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Balcón de Génova
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Balcón de Génova (Foto: Chema Barroso)

De la dependencia de Vox al “rodillo” Popular: el año de la mayoría absoluta para Ayuso

Por Fernando Rodríguez
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frodriguezmadridiarioes/10/10/22
viernes 29 de diciembre de 2023, 07:31h
Actualizado: 02/01/2024 07:49h

Poco o nada tiene que ver el escenario político actual en la Comunidad de Madrid con el que había hace justo un año. En apenas doce meses, la presidenta autonómica, Isabel Díaz Ayuso, y el Partido Popular han pasado de depender por completo de Vox, su muleta en la aprobación de cualquier iniciativa en la Asamblea de Entrevías, a ostentar la mayoría absoluta, fruto del inmejorable resultado -47 por ciento de los votos y 70 diputados- cosechado en las urnas el pasado 28 de mayo. Para muestra, la comodidad en la aprobación de los Presupuestos 2024, una situación que contrasta con la imposibilidad para sacar adelante las Cuentas de 2023.

La única muesca en el “rodillo” azul se encuentra a escala nacional, donde, contra todo pronóstico, Pedro Sánchez logró finalmente revalidar su butaca en La Moncloa pese a no ser primera fuerza en los comicios -lo fue su antítesis, el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo-. Todo gracias a los apoyos labrados a izquierda, derecha e incluso con los partidos de carácter regionalista, nacionalista e independentista. El resultado no es otro que un enfrentamiento directo -y perenne- entre ambas Ejecutivas. Los motivos, muy variados. Desde aspectos de ámbito regional, como la situación de los Cercanías en la región, a nacional, como la Ley de Amnistía, e incluso internacional, como la reacción a la escalada de la tensión en el conflicto palestino-israelí.

Protestas sanitarias, una ‘Alumna Ilustre’ y “¡Qué te vote Txapote!”

Si por algo vino marcada la recta final del curso político en 2022 fue por las protestas en Atención Primaria. Aunque finalmente se lograría alcanzar un acuerdo entre sindicatos y Consejería de Sanidad, lo cierto es que el camino hasta la paz social no resultó en absoluto sencillo. En la memoria queda el encierro en la propia sede de la consejería para tratar de forzar una negociación enquistada desde el minuto uno. También, claro, los intentos de desalojo y las notas remitidas hacia el exterior para trasladar las reivindicaciones de los profesionales. Algo que desde el PP de Madrid -y, en concreto, el entonces portavoz en la Asamblea, Pedro Muñoz Abrines- no dudarían en tildar de exigencias propias de “atracadores de película”.

El conflicto terminó por saldarse, en cualquier caso, por la vía de la negociación. Los sanitarios conseguirían mejorar sus condiciones laborales con complementos salariales, además de la incorporación de más profesionales y la implantación del nuevo sistema de agendas, medidas encaminadas a reducir, en la medida de lo posible, la presión asistencial en los centros de salud. Fuera como fuese, se trata de un asunto que colea todavía hoy, con un fuerte descontento asentado entre médicos y pediatras y plataformas como Amyts denunciando una “situación crítica” en varios puntos de la geografía madrileña.

Superada la Navidad, enero trajo consigo una nueva polémica: el nombramiento de Díaz Ayuso como ‘Alumna Ilustre’ por la Facultad de Ciencias de la Comunicación de la Universidad Complutense de Madrid. El disgusto de buena parte del alumnado no hizo, ni mucho menos, recular a los órganos de decisión del centro, quienes se mantuvieron firmes en la decisión pese al revuelo mediático. El embrollo llega incluso a la actualidad, con una petición al Consejo de Transparencia para que el expediente de la máxima mandataria autonómica se haga público. Algo que, por el momento, no parece que vaya a ocurrir. Al menos, no en el corto plazo, y es que hace apenas una semana que el el Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) estimó finalmente la petición de medidas cautelares del Gobierno, suspendiendo así su publicación.

Nombramiento de Ayuso como 'Alumna Ilustre' (Foto: Chema Barroso)

Fue precisamente el malestar reflejado en la Complutense el origen -al menos en el ecosistema político madrileño- de una de las frases que han marcado la recta final de la pasada legislatura. Se trata del tantas veces repetido “¡Qué te vote Txapote!”, adoptado con gusto por la presidenta para cargar contra el Gobierno central a raíz de los escraches sufridos. Lejos de tratarse del episodio más tirante entre ambos niveles de la administración, lo cierto es que el conflicto no ha parado de escalar desde entonces. Hasta llegar al panorama actual, con una guerra abierta entre las ejecutivas autonómica y estatal.

Frente a la mayor mesura de Sánchez, Ayuso ha sabido moverse con desparpajo en un clima cuanto menos árido, logrando capitalizar el rechazo que el presidente genera entre buena parte de los votantes, tanto madrileños como de otros puntos del país, para consolidarse como uno de los grandes contrapesos -si no el mayor- a las políticas socialistas, tildadas hasta la saciedad de “comunistas”, “golpistas” o incluso “terroristas”. Un escenario altamente polarizado y que, por el momento, no apunta a tocar techo. Menos aún a tenor de los últimos desencuentros con el nuevo Ministro de Transportes, Óscar Puente, en relación a la supuesta “infradotación” del servicio de Cercanías y las incidencias diarias derivadas de esta.

Normas Trans, LGTBI y ‘Solo sí es sí’

El mes de marzo traería consigo la primera ventana abierta a la modificación de la Ley Trans regional, tras la proposición de derogación de la norma llevada al Pleno de Vallecas por Vox. Ayuso daría entonces luz verde a “abrir un debate” que terminó por zanjarse el pasado viernes con la aprobación del texto definitivo. Como cabía esperar, levantando una enorme indignación entre la oposición progresista, Más Madrid y PSOE-M que, en voz de sus líderes, Manuela Bergerot -en sustitución de la ahora ministra de Sanidad, Mónica García- y Juan Lobato, han avanzado ya su intención de explorar todas las vías posibles para tumbar la medida en los tribunales.

Una situación prácticamente idéntica a la vivida en relación a la norma contra la LGTBIfobia, vigente desde 2016 y que también terminaría siendo reformada -en pack junto a la norma Trans- en la última sesión plenaria del curso. Más allá de la esfera política, donde se ha denunciado en repetidas ocasiones el “manoseo institucional” que ejerce el Partido Popular para la aprobación de todo tipo de iniciativas a raíz de su mayoría absoluta, un importante número de asociaciones LGTBI han mostrado también su oposición en firme a lo que consideran un evidente “retroceso” en los derechos del colectivo.

Manuela Bergerot (Foto: Road Experience)

Apenas unos días más tarde, en paralelo las movilizaciones masivas por el 8M, Día Internacional de la Mujer Trabajadora, el Gobierno de la Comunidad abría una nueva línea de ataque contra el Ejecutivo de Sánchez. La sonada ley del ‘Solo Sí es Sí’, a juicio de los mandatarios madrileños, no sería en último término más que una norma encaminada a “lavar la cara del ejecutivo” mientras “cientos de violadores, pederastas y abusadores ven reducidas sus penas o, incluso, son excarcelados”.

Carrera electoral

Un año con elecciones no es un año común en política. Así, los compases previos al comienzo de la precampaña vendrían marcados por múltiples polémicas, como la aprobación de la nueva Ley de Protección de la Infancia, el cobro del Bono Social Térmico para familias vulnerables -entre las que figuran también las numerosas- por parte de Enrique Ossorio y Mónica García, o la renovación de la Ley de Patrimonio, que blinda de facto la gran cruz que preside el Valle de los Caídos, conocido oficialmente como Cuelgamuros a raíz de la entrada en vigor de la Ley de Memoria Histórica estatal.

También despertaron un importante revuelo la prórroga del contrato de alimentación en la residencia de mayores Francisco de Vitoria pese a las sonadas quejas por parte de familiares y trabajadores y, sobre todo, la escenificación de la ruptura entre Díaz Ayuso y Rocío Monasterio, líder de Vox, a raíz de su ‘no’ a las deducciones fiscales para inversores que lleguen desde el extranjero propuesta por el Partido Popular. Una norma que sería finalmente aprobada meses después, ya en solitario y con algún matiz, por el propio PP.

Abril supuso, pese a que el calendario oficial no lo dictaminase así, el pistoletazo de salida a la precampaña, con todas las fuerzas políticas exponiendo sin pudor su programa. El Partido Popular, con rebajas de impuestos. Más Madrid, ondeando la bandera de los servicios públicos. El PSOE-M, insistiendo en la trascendental importancia de la educación para el futuro de la región. Vox, distanciándose de Ayuso a través de la atención personalizada para “madrieños y españoles”. Y Unidas Podemos, formación que terminaría la carrera electoral sin representación en la Cámara, con la vivienda como máxima prioridad.

Ayuso y Monasterio (Foto: Chema Barroso)

Especialmente llamativo resulta, llegados a este punto, lo afilado del discurso Popular, enfrascado en su papel como única alternativa a las políticas de Pedro Sánchez, hasta alcanzar la cita con las urnas. No en vano se pudieron escuchar eslóganes como "ganas de ganar con ganas", “comunismo o libertad”, “del socialismo se sale”, “el 28M es Sánchez o España” o, más recientemente, el famoso “me gusta la fruta” - en realidad, “hijo de puta”-. En definitiva, una campaña enfocada con prisma nacional, sin apartar un segundo la vista de La Moncloa y que acabaría por dar sus frutos el 28 de mayo, con mayoría absoluta para el PP tanto en la Comunidad como en buena parte de los ayuntamientos de la región, incluyendo el de la capital. Madrid se teñía de azul para afrontar la segunda parte del curso.

Entre medias llegaría un Dos de Mayo que, como parecía lógico, se jugaba también en clave electoral, con las protestas de los vecinos de San Fernando de Henares afectados por la obras por la Línea 7B de Metro en primera plana. Es precisamente este uno de los conflictos sociales que con mayor mimo trataría el nuevo Ejecutivo madrileño desde su configuración, con un Jorge Rodrigo, nuevo consejero de Vivienda, Transportes e Infraestructuras, abierto en todo momento al diálogo pese a lo espinoso de la cuestión. El resto de protagonismo en el día de la Comunidad se lo llevaría un Félix Bolaños que terminaría por ser expulsado de la tribuna de autoridades, desde donde aspiraba a seguir el tradicional desfile cívico-militar pese a no haber recibido invitación para ello.

El resto de la primavera tampoco vendría exenta de polémicas en el apartado político. Especialmente en lo relativo al ámbito medioambiental, con los cada vez más numerosos episodios de calor en las aulas y las medidas para tratar de paliarlos, así como la sequía, y la tala en Madrid Río, condición necesaria las obras de ampliación de la Línea 11 del suburbano, como verdaderos protagonistas. Unas talas que darían finalmente comienzo, tras varias revisiones y múltiples movilizaciones vecinales, hace escasos días. Se trata, sin lugar a dudas, de otro conflicto enquistado.

Rédito y reproches a la absoluta

Apenas superada la resaca electoral, la bomba de convocatoria anticipada de comicios generales sorprendería a propio y extraños. Mientras Ayuso configuraba un nuevo gabinete desde cero, debía además sacar tiempo para arropar a su líder nacional, Alberto Núñez Feijóo, en campaña. Un reto nada sencillo y que, pese a los esfuerzos de la máxima mandataria regional, terminaría con batacazo Popular. No tanto en las urnas, donde el PP fue el partido más votado, sino más bien en los despachos, donde Feijóo no sería capaz de articular una mayoría suficiente. Algo que sí fue posible para un Pedro Sánchez mucho más acostumbrado a batirse en estos lodos. Ni más ni menos que un nuevo capítulo en su famoso manual de resistencia.

Feijóo durante el debate de investidura (Foto: Europa Press)

Mientras tanto, se sucedían los reproches por parte de una oposición liderada de nuevo por Más Madrid y cansada de mirar siempre hacia La Moncloa. “Ayuso dedica más tiempo a ETA y a EH Bildu que a profes y pediatras”, lanzaban con resignación los progresistas en los prolegómenos del debate de investidura que tuvo lugar en el mes de junio. En los últimos meses, ya como presidenta, Díaz Ayuso ha tenido que hacer frente a muchas otras críticas. Las más sonadas, las que apuntan a un especial celo en hacerse con el control de diversos entes públicos “por la puerta de otras”. El último de estos incendios, el relacionado con la aprobación, por la vía de urgencia, de la Ley de Simplificación y Eficacia de las Instituciones, una norma que modifica de un plumazo otros 15 textos, entre los que figuran los mecanismos reguladores de Radio Televisión Madrid -Telemadrid y Ondamadrid-, la Cámara de Cuentas o el Portal de Transparencia, entre otros. Es el bautizado como “rodillo” Popular.

El mes de septiembre abriría dos nuevos frentes para el Gobierno. Por un lado, la siempre compleja ‘vuelta al cole’, bañada en esta ocasión por las críticas de familias y sindicatos en relación al inicio de las clases sin todo el personal docente disponible. También en lo relativo al nuevo sistema de gestión de las becas comedor. Las complicaciones en el proceso de adjudicación y los retrasos derivados obligarían incluso al consejero del ramo, Emilio Viciana, a sufragar los costes para todos los solicitantes. Todo ello bañado con el nuevo plan educativo ideado por la presidenta y basado en la promoción del español y la eliminación de contenidos “ideológicos”.

Por otro, la DANA que arrasó buena parte de la región, causando importantes destrozos en municipios como Villamanta, Aldea del Fresno, o Villamantilla. Las lluvias torrenciales se cobrarían varias vidas, dejarían incomunicados a algunos pueblos y obligarían al Gobierno regional a aprobar partidas extraordinarias, por valor de 60 millones, para restablecer una normalidad que, a día de hoy, todavía se resiste.

Superado el impás parlamentario característico del estío en la Asamblea de Vallecas, volverían, con más fuerza si cabe, los plenos. Sin el aliciente que supone la búsqueda de alianzas para sacar adelante las iniciativas, los debates capitalizarían todo el protagonismo. Incluso cuando estos superaban los límites mismos de la región para abordar cuestiones tan variopintas como la Ley de Amnistía o la escalada de la tensión en el conflicto armado entre Israel y Palestina.

En paralelo, comenzaría también a hablarse de los Presupuestos para 2024. Sin necesidad de contar con otras fuerzas para su configuración, Ayuso ha podido hilar sus objetivos para el primer tramo de la legislatura con las Cuentas, dando como resultado una hoja de ruta clara, concisa y “realista” para cada una de sus áreas. Los Presupuestos “más sociales de la historia” serían finalmente aprobados incluyendo 20 enmiendas de la oposición, una pequeña concesión, si se atiende al total proyectado, 27.558 millones de euros, que ha sido tildada de “aguinaldo”.

Balance y porvenir

Como marca la tradición, Díaz Ayuso ha hecho balance de este 2023 antes de dar carpetazo al curso. La clave de su gestión, apunta, no es otra que la baja presión fiscal, reflejada en la batería de bonificaciones puestas en marcha en los últimos meses. Entre ellas destaca la deflactación, por segundo año consecutivo, del tramo autonómico del IRPF. También la recuperación del impuesto de Patrimonio con el objetivo de ingresar en las arcas regionales la recaudación correspondiente al impuesto de Solidaridad.

Ayuso hace balance del año (Foto: Comunidad de Madrid)

Como cabía esperar, la bautizada meses atrás como “legislatura de la vivienda” tampoco podía dejar de lado las medidas para el fomento del alquiler y la compra de un hogar, especialmente para la población más joven. Lejos de apostar por la regulación del mercado que trae consigo la Ley de Vivienda estatal -convencida de la necesidad de fijar topes al precio del alquiler-, desde la Puerta del Sol abogan por el incremento de la oferta pública. Para muestra de que “la vivienda será una prioridad en 2024” figura promesa de entregar más de 4.000 hogares a través del Plan VIVE.

A pesar de tratarse de uno de los principales focos de crítica a cargo de la oposición, la presidenta ha vuelto a apuntalar su argumentario mediante el "liderazgo" madrileño en el ámbito sanitario, con la Fundación Jiménez Díaz, la Paz y el Gregorio Marañón como "mejores hospitales del país”. Un reconocimiento que ha sido posible gracias a “los menores tiempos de espera para intervenciones quirúrgicas y proyectos paralelos como la puesta en marcha del centro de neurorehabilitación funcional, el centro de atención diurna para pacientes con ELA o el piloto para la detección de enfermedades raras a través de la Inteligencia Artificial.

En cuanto a la Atención Primaria, la presidenta pone el foco en la inauguración de cuatro nuevos centros de salud este mismo año: Las Tablas, en la capital, Parque Oeste, en Alcorcón, Navalcarnero 2 y Sevilla la Nueva. A estos últimos se les unirán próximamente tres más, los de Montecarmelo y Butarque en Madrid y Residencial Este en Parla. Además, en 2024 se licitará la construcción de otros 19.

Finalmente, en el apartado de grandes proyectos, destaca la recuperación de la Ciudad de la Justicia, fetiche de los sucesivos ejecutivos en la última década, o el incremento de la inversión en cultura y turismo. Prueba de ello son los 14 millones de visitantes con los que Madrid cierra el curso.

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