno en el "umbral de exclusión", el ministró también propuso atenuar los intereses de demora, pues admitió que éstos son "abusivos" y existe margen legal para flexibilizarlos.
"El Gobierno es muy sensible a la situación que ha generado la percepción social del gran numero de ejecuciones hipotecarias", defendió De Guindos ante la acusación del diputado de la Izquierda Plural de que el Gobierno "permanece impasible".
No es la "solución mágica"
Pero el ministro avisó de que lejos de planteamientos "demagógicos", la dación en pago no es la "solución mágica", y puso el acento en que puede mermar la concesión de crédito y reducir el plazo de amortización y la cuantía de los préstamos hipotecarios. "Hay que enmarcarlo en familias incluidas en umbral de exclusión", enfatizó.
Coscubiela Conesa recordó que unas 150.000 familias han sido desahuciadas en los último cuatro años de su vivienda habitual, y subrayó que si el Gobierno ayuda a las familias en situación de impago impulsaría también al sector financiero. "El Gobierno sí es sensible a este tema", replicó De Guindos.
CECU cree que esta inciativa se queda corta
La Confederación de Consumidores y Usuarios de Madrid (Cecu Madrid) cree que la iniciativa para aplicar la dación en pago a colectivos sin ingresos "se queda corta, es meramente voluntarista y no soluciona el grave problema de los desahucios inmobiliarios".
Cecu Madrid ha señalado que en la Comunidad "cerca de 200.000 familias se han quedado ya sin prestaciones, y las cifras aumentan cada día, pero son muchas más las que confiesan que no llegan a fin de mes y que por ello están amenazadas de desahucio". Además, la Confederación ha indicado que en la región "sigue habiendo docenas de miles de viviendas vacías".
En cuanto a los desalojos inmobiliarios, Cecu ha planteado que las soluciones "deben ser de carácter legislativo, integrales, en el sentido de que se deben tener en cuenta todos los aspectos que afectan a la vivienda y estar presidido por el derecho a una vivienda digna reconocida en la constitución". La Confederación considera que con "gestos voluntaristas y dejando en manos de las entidades financieras la adopción de medidas más o menos bienintencionadas" se pueda solucionar un problema como este. Por último, ha pedido al Gobierno crear una comisión en el Congreso con la participación de todos los agentes implicados en el problema y "muy especialmente" los consumidores.
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