Grietas, hundimientos y socavones “de gran profundidad”. Ese es el escenario descrito por la alcaldesa de Móstoles, Noelia Posse, el concejal de Mejora y Mantenimiento de los Espacios Públicos, David Muñoz, y los técnicos del Ayuntamiento que han inspeccionado el tramo final de la avenida Iker Casillas con el Polideportivo Andrés Torrejón. En concreto, se trata de los terrenos bajos los cuales iba a discurrir el trazado del proyecto fallido del tren a Navalcarnero, una obra que en la actualidad se encuentra en punto muerto. La preocupación es compartida tanto por el Consistorio mostoleño como por los vecinos del municipio, que temen convertirse ahora en “otro San Fernando de Henares”.
Aunque fuentes de la Consejería de Transportes e Infraestructuras de la Comunidad de Madrid han asegurado a Madridiario que las parcelas donde se han producido los desperfectos ya han sido “revisadas y valoradas” y que “no hay ningún riesgo ni para los vecinos ni para el municipio”, desde Móstoles mantienen la incertidumbre sobre el estado en que se encuentran los trabajos, tanto los que han sido desarrollados en superficie como en el subsuelo. Del mismo modo, lamentan haber conocido los resultados de la evaluación a través de los medios de comunicación: “nos habría gustado que nuestros técnicos pudiesen acompañar a los suyos, pero ni siquiera nos han notificado oficialmente que venían. Lo que le pedimos a la Comunidad es transparencia, que nos informe del proyecto, de los trabajos que se han realizado para el soterramiento, de cómo está la zona, de qué van a hacer ahora... Y no tener que enterarnos por la prensa”.
Tras invertirse más de 140 millones, la concesionaria paralizó las obras en el año 2010 dejando las obras y la maquinaria en el lugar. Los trabajos de soterramiento arrancarían en 2014. Y en junio de 2015, tras cinco años paradas, la empresa concesionaria presentó una reclamación administrativa ante la Comunidad solicitando la resolución del contrato por "imposibilidad de su ejecución debido a circunstancias sobrevenidas e imprevisibles" y reclamando 285 millones de euros de indemnización.
Desde entonces, concluyen desde el Ejecutivo local, “el terreno ha cedido en numerosos puntos”. Este hecho, agravado por la falta de información, les impide evaluar si las próximas canalizaciones y actuaciones municipales en distintas ubicaciones de la ciudad incluidas en el trayecto previsto podrían llegar a verse afectadas por esta cuestión. Por su parte, el Gobierno regional asegura haber encontrado ya la solución al problema mediante el relleno de los hundimientos con tierras.
La conexión Móstoles-Navalcarnero, a debate en la Asamblea
"Es una prioridad"
El proyecto de conexión ferroviaria entre las localidades de Móstoles y Navalcarnero ha sido nuevamente objeto de debate en la Comisión de Transportes e Infraestructuras celebrada la semana pasada en la Asamblea de Madrid. Ante una de las preguntas formuladas por Más Madrid, el director general de Infraestructuras de Trasporte Colectivo de la Comunidad, Miguel Núñez, ha descrito la puesta en marcha definitiva de este tren como “una prioridad de inversión”, algo que, afirma, ya ha sido notificado, tanto en sede parlamentaria como en distintas mesas técnicas, al Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana.
Acto seguido, Núñez ha recordado que el Gobierno central destinará próximamente hasta 1.500 millones de euros para actuaciones en diversos puntos de la red de Cercanías. Parte de esta inversión, a juicio del director general, debería traducirse en la prolongación de esta línea. Además, ha advertido de que, en el caso de que se materializase la liberalización del servicio y este pasase a manos de las comunidades autónomas en la próxima década, Madrid priorizaría la puesta en servicio de esta infraestructura.
El tren que nunca llega
Desde que Esperanza Aguirre se comprometiese a la puesta en marcha de la vía férrea entre Móstoles y Navalcarnero en el año 2005, el asunto ha traído consigo todo un reguero de reproches a nivel político, indemnizaciones millonarias e incluso la sombra de la sospecha en materia de corrupción.
El proyecto inicial, con un presupuesto de 362 millones y licitado en favor de CEMONASA, una filial de la multinacional OHLA, incluía la construcción de un trazado de 15 kilómetros, así como siete estaciones, cuatro de ellas soterradas, y un aparcamiento disuasorio en Móstoles. El objetivo de la cubrición no era otro que dotar a los trenes de mayor velocidad, hasta alcanzar los 140 kilómetros por hora, lo que permitiría reducir el tiempo invertido en los trayectos. Sin embargo, la tuneladora empleada, que tenía como misión perforar 3,8 kilómetros, se quedó a apenas 100 metros de la casilla de salida.
Cuando en 2010 se paralizaron las obras arrancó un litigio entre CEMONASA y la Comunidad que, tras más de una década, se ha resuelto, vía sentencia judicial, con el pago de una indemnización de 162,5 millones de euros a la empresa concesionaria fruto de la rescisión del contrato. El embrollo viene además aderezado por su vinculación al 'caso Lezo', durante el cual se investigaron las presuntas comisiones ilegales abonadas por una filial mexicana de la constructora OHLA a cambio de la adjudicación de la obra.
Los últimos avances datan de 2014, cuando se decidió enterrar la infraestructura construida hasta el momento. Desde entonces, y aunque hoy día se alude al proyecto como competencia del Gobierno central, los cruces de declaraciones entre la Comunidad y los ayuntamientos implicados, así como las promesas incumplidas, han sido la tónica habitual. El resultado, más de 200.000 habitantes de Móstoles, Navalcarnero y Arroyomolinos, así como de otras localidades del suroeste, que continúan sin conexión ferroviaria entre sí.
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