El expediente académico de Isabel Díaz Ayuso, continuará, al menos por el momento, bajo llave. Tal y como ha informado elDiario.es, el Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) ha estimado la petición de medidas cautelares del Gobierno de la Comunidad, suspendiendo así la ejecución de la orden del Consejo de Transparencia que obligaba a publicar los datos relativos al historial universitario de la presidenta autonómica. La paralización de la resolución permanecerá vigente hasta que se dicte sentencia, lo que podría dilatar el proceso durante varios meses.
La publicación del expediente había sido reclamada meses atrás al Portal de Transparencia por parte de una antigua estudiante de la propia Facultad de Ciencias de la Información de la Universidad Complutense de Madrid, centro en el que estudió la mandataria, tras su nombramiento como ‘alumna ilustre’. La petición fue denegada en primera instancia por el Ejecutivo, alegando que se trataba de una cuestión “privada”. No obstante, el Consejo de Transparencia terminaría por fallar a favor de la solicitante tras revisar el caso, instando a la Consejería de Presidencia, Justicia y Administración Local a reclamar el documento a la universidad.
La decisión del TSJM se produce en un contexto de gran tensión política a escala regional, y es que este mismo viernes en la Asamblea de Vallecas tendrá lugar la votación que ratificará de manera definitiva la aprobación de la Ley de Simplificación y mejora de la eficacia en las instituciones. De acuerdo con los grupos de la oposición, Más Madrid, PSOE-M y Vox, la norma, encaminada a modificar hasta 15 textos, entre los que se encuentra el Consejo de Transparencia, permitiría al Ejecutivo “controlar” este organismo y, por ende, supondría evitar la exposición pública del expediente de Díaz Ayuso. En concreto, la reforma establece que sea el propio Gobierno quien elija al presidente del órgano, por un periodo de cuatro años que serían, además, prorrogables. En la actualidad, el Consejo de Transparencia viene regulado por tres vocales que son elegidos en Pleno.
Las dudas legislativas que han ido surgiendo en torno al proceso de tramitación de la popularmente conocida como Ley Ómnibus, han motivado al Partido Socialista a llevar la pugna más allá de la Cámara y tratar de tumbar el texto por la vía judicial. Tras explorar todas las vías posibles, el secretario general de los socialistas madrileños, Juan Lobato, ha confirmado que los servicios jurídicos del partido ultiman ya dos recursos a presentar ante el Tribunal Constitucional y el Tribunal Superior de Justicia de Madrid. Asimismo, Lobato ha avanzado que "sería muy conveniente" solicitar la suspensión cautelar de la norma al considerar que "en caso de aplicarse, los cambios son difícilmente reversibles".
En paralelo, el portavoz Popular, Carlos Díaz-Pache, ha puesto de relevancia la "poca convicción" que atesoran, a su parecer, los recursos planteados por el PSOE-M: "Saben que la tramitación ha sido absolutamente escrupulosa con el reglamento de la Asamblea (...). Estoy seguro de que los tribunales nos van a dar la razón", ha argumentado.
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