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Ambulancias del SUMMA 112
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Ambulancias del SUMMA 112 (Foto: Comunidad de Madrid)

Ambulancias que no llegan: “Me gasto 400 euros en taxi al mes”

Por Alejandro Navas
jueves 11 de agosto de 2022, 07:42h

El transporte sanitario no urgente en la Comunidad de Madrid es un servicio público pero externalizado que sirve para llevar y traer a pacientes desde sus domicilios hasta los centros sanitarios. Desde hace más de 20 años se encargan de esta labor una serie de empresas privadas, especializadas en el transporte de pacientes. Son tres las compañías que tienen contratos firmados con el Servicio Madrileño de Salud: Santa Sofía, Vitalia y Sasu-María Pita. A falta de información oficial por parte de la Consejería de Sanidad, datos aportados por trabajadores de algunas de estas empresas y por pacientes que usan estas ambulancias indican que la media de retrasos es de unas cinco horas, de forma aproximada. Esto provoca que en muchos casos los usuarios opten por un taxi ya que no se pueden permitir faltar a su cita en el centro sanitario.

Laura García se rompió la cadera a principios de este año. Después de la operación, le programaron sesiones de rehabilitación durante los siguientes nueve meses. La terapia comenzó en marzo, en el Hospital General Universitario Gregorio Marañón. Ella tiene tres citas a la semana: lunes, miércoles y viernes. Cuenta que entre marzo y mayo las ambulancias que la recogían lo hacían siempre tarde, entre una y tres horas después del momento correcto. Sin embargo, a partir de junio el servicio empeoró al punto de que no aparecían. “Llega la hora de tu rehabilitación y no han venido. Tienes que buscar otros medios o no vas”, explica García.

"Llega la hora de tu rehabilitación y no han venido"

En junio y en julio me he gastado unos 300 o 400 euros cada mes. En lo que llevamos de agosto me he gastado unos 200 euros”, detalla. Según esta paciente, las demoras graves comenzaron en junio y la tendencia durante este verano ha sido a peor. Asegura García que en muchas ocasiones ni siquiera ha llegado la ambulancia a su casa. De hecho, esto es lo que le está ocurriendo durante este mes de agosto, cuando ningún vehículo la ha recogido ni la ha llevado a sus sesiones en el hospital : “No sé cuánto me acabaré gastando porque si nadie viene a por mí, no sé a cuánto ascenderá la cifra a final de mes”.

Esta paciente ha presentado más de 20 quejas formales por la baja calidad del servicio, a través de la plataforma correspondiente y dependiente del SUMMA 112 y de la Consejería de Sanidad. Hasta ahora, ninguna de estas quejas ha servido para algo. “Cuando llamo me dicen que está pendiente, que la van a reclamar y ya está. Cuando pido hablar con algún coordinador o responsable me dicen que no están autorizados. Pongo reclamaciones todos los días y tampoco sirven de nada, o eso parece”.

Hospital 12 de Octubre

Más de 12 horas de espera

Juan García es un nombre que representa a una persona real y que también ha tenido una mala experiencia con este servicio de transporte sanitario no urgente. García es una persona mayor con diferentes problemas de salud: cardíacos, mentales y óseos. Debido a un accidente en el entorno familiar, tuvo una caída que provocó la rotura de su cadera. Fue atendido en el Hospital General Universitario Gregorio Marañón, en donde le operaron y pasó ingresado varías semanas. Un jueves le avisaron a él y a su familia de que al día siguiente le iban a dar el alta y que una ambulancia le iba a trasladar hasta su casa. Les dijeron que la hora de llegada de la ambulancia sería en algún momento entre las 15.00 y las 22.00 horas.

Al día siguiente, a las 14.00 horas recibieron un SMS confirmando que el vehículo iba a llegar dentro de ese tramo horario. Cuenta una de sus hijas, presente durante todo ese día, que las horas fueron pasando y que a partir de unas cuantas horas las enfermeras comenzaron a reclamar la ambulancia sin éxito. Cuando el reloj marcó las 10 de la noche, la familia comenzó a preocuparse y a buscar alternativas. Valoraron trasladarle en silla de ruedas en un Eurotaxi, que permite al paciente trasladarse sin abandonar la silla de ruedas pero sin embargo, la opción no era viable ya que el estado de salud de García no permitía traslados sentado. Era obligatorio que fuera tumbado, en una camilla.

"Desde las 3 de la tarde hasta las 4 de la mañana"

A las tres de la madrugada, la mujer del paciente volvió a preguntar a las enfermeras por la ambulancia, sin éxito. “Las enfermeras nos explicaron que las esperas son habituales y en casos puntuales, exageradas, sobre todo los lunes y los viernes ”, cuenta. Además, surgió otro problema ya que las mismas enfermeras les explicaron que a partir de las 06.00 comenzaban las recogidas de pacientes de diálisis, por lo que Garcia tendría que esperar a que el médico de planta firmase una nueva alta con una nueva fecha y se tramitase una nueva petición de ambulancia. Ante la situación, la esposa de García decidió poner una reclamación. Eran las cuatro de la mañana cuando llegó el vehículo que le llevó a casa, después de 13 horas de espera.

La escasez de personal genera los retrasos

La flota de ambulancias para el transporte sanitario no urgente en la Comunidad de Madrid está compuesta por unos 400 vehículos, de forma aproximada. Hay dos tipos de transportes: A1 (individual) y A2 (colectivo). En las colectivas, es obligatorio que acompañe al conductor un técnico auxiliar, también llamados camilleros. El servicio está dividido en cuatro lotes, que se corresponden con cuatro grandes zonas de la región con el objeto de cubrir todo el territorio. En la actualidad, son tres las empresas que tienen firmados contratos con la Consejería de Sanidad para llevar a cabo este servicio. Santa Sofía, que gestiona los lotes uno y tres; Vitalia, que gestiona el lote dos; y Sasu-María Pita, que gestiona el lote cuatro.

Según Juan Carlos Lozano, delegado de personal de UGT en Santa Sofía y conductor de ambulancia, la empresa debería tener disponibles unos 200 vehículos y una plantilla de unos 400 trabajadores, tal y como figura en el contrato. “No tiene ni la mitad de las ambulancias que debería tener y, ¿quién lo paga? El usuario”, critica Lozano, que asegura que existe un déficit muy importante de personal, razón por la que Santa Sofía no puede tener operativas ni el 50 por ciento de los vehículos que exige el contrato. Sostiene que la calidad del servicio no tiene que ver con el verano, ni con incidencias puntuales, ni con la pandemia: “Cuando hay tormenta les viene muy bien como excusa pero la realidad es la falta de personal y los vehículos que tendrían que salir y no salen.

"Falta personal y lo paga el paciente"

Otros problemas que denuncia este conductor son la falta de camilleros y la superación del aforo legal permitido. Asegura que en Santa Sofía el número de estos técnicos es muy inferior al estipulado en los pliegos y que en la mayoría de los traslados que realiza en las ambulancias colectivas los hace sin camilleros. En cuanto a la ocupación, en estos vehículos la ocupación máxima es de cinco pacientes sentados y otro en silla de ruedas, camilla aparte, que debe ir vacía. Explica Lozano que esta empresa incumple también en este punto: “Están incumpliendo una ley sanitaria al hacer los traslados por encima de la capacidad legal. En las individuales metes a gente en la camilla y sentada. Hay gente que mete hasta a pacientes delante para cargarlos como si fueran paquetes de Amazon. En las colectivas ocurre igual”. Las consecuencias, asegura, tienen forma de taxi que acaban costeando los pacientes.

El órgano encargado de velar por el cumplimiento de los pliegos por parte de las empresas adjudicatarias es el SUMMA 112. Según Lozano, en multitud de ocasiones los sindicatos han intentado trasladar estos presuntos incumplimientos aunque sin demasiado éxito ya que, la respuesta que suelen obtener desde el SUMMA 112 es que se trabaja para solventar cualquier problema.

Hospital del Sermas

Incumplimiento generalizado

Manuel Hernández es otro nombre que representa a una persona real que prefiere mantener el anonimato por miedo a represalias de su empresa. Dice que son habituales los despidos cada vez que un trabajador denuncia problemas. En este caso, Hernández trabaja como conductor en Sasu-María Pita, compañía que gestiona el lote cuatro del servicio de transporte sanitario no urgente. Según este conductor, que alude al contrato público, la flota de esta empresa debería tener 95 vehículos operativos en determinadas horas del día, las de mayor actividad.

Nunca hemos llegado a esa cifra, estamos en 65. Debería tener 39 ambulancias tipo A2 y 56 tipo A1. La realidad es que no tiene ninguna individual, las han convertido todas en colectivas, por lo que incumplen la normativa al llevar más pacientes de los que debería llevar. Eso lo hacen todas las empresas y con el consentimiento de la Comunidad de Madrid”, explica este trabajador.

Expone Hernández que desde el año 2015 el servicio ha experimentado una gran bajada de calidad, debido a la escasez de personal. Según su experiencia diaria, el tiempo medio de espera sufre las consecuencias de estos problemas: “El otro día un paciente que tenía diálisis llegó dos horas y media tarde, algo que puede poner en peligro su vida. He tenido muchos pacientes que no han llegado a terapia. Por ejemplo, en el servicio que he hecho hoy sólo los primeros pacientes han llegado a tiempo a su cita en el hospital, el resto, tarde”.

La postura de la Consejería

Existe un documento oficial de la Comunidad de Madrid que estipula las condiciones que deben cumplir las empresas adjudicatarias de los contratos. Se trata del pliego de condiciones técnicas, un texto legal de 52 páginas que establece todas las obligaciones y condiciones del servicio. Además del número de trabajadores y de vehículos que deben estar operativos, entre sus apartados figuran las dinámicas de organización y los tiempos de espera que no pueden superarse.

Según el apartado 6.2.1, “la llegada del paciente al centro sanitario se producirá con una antelación no superior a 40 minutos ni inferior a 10 minutos sobre la hora de la cita indicada en la orden de transporte”; según el apartado siguiente, el 6.2.2, para los traslados desde el centro sanitario hasta el domicilio, “la recogida del paciente se producirá en un tiempo máximo de 45 minutos desde la hora de regreso indicada en la orden de transporte”; según el apartado siguiente, el 6.2.3, sobre las altas hospitalarias, “la recogida del paciente se producirá en un tiempo máximo de 90 minutos desde la comunicación al adjudicatario de la orden de transporte”.

Las cifras aportadas por los intervinientes en este reportaje no son las oficiales. A pesar de los intentos de este diario por obtener los datos oficiales provenientes de la Consejería de Sanidad, no ha sido posible. En cambio, a preguntas sobre las posibles incidencias, el Gobierno regional ha contestado que “el SUMMA 112 mantiene una monitorización activa y continua del servicio de Transporte Sanitario Programado y se realizan las actuaciones oportunas ante las posibles desviaciones que pudieran ser detectadas”.

En cuanto a los posibles incumplimientos de los contratos y la posible falta de vigilancia por parte de la Administración regional, fuentes del área han precisado que “la Consejería de Sanidad vela al máximo por el buen cumplimiento de las condiciones de los contratos de ambulancias, chequeando las incidencias que se producen, que se sancionan, si así procede.”

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