Huelga salvaje de los trabajadores de Metro

La huelga de Metro se barruntó desde el momento en el que la presidenta de la Comunidad de Madrid, Esperanza Aguirre, comunicó su intención de aplicar las empresas públicas -cosa que el Estado no había hecho, por ejemplo, con AENA o Cercanías- el mismo recorte que el Gobierno central obligaba a realizar por ley sobre los sueldos de todos los funcionarios públicos. Metro, una de las empresas con los sindicatos más fuertes, con mayor capacidad de movilización y repercusión en la vida pública, advirtió desde un primer momento que no aceptaría. Aguirre incluso admitiría después sin ambages que, efectivamente, la Comunidad quería romper los acuerdos y convenios laborales firmados con los trabajadores porque la parecía "injusto" que alguien que tiene "el trabajo asegurado" mantuviese el mismo sueldo cuando el resto de empleados de la administración, incluidos los políticos, se bajaban el sueldo.

El 17 de junio los sindicatos del ferrocarril suburbano convocaban a los trabajadores de la compañía a parar en principio, los días 28, 29 y 30 de junio. El problema llegó al fijar los servicios mínimos. La ley establece que la Administración (en este caso la Comunidad de Madrid) puede dictarlos pero negociándolos antes con los representantes de los trabajadores. No hubo acuerdo y el Ejecutivo fijó un 50%, legal según una sentencia esgrimida por la Comunidad e ilegal según otra posterior blandida por los sindicatos. La consecuencia: que ni Javier López secretario general de CCOO Madrid, ni José Ricardo Martínez, su homólogo en UGT, garantizaron que los mínimos se cumpliesen. En la lucha por ver quien torcía el brazo antes a su rival, los trabajadores de Metro se manifestaron frente a la Asamblea y en la Puerta del Sol junto a otros empleados de empresas públicas, pero la Comunidad no cedió a lo que consideraba un "chantaje".

Y llegó el día D. El 28 de junio los mínimos se cumplieron y los retrasos fueron moderaros. El martes 29, los mínimos no sólo no se cumplieron, sino que la situación saltó por los aires. A las 6.00 horas, momento de la apertura, Metro sólo podía decretar el cierre al no haber conductores para llevar los convoyes ni trabajadores suficientes para atender el resto de instalaciones. La Comunidad, que confiaba en que la sangre no llegase al río y en que se respetasen los mínimos, se encontró con el colapso del transporte de la región, millones de ciudadanos atrapados y, como admitiría después, sin plan de respuesta. Las reivindicaciones de los trabajadores se enfrentaban con el derecho de los usuarios.

Atasco circulatorio, carreteras llenas, los autobuses interurbanos y los de la Empresa Municipal de Transportes de Madrid absolutamente desbordados, colas de horas para lograr un plaza en ellos y la red de Cercanías -que, a pesar de todo, fue la mejor opción- atestada. El miércoles 30, pese a la mayor previsión, la situación se repitió al fallar por segundo día consecutivo los servicios mínimos. Los trabajadores de Metro llegaron incluso a abortar el intento de la Policía Nacional de sacar los trenes de las cocheras por la fuerza. La Comunidad, entre llamadas a la calma y denuncias de "huelga salvaje" y "secuestro", emplazó al Consorcio de Transportes a encontrar una solución, que se concretó en la preparación, de un plan para suplir las líneas de Metro a base de autobuses privados.

Las conversaciones entre la Consejería de Transportes y el comité de huelga no fructificaron hasta el mismo miércoles. En una tensa asamblea en las cocheras de Plaza de Castilla, muy parecida a las que vendrían después y que Madridiario les contó en directo vía Twitter, los líderes sindicales convencieron a los trabajadores para dar "un respiro" no a los políticos, sino a los ciudadanos. Se consiguió. La huelga iba a respetar los mínimos el viernes y el sábado, el servicio sería completo el sábado y el domingo (3 y 4 de julio fin de semana del Orgullo Gay).

Tres despidos y 658 expedientes
La negociación para acabar los paros comenzó. Los trabajadores, tras expulsar a los periodistas de la asamblea en las cocheras de Plaza de Castilla, decidieron no hacer huelga durante la semana del 5 al 11 de julio. El lunes siguiente, 12, los trabajadores votaban ir a la huelga con servicios mínimos el miércoles 14 y el viernes 16. Metro funcionó correctamente de nuevo aunque al 50%,. El domingo 18, los sindicatos se descolgaron aceptando la propuesta de la Comunidad de rebajarse únicamente un 1% las nóminas (no el 5% previsto que ya se aplicaba a los funcionarios). El lunes 19, el fin de la huelga era oficial con la ratificación del acuerdo por parte de los trabajadores.

Cerrado el conflicto, la Comunidad se puso manos a la obra para intentar cobrarse las consecuencias de la huelga, calculando que los sindicatos le debían 6,5 millones de euros. Los comerciantes de Metro reclamaban, a su vez, compensaciones por valor de 700.000 euros. Ya en noviembre, y mientras la Consejería de Transportes no dejaba de asegurar que se habían abierto 400 expedientes a trabajadores por incumplir los mínimos durante la huelga y que estos estaban en proceso de ejecución, Metro formalizaba una demanda para que los Juzgados de lo Social catalogasen la huelga como ilegal.

En diciembre, el consejero de Transportes anunciaba al pleno de la Asamblea de Madrid que Metro había propuesto 658 expedientes, 10 sanciones graves y tres despidos, los de los cabecillas sindicales que se considera instigaron al resto de los trabajadores a abandonar los servicios mínimos.