La Asamblea de Madrid votará este jueves en sesión plenaria la Ley Maestra de Educación, una norma impulsada por el Gobierno regional para evitar los efectos de la "Ley Celaá" en la región. Según el portavoz del Ejecutivo, Enrique Ossorio, la Ley nacional repercutirá de forma negativa en la calidad de la enseñanza porque busca eliminar la Educación Especial y merma algunos criterios relacionados con el premiar el esfuerzo de profesores y alumnos, lo que conllevaría a una bajada de la calidad educativa.
Para Ossorio, la norma nacional atenta contra algunos principios básicos como "la igualdad de oportunidades, la calidad de educación y libertad de elección", valores que el equipo de Gobierno de Isabel Díaz Ayuso pretende defender con la norma que mañana pretende aprobar. Sobre las críticas de algunos sindicatos como Comisiones Obreras, UGT o la FAPA Giner de los Ríos, el portavoz se ha mostrado sorprendido porque "están calladitos" en cuanto a los factores negativos que la Ley Celaá, a su juicio, implican. Ha explicado el portavoz que sobre la "bajada del currículo", debido a que "en vez de hablarse de los conocimientos se va a hablar de la construcción del sexo de los niños de cero a seis años", los sindicatos "que no pasan ni una no han abierto la boca".
Sindicatos rechazan la Ley Maestra
La Plataforma Regional por la Escuela Pública ha cargado este miércoles contra la "Ley Ayuso de privatización educativa", en referencia a la Ley Maestra de Libertad de Elección Educativa de la Comunidad de Madrid, que resumen como "otra vuelta de tuerca" en la mercantilización de la educación por parte del Gobierno de Isabel Díaz Ayuso.
Así lo han trasladado la presidenta de la Federación de Asociaciones de Padres y Madres del Alumnado (FAPA) Giner de los Ríos, Maria Carmen Morillas, y las responsables de Educación de los sindicatos CC.OO. y UGT, Isabel Galvín y Teresa Jusdado, durante un acto en la sede de CEAPA en el que se ha recalcado que esta ley que está previsto que se apruebe este jueves en la Asamblea de Madrid pretende continuar convirtiendo la educación "en un negocio privado" en todos los niveles, también el universitario, "sustrayendo a la ciudadanía madrileña de un servicio público, garantizado por la Constitución, al que tiene derecho".
Según han recalcado, busca "cercenar la libertad educativa, recortar la educación pública" y está pensada "para blindar la oferta privada y alejar transparencia y control" sobre la gestión. "Esta norma nace para blindar el sistema concertado, el sistema privado", ha denunciado la responsable de CC.OO., que ha explicado que se hará "cercenando, limitando la oferta pública, tanto en construcción como ampliación como programación --a través de la cesión de suelo público a entidades privadas, ha concretado-- y con conciertos blindados durante diez años --antes se revisaban año a año-- "pase lo que pase" y que habrá que pagar "aunque las aulas estén vacías".
Hacen bien Ayuso y sus entusiastas conmilitones en aprobar eso que llaman la Ley Maestra de la Educación y que garantiza "la igualdad de oportunidades, la calidad de educación y libertad de elección" para todos. Porque Ayuso lo tiene claro: ¿acaso los niños del barrio de Salamanca o el de la Moraleja, por decir unos sitios, no tienen derecho a elegir un centro educativo de calidad? ¿Es que los izquierdosos se creen que la libertad de educación es solo para los barrios acomodados, como los de Carabanchel, Usera o Tetuán, por decir otros sitios, que además nunca se acaban de conformar con los abundantes y variados subsidios que ya reciben gracias a la buena disposición de la Comunidad que me honro en presidir?